Alrededor de 2.500 nicaragüenses con residencia provisional, deberán abandonar Estados Unidos en un lapso no mayor a los 14 meses, según explicó la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, a través de un comunicado.

“La decisión de poner fin al TPS para Nicaragua se tomó después de una revisión de las condiciones en las cuales la designación original del país en 1999 se basaba”, reza el comunicado, “y si esas condiciones temporales pero sustanciosas evitaban que Nicaragua manejara de manera adecuada el retorno de sus nacionales, tal como lo requiere el estatuto”.

Asimismo, y como continúa la comunicación del Departamento, el gobierno de Nicaragua no ha requerido la extensión del actual TPS y, de acuerdo a la información y a las “recomendaciones recibidas por un proceso de consulta dentro de la agencia”, la Secretaria Duke determinó que las causas temporarias referidas a Nicaragua por el paso del huracán Mitch (1998), ya no son vigentes.

De acuerdo al anuncio del día lunes, los nicaragüenses tendrán entonces hasta el 5 de enero del 2019 para dejar el territorio estadounidense o cambiar su estatus de residencia. De la misma manera, la Secretaria Duke se abstuvo de tomar una decisión con respecto a otros ciudadanos con el mismo tipo de protección, como los hondureños o haitianos, cuyo destino quedará en manos de su sucesor al puesto.

Según algunos funcionarios de la administración, y como lo reporta el Washington Post, Duke está consciente del delicado hecho de que tanto los hondureños como los nicaragüenses bajo el TPS “han vivido en Estados Unidos por más de dos décadas, y le urgió al Congreso promulgar una solución permanente para un programa que se planteó como temporal”.

Pero durante la semana pasada, el Secretario de Estado Rex Tillerson envió un comunicado a Duke en el cual autorizaba al Departamento a “levantar las protecciones” para centroamericanos y haitianos, asegurándole que “los inmigrantes no autorizados de esos países ya no contaban con una exención de deportación”.

Ante el anuncio, la bancada demócrata no tardó en manifestarse: la presidenta del Congressional Hispanic Caucus, Michelle Lujan Grisham, condenó las acciones de la Administración de “irresponsables” y aseguró que “separarán familias y volcarán las vidas de estos individuos trabajadores”. “Deportar familias que están contribuyendo a la construcción económica y social de nuestra nación no es liderazgo, es un imprudente y cruel abuso de poder”, sentenció.

Por su parte, la Líder de la Minoría en la Cámara, Nancy Pelosi, calificó la decisión como “un asalto cobarde a miles de familias en comunidades a nivel nacional” en lo que llamó un “prejuicio sin sentido”.

En respuesta a las acusaciones, la administración Trump, a través de sus funcionarios, aseguró estar al tanto de que los beneficiarios del TPS “provienen de países afligidos con pobreza, corrupción y crímenes, pero esos problemas deberán ser enfrentados de otra manera, y regresar a los migrantes puede ayudar a fomentar el desarrollo en sus países de origen”.

Si bien aún se desconocen los procedimientos que se llevarán a cabo una vez el lapso se cumpla, es posible que coincida con el mecanismo anunciado por el otrora secretario del Departamento de Seguridad Nacional John F. Kelly cuando se le renovó el TPS a los ciudadanos haitianos por seis meses durante el mes de mayo. En aquél entonces Kelly aseguró que el lapso de seis meses era para que “los haitianos beneficiarios del TPS y residentes en Estados Unidos tuvieran tiempo de poner sus papeles en orden y arreglaran su salida del país”.

A pesar de que el Departamento posee las direcciones, números de teléfono y datos de los beneficiarios, un alto funcionario del gobierno dijo al Washington Post el día lunes que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración no compartirán de manera automática la información personal con las fuerzas de inmigración, y que no serán prioridad de arresto y deportación.