(Barcelona) Y se terminaron las oportunidades para dialogar. El gobierno español ha anunciado este jueves que aplicará el artículo 155 de la Constitución española – una ley que hasta hoy no ha sido nunca aplicada – para suspender la autonomía de Catalunya y “reestablecer la legalidad” en la comunidad autónoma tras el intento de secesión del gobierno de la Generalitat.

La decisión de aplicar el artículo 155 llega tras finalizar el plazo otorgado por Madrid al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que aclarase si había realizado o no una declaración unilateral de independencia (DUI) la semana pasada.

El pasado 10 de octubre, diez días después de la celebración de un polémico referéndum por la independencia – que el gobierno español considera ilegal - ,el presidente Puigdemont declaró frente a los diputados del Parlamento catalán que “el pueblo catalán se había ganado el derecho a ser un Estado independiente en forma de República” pero que suspendía la declaración de independencia para buscar el diálogo con el gobierno español a través de un mediador.

El gobierno español desde entonces ha denegado toda opción de dialogar con Puigdemont, tildando al gobierno catalán de “chantajista” y dio al presidente un ultimátum de cinco días para que aclarase si había declarado o no la independencia. El lunes pasado, Puigdemont esquivó dar una respuesta concreta y escribió una carta a Rajoy, en la que le pedía  sentarse a negociar en los próximos dos meses.

Rajoy no dio por válida la respuesta y dijo que esperaría hasta el jueves. Sin embargo, este jueves, Puigdemont se ha mantenido en la misma línea, respondiendo que “el parlamento catalán votaría una DUI en el caso de que el gobierno español aplicase el artículo 155”.  El miércoles, en un último intento para llegar a esta drástica medida, el gobierno español insistió para que Puigdemont convocase elecciones regionales. Al no hacerlo él mismo,  las elecciones regionales se convocarían una vez aplicado el artículo 155, cuando la autonomía quede suspendida.  Sería una medida enfocada a retirar del poder a las fuerzas separatistas que gobiernan en Catalunya, que a los ojos del gobierno español han estado actuando al margen de la ley. 

El portavoz del gobierno español no ha dudado en culpar al gobierno catalán de la situación actual, que ha disparado la divisón social entre los catalanes y amenaza con poner en peligro la economía. 

En la última semana, más de 500 empresas e instituciones financieras catalanas han movido su sede fuera de Catalunya para calmar a los inversores y asegurarse a la liquidez del Banco Central Europeo. El sector turístico también ha salido perjudicado, con una caída del 20% en las reservas hoteleras en Catalunya para los próximos meses.

Y en Barcelona, capital de Catalunya, las manifestaciones multitudinarias se han convertido en las protagonistas de las calles. La última fue el pasado martes por la tarde, cuando unas 200.000 personas según la Guardia Urbana, tomaron el centro de Barcelona para protestar por el encarcelamiento de los líderes de las dos principales organizaciones ciudadanas en favor del independentismo, ANC y Omnium. Los dos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, fueron acusados por la Fiscalía por delitos de sedición (un delito exagerado, coinciden los analistas políticos) por haber convocado una manifestación multitudinaria frente a la Consejería de Economía de la Generalitat, en Barcelona, mientras la guardia civil llevaba a cabo una orden de registro ordenada por el gobierno central, impidiendo que los agentes pudieran salir del edificio. Los hechos ocurrieron el 20 de setiembre, diez días antes del polémico referéndum. El objetivo de los registros y detenciones ordenados por Madrid dentro del gobierno catalán, así como el desembarco de centenares de policías nacionales y agentes de la guardia civil, tenían un objetivo concreto: detener a toda costa la celebración del referéndum de autodeterminación , que la Corte Suprema considera inconstitucional.   

La encarcelación de los dos Jordis ha empujado a diversas organizaciones cívicas a clasificarles de "presos políticos" en la España del siglo XXI. Amnistía Internacional ha dicho en un comunicado que los cargos de sedición contra Sánchez y Cuixart son excesivos y se debe suspender la prisión provisional.

El gobierno catalán lleva cinco años exigiendo la convocatoria de un referéndum de autodeterminación similar al que tuvo Escocia, pero el gobierno central se empeña en que un plebiscito de este tipo no está permitido en el marco de la Constitución española. Ante la imposibilidad de un referéndum “legal”,  el gobierno catalán, liderado por una coalición de partidos independentistas desde 2015, decidió emprender la cruzada por su cuenta  y consiguió que el Parlamento regional aprobase dos leyes polémicas: la llamada Ley del referéndum, que aprobaba la  convocatoria del referéndum del 1 de octubre y la Ley de Transitoriedad, que dictaba que el parlamento debía declarar la independencia 48 horas después de anunciarse los resultados del referéndum.

El referéndum consiguió llevarse a cabo en unas  condiciones irregulares, con constantes ataques cibernéticos al sistema de votos por parte de Madrid, y patrullas de la policía nacional española haciendo uso de la violencia para impedir el voto en diversos colegios electorales (más de 800 personas resultaron heridas bajo los porrazos de la policía nacional, según el gobierno catalán).    

A pesar de las irregularidades con las que se llevó a cabo el referéndum (incluyendo la confiscación de papeletas), el presidente Puigdemont insiste en que el resultado es legítimo para poder realizar una DUI que partiría la sociedad en dos. En el referéndum participó un 42% de la población catalana -unos 2,2 millones de individuos – y el “Sí” ganó en el 90%.