Aunque no se ha confirmado, muchos sospechan que el presidente Obama anunciará un decreto ejecutivo a las 20:00 horas, para ofrecerle a entre 4 y 5 millones de inmigrantes indocumentados la oportunidad de solicitar ser documentados. Y aunque existe la posibilidad de celebrar, la modificación legal no ofrecerá protecciones amplias, afirmaron los abogados y defensores de inmigración. 

El anuncio de Obama significaría alivio y la posibilidad de solicitar la situación legal para los padres de familia y familias indocumentadas de ciudadanos estadounidenses y aquellos inmigrantes que cumplen con la mayoría de los requisitos de la Ley DREAM (conocidos como DREAMers) de cualquier edad pero no necesariamente los padres de los beneficiarios del memorándum de Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA por sus siglas en inglés). Esas medidas podrían entrar en vigor tan temprano como el año entrante. Cuando la situación legal es otorgada, es temporal. Aquellas personas a quienes recientemente se les otorgue la situación legal no podría recibir subsidios o beneficios de salud federales como Medicaid.

Kica Matos,  Directora de Derechos de los inmigrantes y Justicia Racial en el Center for Community Change (Centro para cambios comunitarios) en Washington D.C., dijo que la posibilidad de estar lograr estar legalmente documentados y obtener la autorización de trabajo para proteger contra la deportación, fundamentalmente cambiará vidas.

“Podrás trabajar. Podrán involucrarse en su comunidad y convertirse en miembros que contribuyen a esta comunidad sin temer constantemente ser deportados”, dijo matos. “Significará que millones de personas podrán salir de entre las sombras”. 

Pero los 4 o 5 millones que cumplen los requisitos aún deberán navegar por el proceso de solicitud. David Bennion, abogado de inmigración con sede en Filadelfia, dijo que eso podría ser difícil.

“Existe motivo para alegrarse por las personas que necesitan algún tipo de protección, pero muchos quedarán fuera”, dijo Bennion.  

Bennion dijo que el programa probablemente requerirá de documentación física, especialmente si exige que los inmigrantes evidencien que han vivido en EE.UU. durante cinco años o más, como se espera.

“Es difícil comprobar que uno tiene un registro escrito cuando se es indocumentado –es una contradicción”, dijo Bennion. “Pero eso es lo que exige el gobierno”.

Wendy Hess, abogada en el bufete de inmigración de Filadelfia, Goldblum & Hess, dijo que ella lleva años recomendándoles a sus clientes que guarden documentación.    

“Tener a la mano evidencia de la presencia física continua, presentar su declaración de impuestos, obtener números de identificación de contribuyente individual (ITIN por sus siglas en inglés), obtener su partida de nacimiento, obtener su certificado de matrimonio, obtener su certificado de divorcio, contar con pasaporte válido. Porque en el pasado siempre se ha necesitado de identificación y pruebas de presencia física”, dijo Hess. “Eso es crucial”.  

Hess dijo que le preocupaba que los notarios, o los profesionales de derecho no autorizados, lanzaran grandes campañas en cuanto se publique el anuncio para ofrecer servicios legales. Para evitar el fraude, siempre verifique con el Colegio de Abogados de los EE. UU. para asegurarse que un representante ejerza su profesión legalmente”, dijo Hess.

A fin de cuentas, Bennion dijo que esperaba que de los aproximadamente 5 millones elegibles, tan solo la mitad lograrían completar el proceso de forma exitosa. Eso sucedió con el DACA, dijo. De 1.2 millones elegibles, solo a 600,000 están en situación legal bajo el programa debido a los desafíos, inclusive el de no poder pagar las cuotas de 500.00 dólares, encontrar o costear la representación legal u obtener la documentación requerida. 

Eso significa que el papel de defensa del Center for Community Change aún tiene un largo camino que recorrer, dijo Matos.

“No sabemos cuál será la cuota, pero continuaremos abogando de manera que cuantas personas posibles puedan obtener la asistencia que necesitan y que no sean excluidos porque no pueden costearlo”, dijo matos.

El centro también se encuentra listo y preparado para cambiar de defensor a educador, dijo Matos y tiene planes de crear un sitio web de recursos y talleres en todo el país mediante la red del Fair Immigration Reform Movement para asegurar que las personas estén informadas sobre quienes se verán afectados, cómo obtener la documentación correcta y navegar el proceso, y cómo auto-representarse, especialmente frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés). 

Los defensores esperan que la medida ejecutiva incluya un cambio en cuanto a alejar a las autoridades de la ley de los inmigrantes indocumentados que intentan vivir su vida tranquilamente. Sin embargo, los años de deportaciones agresivas –2 millones desde que Obama tomó posesión de su cargo—han creado temor y desconfianza en las comunidades de inmigrantes, algo que no cambiará repentinamente, sin importar las políticas que incluya la medida ejecutiva.  

 “Aún si la base del argumento a favor del programa es la discreción en materia de procesamiento –que serán selectivos en cuanto a quiénes deportarán—pero no dicen que dejarán de deportar a las personas o siquiera ir más despacio”, dijo Bennion. “Si dicen que 4 o 5 millones de personas estarán cubiertas, y tomamos un aproximado de la mitad de esa cifra como las personas que realmente estarán protegidas, eso aún deja a 8 o 9 millones de personas sin documentos entre quienes el gobierno puede realizar esas 400,000 deportaciones al año para llenar sus cuotas”. 

Allí es donde entran la defensa y la educación, dijo Matos.

“¿Existe escepticismo en las comunidades en cuanto a que el ICE no cumplirá con cuales sean los protocolos de aplicación de la ley que existan? Sí”, dijo matos. “Pero como defensores, es nuestra responsabilidad asegurar que las personas en nuestras comunidades conozcan los hechos”. 

“Creo que tenemos que ocuparnos de educar a nuestras comunidades de manera que podamos continuar asegurándonos que las personas puedan abogar por ellas mismas y puedan defender a sus comunidades con toda la ferocidad que puedan”, dijo Matos. “La razón por la que estamos donde estamos es por la ferocidad de un movimientos que sencillamente no se daba por vencido”.