La decisión hecha pública el día de ayer por el Fiscal General Jeff Sessions sentenciaba la anulación de la protección a más de 800.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando niños, y que han estado indocumentados desde entonces.

El programa conocido como DACA, protegía a todos los jóvenes de la deportación y les otorgaba un permiso de trabajo temporal, licencia de conducir y un número de seguridad social, siempre y cuando no tuvieran récord criminal.

Fue implementado hace cinco años por el gobierno del ex presidente Barack Obama, y desde entonces, cientos de jóvenes - de los cuales un 76% son de nacionalidad mexicana - han postulado y han hecho su vida en Estados Unidos.

Para los más críticos, DACA suponía “una amnistía para los inmigrantes indocumentados (…) que obtienen empleos que podrían ser aprovechados por estadounidenses o inmigrantes con estatus legal”, según explica la BBC.

Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió la más dura de las posturas contra la inmigración, asegurando que “terminaría inmediatamente” con DACA, de ser elegido presidente, haciendo eco del descontento conservador ante el programa.

Pero durante sus primeros años en la oficina, el magnate reconoció que era una decisión “muy, muy difícil”, pues implicaba desamparar a jóvenes que fueron traídos al país por sus padres de manera “ilegal” y que nunca cursaron el proceso de ciudadanía, algo considerado como violación directa a la ley.

Uno de los hombres más cercanos al presidente, el Fiscal General Jeff Sessions, tomó la batuta de la remisión de DACA, asegurando que era “un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo” que habría contribuido con el aumento del ingreso de menores de edad. Según Sessions, “la nación debe establecer un límite de cuántos inmigrantes admitimos cada año. No podemos admitir a todo aquél que quiera venir, es así de simple”.

¿Pero qué sucede cuando para estos jóvenes su hogar y su patria es Estados Unidos?

El presidente pareciera estar consciente de esto y ha declarado no ser “partidario de castigar a niños, la mayoría de los cuales son ahora adultos, por las acciones de sus padres”. Sin embargo, Trump defendió la decisión de su gobierno al asegurar que “debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes”.

“No puede haber un camino hacia la reforma inmigratoria básica si el Ejecutivo puede volver a redactar o anular leyes federales cuando quiera”, aseguró el presidente, y es por ello que ha otorgado seis meses al Congreso para conseguir una solución legal para todos los jóvenes cuyas vidas, a partir de ahora, quedarán en un delicado vacío migratorio.