Si algo ha demostrado la Administración Trump es que sufre de omisión selectiva.

Bien sea sobre cambio climático, corrección política o inmigración, la Casa Blanca hará siempre lo que le apetezca, sin importar las advertencias de quienes saben más en la materia.

Según reportó el Washington Post, la Administración Trump ha activado mecanismos de expulsión contra 300.000 inmigrantes residentes y trabajadores en Estados Unidos, la mayoría de Centroamérica y Haití “ignorando a altos diplomáticos estadounidenses quienes advirtieron que las deportaciones masivas podría desestabilizar la región y detonar un resurgir de inmigración ilegal”.

“Las advertencias fueron transmitidas a altos funcionarios del Departamento de Estado el año pasado a través de cables de embajada”, continúa el Post. “Sus descubrimientos fueron recientemente referidos a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno”, y se encuentran actualmente en el centro de una investigación llevada a cabo por demócratas en el Senado.

El medio tuvo acceso a los documentos y explica que revelan “la fuerte oposición de diplomáticos de carrera a la cancelación de la residencia temporal de los residentes”, haciendo referencia al Estatus Temporal de Protección (TPS) del que gozaban ciudadanos salvadoreños, hondureños y nepaleses hasta hace algunos meses.

“El entonces Secretario de Estado, Rex Tillerson, desestimó los consejos y se sumó a otros funcionarios de la administración para presionar a los líderes en el Departamento de Seguridad Nacional para que le quitaran la protección a los inmigrantes”.

57.000 hondureños, 195.000 salvadoreños y 46.000 haitianos han sido desprovistos de la protección y se les ha otorgado un plazo de gracia de 18 meses para poner su estatus en orden o enfrentar la deportación.

Estos inmigrantes son padres de 273.000 niños nacidos en el país, y corren el riesgo de verse separados de ellos.

Miembros demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado han estado evaluando el proceder del Departamento de Estado y, tras tener acceso a los cables, han determinado “la extensión de la omisión llevada a cabo por Tillerson y otros funcionarios de Trump al socavar a los expertos regionales del Departamento de Estado para avanzar en los objetivos migratorios de la Casa Blanca”, continúa el reportaje.

En una declaración al medio, el Senador Robert Menendez (N.J.) explicó que espera que el sucesor de Tillerson, Mike Pompeo, revise la posibilidad de que las decisiones de la administración sean reversibles.

“Sería lamentablemente irresponsable que el Congreso haga oídos sordos a estos descubrimientos”, sentenció.