La LatinoJustice PRLDEF, conocida anteriormente como Puerto Rican Legal Defense and Education Fund, ha decidido introducir una demanda contra la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por la ausencia de una autorización judicial en la detención prolongada de los individuos y por la colaboración voluntaria entre los agentes policiales locales y la Oficina, que frecuente derivan en detenciones de ciudadanos indocumentados sin presentar una orden formal.

El caso ha sido introducido bajo el nombre Joaquín Orellana Castaneda v. U.S. Department of Homeland Security, et al, siguiendo la situación de Orellana, un ciudadano inmigrante que ha vivido en Estados Unidos durante 12 años, y que fue detenido en el condado de Suffolk, Long Island, por una infracción de tráfico.

Tras pagar los 1000 dólares de fianza, el Sheriff del condado se negó a poner a Orellana en libertad, manteniéndole bajo custodia por una solicitud de detención introducida por el ICE. Pero ni la detención administrativa ni la orden habían sido firmadas por un juez o acompañadas de una orden judicial, según reportó The National Institute for Latino Policy.

“El clima político actual frente a los asuntos migratorios ha creado un ambiente donde situaciones como las del Sr. Orellana se están llevando a cabo con demasiada frecuencia”, dijo Juan Cartagena, presidente y asesor jurídico de la LatinoJustice PRLDEF.

Según explica el reportaje, la dependencia del ICE en órdenes administrativas internas requiere la cooperación con agencias policiales locales, que deben detener a los individuos por 48 horas sin ningún tipo de autorización judicial, lo que violaría la Cuarta Enmienda.

Existen antecedentes al caso durante los últimos cinco años en los que algunas decisiones de la corte federal han conseguido culpables a las fuerzas policiales locales de detener a ciudadanos basándose en órdenes de detención administrativas del ICE.

Esta organización civil ha decidido ponerle un alto a las detenciones de la Oficina, que frecuentemente obvian los procesos legales como la determinación judicial de una causa probable a la hora de mantener a alguien tras las rejas.

“La batalla legal ya está en camino y nuestro equipo se mantendrá en las cortes para asegurarse de que los derechos constitucionales de todos sean respetados”, aseguró LatinoJustice.

El caso de Orellana contra el Departamento de Seguridad Nacional puede leerse en detalle aquí.