Tras una semana de movilizaciones sociales y ataques políticos continuados entre Madrid y Barcelona, la capital de Catalunya vivió ayer, por fin, una jornada de calma.  Sin embargo, no fue más que la típica calma que precede a la tormenta. Todo es posible si esta tarde, a las 6pm hora local, el presidente catalán Carles Puigdemont, líder del gobierno separatista, comparece ante el Parlamento regional para declarar unilateralmente la independencia de Catalunya, como está previsto.

La posible declaración de independencia llega diez días después del polémico referéndum por la independencia celebrado el domingo 1 de octubre, al que el gobierno central de Madrid se opuso a toda costa. La convocatoria del referéndum de independencia fue aprobada por el Parlamento catalán, controlado por los separatistas, pero la Justicia española lo considera inconstitucional.  

De esta forma, el gobierno estatal de Madrid -  que se ha negado durante seis años a escuchar las peticiones de un referéndum legal por parte de los separatistas – decidió aplicar mano dura contra la celebración del referéndum. Una semana antes del 1 de octubre, Madrid ordenó el desplazamiento de centenares de agentes de policías nacionales y guardia civil a Catalunya (la región tiene su propio cuerpo policial, los “Mossos”), que llevaron a cabo registros, detenciones y confiscaciones de papeletas y propaganda electoral.

A pesar de la amenaza policial, la Generalitat (el gobierno catalán) decidió tirar adelante con el referéndum y las organizaciones civiles independentistas animaron a la ciudadanía a proteger los colegios electorales para evitar que fueran precintados. La operación terminó como el rosario de la aurora, con las fuerzas de la policía nacional arremetiendo con violencia contra los ciudadanos -muchos de ellos gente mayor – aglomerados en los colegios. Según el gobierno catalán, más de 700 personas resultaron heridas durante la carga policial. Las imágenes de la violencia policial fueron portada en los medios de comunicación de todo el mundo, mientras el gobierno central seguía defendiendo que la actuación policial fue la apropiada, y que los agentes seguían instrucciones de la fiscalía. Sin embargo, la imagen de policías aporreando a votantes desarmandos en pleno siglo XXI no resulta demasiado beneficiosa para una democracia europea. 

Está claro que lasimágenes de violencia policial han ayudado a generar muestras de “simpatía” con la causa independentista en todo el mundo, pero a ojos de la comunidad internacional, el referéndum no deja de ser inconstitucional y ningún país occidental ha dicho estar dispuesto a reconocer la soberanía de Catalunya.  Además, la confiscación de urnas y papeletas por parte de la policía, así como la falta de garantías en el sistema de votación, hacen muy difícil que el resultado pueda ser considerado legítimo. Según el gobierno catalán, en el referéndum participó cerca del 43% de la población (unos 2,3 millones de personas), y el “sí” ganó en un 90%.

En base a este débil resultado, el presidente del gobierno catalán tiene intención de declarar hoy la independencia,  tal y como indica la Ley de Transitoriedad aprobada en el Parlamento regional. La ley – aprobada en el pleno parlamentario hace un mes – dicta que el presidente declarará la independencia de forma unilateral 48 horas después de haber anunciado los resultados del referéndum. "No se trata de si es viable o no la independencia, se trata de una obligación legal con nuestros ciudadanos,", afirmó Sergi Sabrià, diputado de ERC, una de las fuerzas  independentistas en el Parlamento catalán, a la televisión alemana RTL.

El gobierno central ya ha anunciado que tomará todas las medidas “que sean necesarias” en caso de que el president Puigdemont declare la independencia. Una de las medidas más probables es que se aplique el artículo 155 de la Constitución, que implica la abolición de la autonomía de Catalunya y la convocatoria de elecciones regionales.

Las principales asociaciones empresariales y económicas catalanas, así como las editoriales de influyentes medios de comunicación catalanes, como La Vanguardia, han alertado al gobierno catalán que una DUI sería una imprudencia, que podría sumir a la región en una grave crisis económica y social. En los últimos días, numerosas instituciones financieras y grandes empresas catalanas han anunciado un cambio de sede fuera de Catalunya para calmar a sus accionistas. Diversas amenazan con hacer lo mismo si hoy se produce la DUI.

Por otra parte, la sociedad catalana empieza a estar cada vez más dividida. Si hasta ahora eran los independentistas que tomaban las calles armados con sus esteladas (banderas independentistas), el pasado domingo miles de personas se manifestaron por primera vez en una concentración multitudinaria en Barcelona para mostrar su apoyo a la unidad de España. “Hasta hoy no había tenido necesidad de salir a la calle con la bandera española, pero la situación ha llegado al límite,” comentó una familia de Sabadell, un suburbio al norte de Barcelona.

La principal plataforma ciudadana independentista, ANC, ha llamado a sus seguidores a concentrarse esta tarde frente al Parlamento catalán a la misma hora que Puigdemont tiene previsto comparecer ante los diputados. Las fuerzas de seguridad - Mossos y Policía Nacional - mantienen acordonado el recinto para evitar altercados. Y mientras los partidos independentistas, ERC y CUP, presionan a Puuigdemont para que declare la DUI, aunque no tenga ningún reconocimiento internacional, la oposición, y buena parte de la población catalana, no tiene más remedio que confiar en que se impondrá el sentido común.