La semana pasada, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley de Estatus de Puerto Rico, una medida decisiva destinada a abordar la situación política de la isla en lo que respecta a su relación con los Estados Unidos, un conflicto ideológico de larga data. 

Redactada por el representante Raúl Grijalva (D-AZ-03), presidente del Comité de Recursos Naturales, la medida supone un paso hacia una votación vinculante sobre el estatus, resolviendo la cuestión de la inusual relación de Puerto Rico con Estados Unidos al permitir a los ciudadanos puertorriqueños elegir entre la soberanía o la plena integración en la Unión.

Para consolidar las múltiples piezas de legislación creadas a lo largo de los años por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la Ley de Estatus de Puerto Rico es un esfuerzo conjunto entre los Reps. Nydia Velázquez (D-NY-07) y Darren Soto (D-FL-09), quienes introdujeron medidas polarmente opuestas sobre la independencia y la estadidad. 

"Hoy es el día. Después de 120 años. Nuestros compatriotas puertorriqueños de vuelta a la isla que juran lealtad a nuestra bandera, que ya pagan ciertos impuestos federales y que han servido en nuestro ejército todo ese tiempo, muriendo por nuestro país, por nuestra libertad, por un país en el que ni siquiera pueden votar al presidente de los Estados Unidos, su comandante en jefe", dijo el representante Darren Soto durante su discurso de apertura en las audiencias.

Si tiene éxito, el proyecto de ley enviará ondas de choque a toda la isla y al territorio continental de Estados Unidos, donde los puertorriqueños han vivido durante más de un siglo echando raíces. Filadelfia es una de las muchas ciudades con una gran población puertorriqueña.

AL DÍA habló con puertorriqueños residentes en el norte de Filadelfia, un vibrante barrio hispano con mayoría de población puertorriqueña, para recabar una impresión general del empeño del Congreso.  

"Esto no va a ir a ninguna parte", dijo Fermín González Ayala, residente en Filadelfia y electricista, que también es miembro de una organización local de defensa de los boricuas de Filadelfia.

"Los republicanos lo bloquearán. Ha habido seis plebiscitos, y ninguno de ellos ha significado nada. Este proyecto de ley es para distraer a los puertorriqueños de lo que realmente hay que hacer para descolonizar la isla. Puerto Rico resuelve sus problemas luchando", continuó.

En marzo de 1917, tras la derrota de España por la campaña del general Nelson Miles en Puerto Rico en 1898, los residentes puertorriqueños quedaron sujetos a la Ley Jones-Shafroth, firmada por el presidente en ejercicio Woodrow Wilson, que otorgaba a los ciudadanos de la isla el derecho a un gobierno, y derechos civiles individuales. 

Sin embargo, la Ley Jones no permite la representación en el Congreso y prohíbe a los puertorriqueños votar en las elecciones presidenciales, lo que es consecuencia de las limitaciones de la isla en cuanto a la normativa federal. 

A lo largo de los años, Estados Unidos ha celebrado varios referendos para cerrar el asunto del estatus, sin que haya una resolución legal vinculante. Lo más notable es que cuando el ex presidente Barack Obama visitó Puerto Rico en 2012, aunque el 61% de la población votó por la estadidad, la administración de Obama calificó los resultados de "poco claros."

"El gobierno federal de los Estados Unidos está echando un vistazo en este momento porque se ven como un tonto", dijo Charito Morales, Coordinador de la Comunidad en Concilio, que proporciona servicios de extensión a los residentes de habla hispana en el área de Filadelfia. 

"La gente se está educando. No sabían de la Ley Jones; no sabían de PROMESA. Ahora, hay individuos y personas que se están educando", añadió Morales, refiriéndose a los contextos económicos y regulatorios de la isla. 

Tras la fuerza destructiva del huracán María, el presidente Donald Trump fue muy criticado por la lenta respuesta de la FEMA en la provisión de asistencia en el terreno y de dólares federales para ayudar a la isla a recuperarse de los extensos daños estructurales.

Reuters informó que la politización jugó un papel sustancial en la urgencia del gobierno federal para hacer frente a la destrucción dejada por María, alegando que los funcionarios electos con grandes poblaciones puertorriqueñas fueron los que más presionaron para que se tomaran medidas de recuperación. 

En otro ejemplo, se describe la Orden Ejecutiva titulada "Buy American" como una reafirmación del apoyo del Presidente a la Ley Jones y la protección del firme control de Estados Unidos sobre el comercio exterior en el continente. El gobierno estadounidense también rechazó otras exenciones de la Ley Jones en medio del camino hacia la recuperación de la destrucción que dejó la estela de María. 

Puerto Rico paga el doble por los buques que cumplen con la normativa Jones que por los buques de comercio exterior. 

Además, en 2021, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló una sentencia que permitía ampliar el Ingreso Social Suplementario (SSI) para los residentes de Puerto Rico, alegando que tendría "consecuencias de gran alcance", como la obligación de pagar impuestos federales sobre la renta. 

La jueza Sonia Sotomayor, una de las juezas más liberales del tribunal y puertorriqueña, fue la única que disintió, citando la falta de representación de Puerto Rico y su consiguiente dependencia del Congreso.

La cuestión del estatus se vuelve cada vez más compleja, ya que los residentes en el territorio continental de EE.UU. tendrían que soportar el peso de la elección de funcionarios públicos que negociarían y legislarían en nombre de los intereses de Puerto Rico, un poder que los residentes en Puerto Rico no comparten.

"Tenemos un enorme papel que desempeñar en términos de promoción para que se apruebe porque los residentes de Puerto Rico... no tienen esa representación en el Congreso", señaló Julia Rivera, Vicepresidenta de Asuntos Externos e Iniciativas Estratégicas del Congreso de Latinos Unidos. 

"Si quieren tener un plebiscito, si quieren decidir su destino, en última instancia, los puertorriqueños fuera de la isla tienen un enorme papel que desempeñar para conseguir que ese proyecto de ley se apruebe en el Congreso y abogar por sus representantes", continuó. 

Mientras que el proyecto de ley pretende potenciar la autodeterminación de los puertorriqueños, en general, los puertorriqueños que se encuentran actualmente en la isla no tendrán voz de cara al referéndum, en caso de que se apruebe en las cámaras del Senado. 

En el Congreso, el debate gira en torno a la representación material de Puerto Rico en las cámaras del Senado. En caso de que el Estado Libre Asociado logre la estadidad, puede optar a hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes y dos en el Congreso, un número que podría influir en las votaciones clave del Congreso en cualquier dirección. 

Dado que los puertorriqueños en Estados Unidos tienden a votar a los demócratas, los representantes republicanos están mucho menos inclinados a buscar una ley de autodeterminación para Puerto Rico. 

La Ley de Estatus de Puerto Rico obliga a cuestionar la legitimidad de llamar al proyecto de ley un acto de autodeterminación cuando los puertorriqueños no tienen acceso al Congreso y son peones en una pelea política por los escaños en el Senado. 

Mientras tanto, los residentes de la isla, una parte central de la conversación, quedan al margen.