México se enfrenta a Estados Unidos por las armas. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado una demanda contra 11 empresas armamentísticas estadounidenses por “prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal a México”. 

La demanda se ha presentado ante la corte federal de Boston y su objetivo es frenar el flujo de armamento ilegal desde Estados Unidos a México. 7 de cada 10 armas que entran en el país vienen del otro lado de la frontera. Un total que según las estimaciones oficiales alcanza las 200.000 armas de fuego cada año. 

Además, el Gobierno mexicano afirma que la venta ilegal de armas de Estados Unidos fue la responsable de al menos 17.000 asesinatos en 2019. En el documento en el que el Ministerio de Exteriores explica la demanda, dice: “Las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de la población civil y las autoridades de México”.

La acción legal se ha llevado a cabo un año después de que el crimen organizado intentara asesinar al jefe de policía de Ciudad de México con 34 armas largas, cinco fusiles Barret 50 y un lanzagranadas. Todo el armamento es ilegal en México. Además, el intento se produjo a poco más de 3 kilómetros de la casa donde reside el embajador de Estados Unidos en el país. 

El Gobierno mexicano espera obtener una indeminización por daños equivaliente al 2% del PIB del país. No se estima solo la violencia causada por el tráfico ilegal de armas, sino también la pérdida de los recursos públicos que México emplea en la lucha contra los grupos criminales. Además, también hay pérdidas millonarias en otras industrias como el turismo. 

El proceso será largo, como admiten los propios demandantes. Primero, el Gobierno mexicano debe demostrar su derecho a demandar a los fabricantes de armas. Es decir, el Estado tiene que hacer comprender a la Corte que es un afectado directo del tráfico ilegal de armas. 

En esta lucha cuentan con un gran aliado. La Administración de Joe Biden decidió a principios de 2021 revisar la ley de inmunidad que protege los intereses de las empresas armamentísticas. Su objetivo es impulsar una nueva ley que ayude a restringir la exacerbada presencia de armas en el propio territorio estadounidense.