La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha cerrado aún más sus posturas de obediencia a la Administración Trump al anunciar que una nueva política de detención con respecto a mujeres embarazadas será puesta en marcha.

En un correo electrónico enviado directamente a Talking Points Memo, la agencia aseguró que “para alinearse mejor con la Orden Ejecutiva del Presidente, ICE ha puesto fin a la presunción de liberación para todas las embarazadas detenidas”.

A través de su vocera, Danielle Bennet, ICE ha informado al medio que “se completará una determinación de custodia específica a cada caso, tomando en cuenta cualquier factor especial”.

Esto implicará, en palabras de Bennet, que “las inmigrantes embarazadas serán detenidas si su detención es necesaria para efectuar una remoción o si son consideradas un riesgo de escape o peligro para la comunidad”.

Según explica CNN, este cambio en las políticas de detención “podría allanar el camino para que más mujeres embarazadas sean retenidas en instalaciones de detención mientras esperan los largos procedimientos judiciales para saber si se pueden quedar en Estados Unidos, instalaciones que han sido criticadas por ser duras condiciones”.

Desde el 2011, ICE había permitido la liberación de mujeres embarazadas de los centros de detención, según recuerda el Huffington Post, y contemplaba algunas excepciones por amenazas a la seguridad.

Ahora bien, la agencia ha asegurado que “no detendrá a mujeres embarazadas durante el tercer trimestre de gestación”, y el director asociado de la agencia, Philip Miller, explicó a los reporteros este jueves que “muchas mujeres embarazadas encontradas por oficiales de inmigración ya son objeto de detención obligatoria por la ley, particularmente si son atrapadas en la frontera y no son consideradas elegibles para proseguir con cualquier solicitud de exención”.

Frente a posibles acusaciones de “abuso de los derechos humanos”, y según reportó Think Progress, un funcionario del ICE compartió un apéndice de preguntas frecuentes en el que asegura que “la agencia ejerce su autoridad civil de detención de acuerdo a la ley, y todos los detenidos reciben apropiados y necesarios servicios de salud, comida y cuidado. Las instalaciones de detención de ICE continuarán proveyendo asistencia prenatal y educación in situ, así como acceso remoto a especialistas para las mujeres embarazadas que permanezcan bajo custodia”.

Pero existe una importante variedad de antecedentes que disputan estas afirmaciones.

En julio del 2017, KUOW.org compartía la historia de Jacinta Morales, una inmigrante embarazada que sufrió un aborto y cuya atención médica agravó su circunstancia, un caso que “planteaba preguntas sobre las políticas de ICE con respecto a las madres embarazadas y lactantes”.  

Por casos como el de Jacinta, y según continúa el Huffington Post, “varias organizaciones de derechos humanos introdujeron una reclamación al Departamento de Seguridad Nacional el pasado mes de septiembre en nombre de mujeres embarazadas detenidas por ICE”.

El documento explica que “(las organizaciones) estamos gravemente preocupadas por el fracaso de la agencia en cumplir su propia política contra la detención de mujeres embarazadas, las condiciones que han reportado las mujeres embarazadas en varios centros de detención a nivel nacional y la falta de cuidado médico de calidad que es proveído a las mujeres que están embarazadas o han sufrido abortos durante su detención”.

Sin embargo, entre los meses de octubre del 2016 y septiembre del 2017, “un total de 525 mujeres embarazadas fueron puestas bajo custodia del ICE”, explicó Los Angeles Times. Y dos meses después, algunos miembros del Congreso se sumaron a la causa, solicitando a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno que investigara las circunstancias.

32 congresistas – la mayoría de origen Latino – escribieron al contralor Gene Dodaro que “organizaciones que incluyen la American Civil Liberties Union (ACLU) han resaltado varias prácticas inhumanas en prisiones que suponen serias amenazas a la salud y la seguridad de mujeres encarceladas y de sus bebés”.