La campaña anti-inmigrantes de Estados Unidos no tiene piedad.

En horas de la tarde del pasado 31 de octubre, la Oficina de Reubicación de Refugiados detuvo a Rosa María Hernández, una niña de 10 años con parálisis cerebral que había ingresado de manera ilegal en Estados Unidos con tan sólo meses de edad, en búsqueda de un tratamiento que mejorara sus condiciones de vida.

El 24 de octubre, Rosa María viajó al Driscoll Children’s Hospital (a 150 millas de Laredo, Texas, donde vive con sus padres y hermanos) en compañía de su prima de 24 años, Aurora Cantu, quien es ciudadana estadounidense, según informó la American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés).

Alrededor de las 2 de la tarde, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras detuvo su vehículo de transporte médico en una alcabala en Freer, Texas. Al aproximarse los agentes al vehículo y pedir la documentación de todos los que iban en el vehículo, Aurora explicó que iban de camino al hospital pues Rosa María necesitaba una operación. Mostró a los agentes la documentación médica y explicó que la niña de 10 años no poseía papeles de identificación.

El vehículo fue obligado a orillarse y tras media hora de espera, los agentes aseguraron que las pasajeras podían seguir al hospital pero que serían escoltadas y que una vez la cirugía acabara “la niña” sería “procesada” para deportación.

Los agentes siguieron a la niña en todo su proceso dentro de la institución y una vez salió de recuperación, fue arrestada.

Heartbreaking video shows border agents taking an undocumented girl with disabilities from the hospital pic.twitter.com/jGQzYFWKLd

— NowThis (@nowthisnews) 27 de octubre de 2017

Según continúa el reporte de ACLU, Rosa María fue trasladada bajo custodia a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) e ingresada como “niña sin acompañante” en un centro en San Antonio, negándose a liberarla a pesar de la indignación y los ruegos de su familia y de activistas, quienes aseguran que necesita cuidados médicos específicos e instalaciones que el centro de detención puede no tener.

Esta detención no sólo viola la constitución de Los Estados Unidos, sino que también estaría violando los derechos humanos de la joven. Es por ello que la ACLU ha encabezado una demanda en contra del gobierno de Donald Trump argumentando que:

1. La patrulla fronteriza no poseía ninguna autoridad para poner a Rosa María bajo custodia en la Oficina de Reubicación de Refugiados
2. El arresto fue sin orden de detención
3. Fue un acto de discriminación basado en discapacidad
4. La ORR estaría violando las protecciones federales de un menor de edad
5. Tanto Rosa María como su familia tienen derecho a un proceso legal justo, que la ORR estaría negando.

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