Tras los intentos del presidente Donald Trump de acuñar el término “Obamagate” a la investigación en la injerencia rusa sobre los comicios 2016, su Fiscal General, William P. Barr, ha debido saltar al ruedo y desmentir delicadamente a su jefe.

En una rueda de prensa el pasado lunes, Barr fue vehemente en aclarar que no prevé introducir cargos contra el ex presidente Barack Obama o contra su ex vicepresidente, y ahora candidato presidencial, Joe Biden, por el manejo de su administración en la injerencia rusa durante los comicios 2016.

"Mientras sea fiscal general, el sistema de justicia penal no se utilizará con fines políticos partidistas", dijo el Fiscal General, asegurando que, si bien algunos aspectos están siendo revisados, no involucraban al ex presidente.

“Nuestra preocupación por la potencial criminalidad se centra en otros,” agregó.

Desde que Barr diera por clausurada la investigación Mueller sobre los nexos del equipo que rodeaba a Donald Trump durante su campaña presidencial y la inteligencia rusa, es cada vez más difícil absolverle de partidismo político.

“Mientras que el Sr. Barr no estaba dispuesto a alimentar la especulación de que el Departamento de Justicia se centraría en el Sr. Obama y el Sr. Biden, él mismo ha hecho quizás más que cualquier otro funcionario de la administración Trump para socavar la credibilidad general de la investigación de Rusia,” explicó el New York Times.

“La forma en que el Fiscal General ha manejado la investigación sobre Rusia ha sido objeto de críticas desde que hizo hincapié por primera vez en sus conclusiones el año pasado de una manera que era más favorable para el Sr. Trump que lo que habían encontrado los investigadores,” agregó el medio.

De igual manera, Barr ha intervenido en la absolución de personas clave para la investigación rusa, como el ex asesor de seguridad nacional del presidente, Michael Flynn, a pesar de que éste se declaró culpable dos veces ante el FBI.

El Fiscal General también ha recomendado sentencias más leves para otros aliados del presidente como Roger J. Stone Jr., quien fue condenado por obstrucción a la justicia.

Aunado a ello, y según reportó el Washington Post, el Fiscal General ha decidido instalar a Michael R. Sherwin como Subprocurador General Asociado en su oficina en Washington, lo que ha aumentado las críticas de una fiscalía “aún más politizada”.

Sherwin fue el encargado de defender al Club Mar-a-Lago del presidente el pasado mes de febrero en el caso de un supuesto intruso chino.

Las acciones de Barr en los casos que el abogado especial Robert S. Mueller III ha encargado a Rusia que investigue y "llene" los puestos de supervisión superior con asociados cercanos "socava seriamente la reputación de independencia de la influencia política que tiene desde hace mucho tiempo la oficina del fiscal de Estados Unidos en D.C.", dijo al Post Charles R. Work, ex fiscal de la oficina, designado políticamente por el Departamento de Justicia Republicano y presidente del Colegio de Abogados de D.C.

"Esto representa una politización de la oficina del fiscal del Distrito de Columbia que es notable y única y sin precedentes", dijo Stuart M. Gerson, republicano y ex ayudante del Colegio de Abogados, que se desempeñó como fiscal general interino brevemente bajo los presidentes George H.W. Bush y Bill Clinton. "Es un golpe político; realmente no puede haber ninguna duda al respecto".

Es por ello que más de 1.900 antiguos y actuales funcionarios del Departamento de Justicia reiteraron su llamamiento para que Barr renuncie por haber “asaltado una vez más el estado de derecho.”

Habiendo reunido más de 2.600 firmas en febrero, cuando Barr solicitó que la sentencia de Stone fuera reducida, quienes firman bajo el nombre “DOJ Alumni” dicen seguir creyendo que “sería mejor para la integridad del Departamento de Justicia y para nuestra democracia que el Fiscal General Barr se haga a un lado.”