Mientras el país se enfoca en la presunta injerencia rusa en los comicios presidenciales del 2016, la fragilidad del sistema electoral en el interior del país se hace cada vez más evidente.

Las elecciones de mitad de período fueron una prueba de fuego no sólo para los partidos políticos preeminentes sino para el alcance del ejercicio democrático en las zonas rurales del país, frecuentemente pasadas por alto en el establishment político.

Regiones como Dakota del Norte, por ejemplo, experimentaron la más cruda supresión de votos durante los meses electorales, después de que la Corte Suprema decidiera mantener una sentencia que obligaba a los votantes a presentar una identificación y certificado de residencia para poder votar.

Según las denuncias de grupos indígenas y organizaciones activistas, “la ley bloquea desproporcionalmente a los nativos americanos a la hora de votar”.

Sin embargo, esto no es nada nuevo.

La existencia de leyes como la Help America Vote Act del 2002 se han replicado a nivel nacional donde más de 33 estados exigen algún tipo de identificación con foto emitida por el gobierno como condición antes de votar.

El efecto de este tipo de protocolos se manifestó en estados como Wisconsin donde hasta 23.000 votantes en condados fuertemente demócratas se vieron impedidos de ejercer su derecho por este tipo de ley.

Más grave aún fue el efecto de la campaña Trump que aseguraba la participación “masiva de votantes ilegales” a nivel nacional, lo que ha validado de una u otra manera nuevas estratagemas republicanas a nivel nacional.

El último ejemplo de ello ha sido el escándalo en un distrito del Congreso en Carolina del Norte.

Durante la semana pasada, la junta estatal de elecciones votó a favor de una nueva elección en el distrito 9 del Congreso, después de que se demostrara fraude electoral por parte del candidato Republicano.

La decisión fue tomada después de escuchar el testimonio contra el republicano Mark Harris de Charlotte, y la recopilación de “voluminosa evidencia de que un agente político había conducido un plan ilegal para manipular las papeletas de voto ausente”, según explicó el Washington Post.

Harris habría contratado a Leslie McCrae Dowless y a su firma de consultoría para que “defraudar y obstruir la justicia pública y legal al manipular las boletas de votación en ausencia para hacer que parecieran haber sido votadas y ejecutadas de conformidad con la ley”, explicó Politico.

El resultado fue la victoria de Harris por encima del demócrata Dan McCready con menos de mil votos en medio de preocupaciones de fraude que derivaron en la investigación y en un nuevo llamado a elecciones.

A pesar de la división de opinión entre los dos partidos, y el drama familiar que minó el tribunal por el lado de Harris, la realidad es una sola: el socavamiento del ejercicio democrático y, finalmente, de la solidez política del país.