ESPERANZA ESCRIBANO, Barcelona

Empieza en Madrid el proceso a 12 políticos catalanes y líderes del movimiento independentista por delitos de malversación de fondos, rebelión y desobediencia. O lo que es lo mismo, por organizar una consulta secesionista el 1 de octubre de 2017 y posterioremente, el 27 de octubre, declarar la independencia de Cataluña del Estado español. El juicio se celebra en un momento de enorme tensión política con el gobierno socialista a punto de adelantar elecciones. Los acusados cuestionan la imparcialidad de los magistrados del Tribunal Supremo mientras la extrema derecha, parte de la denuncia, no deja de crecer en los sondeos.

El expresidente de la Generalitat y quien declaró la independencia Carles Puigdemont, no forma parte del juicio por haberse fugado a Bélgica dos días después de la declaración. Desde su casa en Waterloo ha insistido en que se trata de un juicio político y para él, la prueba es que “la única acusación particular es la de un partido de ultraderecha”. 

Los atestados policiales, base para las acusaciones, hablan de desobediencia, malversación y rebelión. Este últimos es, sin duda, el más grave y polémico de todos. Según la acusación, el derecho a votar no se puede ejercer porque un grupo de ciudadanos lo desee, sino cumpliendo con el ordenamiento jurídico.

Con ese punto de partida, el Tribunal considera que los procesados “incitaron” a los independentistas a ir a votar en un referéndum ilegal que había anulado el Tribunal Constitucional. Y además, lo hicieron a sabiendas del que el Estado haría lo posible para impedirlo “garantizando la aplicación de la ley”. Es decir, movilizando a casi 10.000 policías que protagonizaron escenas de violencia el 1 de octubre de 2017 que han dado la vuelta al mundo.

Los rebeldes insistieron pese a las advertencias de la policía catalana, del gobierno español y otras instituciones. Los escasos momentos de violencia que se vivieron en un registro de la Guardia Civil días antes del referéndum en la sede de Economía del gobierno catalán, cuando los manifestantes destrozaron dos coches de la policía, se entiende que los causaron los independentistas por romper las leyes. Los acusa de oponerse “físicamente” a “la ley y al resto de la ciudadanía”.

Como la negociación entre los gobiernos de Cataluña y España se antojaba imposible, la Fiscalía acusa al primero de planear la movilización popular para obligar al Estado “a claudicar y aceptar aquella declaración y el mismo hecho de la independencia”. Aunque el delito de rebelión ha supuesto siempre un pronunciamiento militar o un levantamiento con armas, gran parte de la sociedad y los expertos jurídicos consideran exagerado que se acuse así a los políticos independentistas. Sin embargo, la Fiscalía recurre a un artículo del código penal en el que se dicta que puede existir rebelión con violencia sinel empleo de las armas. 

En definitiva, el Estado considera que una autoridad legítima como el gobierno de Cataluña, elegido democráticamente, decidió derogar la Constitución y constituirse como un poder político absolutamente autónomo.

Ese único momento de violencia del que hablan las acusaciones se produjo el 20 de septiembre de 2017 cuando miles de manifestantes se agolparon frente a uno de los lugares donde las fuerzas de seguridad buscaban incautarse de urnas y material electoral. Los líderes de los movimientos independentistas convocaron a sus seguidores para impedir que se cumplieran las decisiones judiciales. Pero los líderes se defienden con que sólo llamaron a una manifestación de protesta.

Del delito de desobediencia se acusa a varios diputados catalanes, entre ellos, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por someter a decisión de la cámara la aprobación de las leyes que permitían la “desconexión” de España. Según la Fiscalía, “puso la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido en el referéndum y de la proclamación de la república”.

El abogado del Estado opina también que la institución política reflejó un “claro desprecio al acatamiento de las decisiones de la autoridad judicial”. El Tribunal Constitucional declaró nulas esas leyes de desconexión, pero según la Fiscalía los acusados han desatendido sus dictados “de manera contumaz y sistemática durante los últimos años”. Todo este desacato culminó en la declaración unilateral de independencia que los políticos catalanes califican de “simbólica”. Pero la acusación lo niega, porque las instituciones catalanas tenían preparada una serue de normas que desarrollarían en la futura república.

