Cataluña, la región del noreste de España cuya capital es Barcelona, mantuvo ayer en vilo a medio mundo. Centenares de periodistas y televisiones internacionales se concentraron el martes por la tarde en el Parlamento catalán, donde a las seis de la tarde estaba prevista la comparecencia del presidente de la Generalitat (el gobierno catalán), Carles Puigdemont, para anunciar la posible "declaración unilateral de independencia de la región en base a los resultados del polémico referéndum separatista.

Después de una hora de retraso – asociada a discusiones internas dentro de la coalición separatista que gobierna la Generalitat–que generó aún más tensión, Puidgemont compareció ante un Parlamento abarrotado para dar primero un discurso sobre la relación de Catalunya y España durante los últimos quince años (una situación de injusticia económica y política que, según los separatistas, justifica el deseo de secesión  y la convocatoria de un referéndum legal sobre independencia, que Madrid se niega a ceder) y terminar diciendo que con los resultados del referéndum -que Madrid considera ilegal -  obtenido el pasado 1 de octubre, Catalunya se había ganado el derecho a ser un estado independiente.

Como presidente, voy a asumir el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república," dijo Puigdemont, dejando durante unos segundos que media población catalana se llevara las manos a la cabeza. Sin embargo, justo después propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia durante unas semanas" para abrir la puerta al diálogo.

“Los catalanes no somos delincuentes, ni unos locos, ni unos golpistas: somos gente normal que simplemente quiere votar,” dijo, dirigiéndose al gobierno español, liderado por el conservador Mariano Rajoy, del Partido Popular.

Durante los últimos seis años, el gobierno central de Madrid ha hecho oídos sordos a la petición del gobierno catalán de convocar un referéndum por la independencia en el marco legal. La negativa de Madrid se acabó convirtiendo en una máquina de crear independentistas, una masa de población que los partidos nacionalistas han sabido capitalizar. En 2015, los dos principales partidos separatistas, PdeCat (de centro derecha) y ERC (de izquierda) se aliaron para poder ganar las elecciones  al parlamento catalán y demostrar así a Madrid que la mayoría de Catalunya quería la independencia. No obstante, la coalición (“Junts pel Sí”) no logró la mayoría absoluta y para poder gobernar tuvo que aliarse con la izquierda anti-sistema (CUP). La CUP ha sido la principal razón por la que en los últimos dos años el gobierno catalán acelerara el “proceso independentista” a una velocidad temeraria, que amenaza con llevar al país al abismo social y económico.

A finales de verano, el gobierno catalán separatista logró que el Parlamento catalán aprobase dos leyes “express”: la ley del referéndum del 1 de octubre y la ley de “transitoriedad”- que daba al presidente catalán 48 horas para declarar la independencia en caso de que el “sí” ganase por mayoría simple en el plebiscito).

Tanto la ley del referéndum como la ley de transitoriedad fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia española. Desde entonces, el gobierno español ha intentado por todos los medios detener el referéndum, que acabó realizándose en medio de una polémica carga policial. Las imágenes de la policía española aporreando a votantes que acudieron a proteger las escuelas electorales de ser precintadas se convirtieron en portada de la prensa internacional, ofreciendo una imagen muy prejudicial para la democracia española.

A pesar de los problemas y la falta de rigor que se produjeron durante el referéndum del 1 de oct– la policía llegó a confiscar papeletas y el sistema electrónico fue víctima de varios ciberataques por parte del gobierno español - , el Presidente de Catalunya afirma que los resultados son válidos y legítimos. Según cifras del gobierno catalán, el referéndum contó con la participación del 42% de la población (unos 2,2 millones de habitantes) y el “sí” ganó con el 90%.

No obstante, Puigdemont admitió en su discurso que la población que votó “no” debe ser también invitada al diálogo, y que entiende que la población esté preocupada ante la fuga de empresas que se ha producido desde que se especula con la posibilidad de una declaración de independencia de Catalunya.

La decisión de suspender temporalmente la DUI, por lo tanto, es una invitación al diálogo y a la negociación con Madrid, a la busca de mediadores para encontrar una solución al conflicto que no ponga en peligro la situación socio-económica del país, y con ella, la de Europa. Horas antes del inicio del discurso, Puigdemont recibió el mensaje del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en el que le pedía que no hiciera una DUI, por el bien de Catalunya, España y Europa.

Francia, como buena parte de países de la Comunidad Europea, ya ha confirmado al presidente español su apoyo a la unidad de España y que no reconocerán una Catalunya independiente.

Se espera que hoy el gobierno Rajoy exprese las medidas que va a tomar ante la DUI suspendida de Catalunya. Hasta hoy, Rajoy se ha negado a dialogar con el gobierno catalán, acusándolo de estar fuera de la ley y de ser un chantajista.  La opción que más se baraja en Madrid es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría la abolición de todos los derechos autonómicos de Catalunya y la consiguiente convocatoria de elecciones regionales.

De mientras, en las inmediaciones del Parlamento, decenas de independentistas que se habían reunido frente a una pantalla gigante para celebrar la declaración de independencia de Catalunya, se marcharon a casa cabizbajos, dejando atrás un rastro de latas de cerveza vacías.