A más de 40 años de la penalización del consumo de cannabis, el debate en torno a los efectos contra la salud, el impacto económico y la regularización de la Marihuana está cada vez más inclinado hacia su legalización.

Según un artículo publicado por el New York Times, y si bien “casi tres cuartos” de los estados en el país han introducido algún tipo de despenalización, “el costo social de las leyes de marihuana son enormes”.

Tan sólo en el 2012, y según cifras publicadas por el FBI, “hubo 658.000 arrestos por posesión de marihuana, en comparación con 256.000 por cocaína, heroína y sus derivados. Peor aún, el resultado es racista, cayendo desproporcionadamente en hombres negros jóvenes, arruinando sus vías y creando nuevas generaciones de delincuentes profesionales”.

Sin embargo, el debate se mantiene en los márgenes de la autonomía legislativa de cada estado. Oklahoma, por ejemplo, aprobó el consumo de la marihuana medicinal el pasado 26 de junio, “transformándose en el trigésimo estado en hacerlo”, según explica el Washington Post.

La historia de la marihuana en la cultura estadounidense data del siglo XVII y la producción de cáñamo en las colonias de Jamestown, pasando por su transformación en producto fundamental para la estabilidad económica de Los Estados Unidos en materia de textiles y materiales de construcción.

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX que William O’Shaughnessy introdujo el uso de la cannabis medicinal en Occidente.

Con la regulación de los fármacos y la consecuente adulteración de los productos de la cannabis con narcóticos su condición pasó a ser la de “veneno” dentro de la cultura estadounidense.

A partir de entonces se pueden rastrear una serie de legislaciones restrictivas que iniciaron en Nueva York a principios del siglo XX, en un intento por controlar su consumo y con la aprobación de la Pure food and Drug Act en 1906.

La criminalización de su uso se diseminó por todo el país durante los siguientes 5 años bajo el argumento de “drogas formadoras de hábito”, luchando contra lo que se observaba como una “adicción”.

En 1925, Estados Unidos se sumó a la causa internacional de la regulación del hachís proveniente de la India, pero permitiendo el uso del cáñamo para productos textiles.

Desde 1930, entonces, el gobierno federal dedicó esfuerzos para la regulación de las “drogas recreativas”, creando el Buró Federal de Narcóticos, firmando acuerdos internacionales contra el tráfico e introduciendo un impuesto sobre la marihuana, haciendo ilegal su uso o distribución en todo el territorio nacional.

A partir de los años 70, el gobierno institucionalizó la labor de prevención y control del consumo de cualquier derivado de la cannabis, e incluyó medidas también contra el consumo de heroína, LSD y el peyote.

Durante el gobierno del presidente Richard Nixon, todas las agencias creadas a partir del Buró de Narcóticos se fusionaron en una sola oficina que es conocida desde entonces como la Drug Enforcement Administration (DEA), encargada de perseguir, procesar y penalizar el uso, la posesión y/o el tráfico de cualquier sustancia considerada como “adictiva” o peligrosa para la salud.

Durante los años 90, y gracias a los descubrimientos de tratamientos efectivos contra algunas enfermedades, el estado de California introdujo la llamada Propuesta 215 para la legalización de la cannabis medicinal, un ejemplo que fue seguido por varios estados.

A pesar de la documentación científica, la Cámara de Representantes se opuso a su legalización durante los siguientes años instando a la persecución y procesamiento de quienes cultivaran y distribuyeran marihuana medicinal, incluso si el tráfico no se hacía fuera de los límites del estado.

Si bien el gobierno federal se ha opuesto rotundamente a la legalización del consumo de cannabis – incluso si se trata de dosis controladas contra enfermedades como el glaucoma – existen casos que datan de los años 70 en los cuales el gobierno no pudo evitar la creación de grupos como el Compassionate Investigational New Drug program en 1978.

La autonomía estatal permitió que cada estado aprobara legislaciones de regulación o permisividad de acuerdo a sus intereses, siendo Nuevo México el primer estado en aprobar algún tipo de propuesta que permitiera el uso de la marihuana medicinal.

Pero los obstáculos burocráticos no han permitido una despenalización y regulación a nivel nacional de productos derivados de la cannabis para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson o el cáncer.

Durante los años 80, gobiernos locales como el de Pennsylvania y California insistieron en la reclasificación de la marihuana, basándose en estudios que determinaban los verdaderos alcances del consumo.

En 1973, Oregon intentó descriminalizar el producto, reduciendo las penalidades por posesión, y fue seguido por Alaska, Maine, Colorado, California y Ohio.

Sin embargo, el bipartidismo político permitió la reinstauración de penalidades y el debate se mantuvo en pie hasta principios de siglo XXI.

A partir del 2001 varios estados iniciaron una segunda oleada de descriminalización, empezando por Nevada, Massachusetts, Connecticut y Missouri.

Diez años después, Colorado y Washington se transformaron en los primeros estados en legalizar el uso recreativo de la cannabis, instaurando medidas de control similares a las del alcohol (ser mayor de 21 años, control de conducción bajo los efectos) y permitiendo el cultivo personal.

Entre los años 2013 y 2014 seis estados más legalizaron su uso, incluyendo reservas de indios americanos.

Algunos especialistas sugieren que el fenómeno de la despenalización y legalización de la marihuana es producto de la “difusión de políticas”, donde territorios colindantes adoptan medidas similares por efecto de reproducción.

Después de que Canadá legalizara la marihuana a nivel nacional el 19 de junio, muchos anticipan un cambio más amplio en las políticas nacionales estadounidenses.

Según el Washington Post, los primeros cambios podrían verse en las posturas del gobierno federal, en especial en un momento donde el apoyo de la comunidad y los votantes es clave, y donde “seis de cada diez estadounidenses apoya la legalización nacional de la marihuana”, según determinó un estudio del Pew Research Center publicado a principios de este año.

Asuntos como la crisis de los opiáceos, el tráfico y el aumento de las comunidades en riesgo podría reformular la narrativa en torno al consumo de marihuana a nivel nacional, sumándose así a la radical transformación que está viviendo el país.