La organización del referéndum ilegal lleva al Estado a acusar al gobierno catalán de malversación de fondos públicos. Según el abogado del Estado se burló el control de las cuentas y se crearon webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos por valor de 900.906 euros (más de un millón de dólares). Para la consulta se usaron 2.259 locales públicos como colegios electorales y se gastaron 110.263 euros (algo más de 120.000 dólares) en publicidad institucional. También se malversó en el registro de residentes en el extranjero, en suministro de papeletas, cartelería o observadores internacionales. El total asciende a casi 3 millones de dólares.

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat. Está acusado de rebelión y malversación. El juez instructor le acusa de haber seguido adelante con la celebración del referéndum a pesar de haber participado en una reunión en la que la policía catalana advirtió de que podían producirse “incidentes violentos”. La Fiscalía pide para él 25 años de cárcel. Está en prisión preventiva.

Carme Forcadell, expresidenta del Paralamento de Cataluña. El juez instructor le atribuye el delito de rebelión por ser parte “medular” del proceso de independica. Se la acusa de someter a votación la legislación que permitiría la desconexión del Estado. También de recibir a los observadores internacionales y, en resumen, poner el Parlamento al servicio del resultado del referéndum. Por ello, la Fiscalía pide 17 años de cárcel.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes del movimiento independentista. Fueron los primeros en pisar la cárcel, acusados de sedición y rebelión. El auto les acusa de participar en el cerco a la comitiva judicial que buscaba las urnas días antes del referéndum y que acabó con dos coches de la Guardia Civil destrozados. La Fiscalía solicita 17 años de cárcel.

Jordi Turull, exportavoz del gobierno catalán. También podría ir a la cárcel por rebelión y malversación. La causa le atribuye la movilización por el referéndum y la gestión y diseño de la campaña publicitaria. Según el instructor, Turull coordinó las infraestructuras informáticas y reclutó a miles de voluntarios para constituir las mesas electorales. El Ministerio público solicita 16 años de prisión. Está en prisión preventiva.

Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores. Rebelión y malversación. Acusado de crear “las estructuras de Estado” que tendría la Cataluña independiente. También trató, según la acusación, de que se reconociera la república catalana en el extranjero y dio la bienvenida a los observadores internacionales. Por todo ello la Fiscalía quiere para él 16 años de cárcel. Está en prisión preventiva.

Joaquim Forn, exconsejero de Interior. También rebelión y malversación. Se le acusa de haber seguido adelante con los preparativos del referéndum peses a ser consciente de la gravedad de los posibles incidentes. Asimismo, el instructor considera que diseñó un operativo policial destinado a que las movilizaciones a favor del referéndum se enfrentaran con éxito a las fuerzas y seguridad del Estado. La Fiscalía solicita 16 años de prisión. Está en prisión preventiva.

Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo. Acusada de rebelión y malversación. El instructor estima que asumió el control de todos los locales donde se celebró la votación el 1 de octubre de 2018. También de permitir que se usara parte del presupuesto de su departamento para gastos como la impresión de papeletas. La Fiscalía pide 16 años de cárcel.

Josep Rull, exconsejero de territorio. El auto argumenta que participó en las reuniones que definieron la estrategia por la independencia y le acusa de rebelión y malversación. Está en prisión preventiva. Acusado también de haber impedido que un barco con policías atracara en el puerto de Palamós, en Catalunya, para que no pudieran frenar la celebración de la consulta. La Fiscalía pide 16 años de cárcel.

Santi Vila, exconsejero de Empresa. El juez considera que cometió malversación y desobediencia. Está en libertad después de pagar fianza y la Fiscalía pide para él 7 años de prisión.

Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación. Por desatender el Tribunal Constitucional y aprobar la convocatoria del referéndum, el juez la acusa de malversación y desobediencia. La Fiscalía pide 7 años de cárcel.

Carles Mundó, exconsejero de Justicia. La Fiscalía solicita 7 años de cárcel por malversación y desobediencia.