El presidente catalán depuesto, Carles Puigdemont, arrestado en Alemania
Protestas multitudinarias en Barcelona por la detención del líder separatista catalán. La Justicia española ha emitido contra él una euroorden de detención y…
El conflicto entre Catalunya y España amenaza con entrar en un callejón sin salida.
Carles Puigdemont, el presidente catalán cesado, quien vivía “exiliado” en Bruselas después de que su gobierno separatista declarase la independencia de Catalunya de forma unilateral el pasado mes de octubre, fue arrestado este domingo por la mañana por la policía alemana mientras regresaba por carretera desde Finlandia, donde había ido a dar una conferencia.
Su detención por parte de la policía alemana responde a una euroorden de arresto y entrega dictada por la Justicia española el pasado viernes. La Fiscalía del estado acusa a Puigdemont y al resto de miembros de su gobierno separatista por delitos de rebelión, crímen que podrían conllevar hasta 25 años de cárcel.
El expresidente catalán pasará la noche en una cárcel de Schleswig Holstein, la región alemana donde fue detenido mientras viajaba en coche de regreso de Finlandia, donde había acudido a dar una conferencia. Está previsto que mañana lunes Puigdemont comparezca delante de un juez alemán, quien podría ordenar su extradición. La legislación alemana contempla crímenes parecidos a los delitos de rebelión por los que Puigdemont ha sido acusado, mientras que Bélgica, país europeo donde el expresidente pemanecía exiliado, no contempla esta pena.
El arresto de Puigdemont despertó la indignación de miles de catalanes separatistas, que el domingo salieron a la calle para protestar en contra de su arresto. En la capital, Barcelona, los manifestantes empezaron a concentrarse a las cuatro de la tarde y seguían ocupando las calles a las diez de la noche, ondeando banderas catalanas separatistas y coreando gritos de "independencia" o "boti, boti, boti, español qui no boti" (salte, salte, salte, español el que no salte).
Miles de personas cercaron las sedes de las delegaciones del gobierno español en las principales ciudades catalanas – Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida – y amenazaron con ocupar las sedes de gobierno, lo que provocó enfrentamientos violentos con la policía antidisturbios del cuerpo regional, los llamados “Mossos”. Al menos 17 personas resultaron heridas por golpes de porra. "No os merecéis el escudo que lleváis", gritaban algunos protestantes a los "Mossos", que llevan en el uniforme el escudo catalán.
Desafortunadamente, todo apunta a que el conflicto Catalunya-España irá para largo. Para más de dos millones de catalanes, el presidente depuesto Carles Puigdemont continúa siendo su presidente legítimo.
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Puigdemont era el líder de la coalición separatista con mayoría en el parlamento regional responsable de convocar el polémico referéndum por la independencia el pasado 1 de octubre y emprender por la vía unilateral la declaración de independencia. El gobierno español consideró que el referéndum del 1-0 era inconstitucional y trató de evitarlo mediante un enorme despliegue policial, que terminó con las lamentables escenas de cargas policiales contra votantes armados con papeletas que dieron la vuelta al mundo.
Después del polémico referéndum – que no pudo realizarse con las condiciones mínimas para que tuviera validez -, el gobierno catalán decidió emprender por su cuenta la vía hacia la independencia, contando con el respaldo de más de dos millones de votantes (tenían mayoría simple en el parlamento). Ante el “desafío” independentista, el gobierno español optó por aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite destituir a los poderes autonómicos de la región y convocar elecciones regionales. Las elecciones tuvieron lugar el 21 de diciembre y volvieron a dar la victoria (con mayoría escasa) a la coalición separatista, con Puigdemont como candidato a la presidencia. No obstante, la investidura nunca se produjo, puesto que Puigdemont no regresó de Bruselas. Además, el gobierno español presiona para que la coalición proponga un candidato que no esté procesado por delito de rebelión, como es el caso de Puigdemont y el resto de miembros de su gobierno.
El pasado viernes, la Justicia española ordenó cárcel preventiva sin fianza al resto de miembros del gobierno separatista que participaron en la declaración unilateral de independencia.
En total son nueve los que están ya en la cárcel, teniendo en cuenta que ya están encarcelados desde noviembre el exvicepresidente Oriol Junqueras y los activistas políticos Jordi Sànchez Jordi Cuixart, presidentes de plataformas ciudadanas separatistas, que fueron acusados de sedición.
Solo "quedan" por encarcelar cuatro "fugados" o "autoexiliados", según como se mire: el expresidente Carles Puigdemont, la secretaria general del partido independentista ERC, Marta Rovira (Suiza) y los exconsejeros Antoni Comín (Bélgica)y Clara Ponsati (en Escocia, Reino Unido).
Casi junto a otros seis miembros del gobierno depuesto, huyeron a Bruselas. Los que se quedaron, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, han sido encarcelados y cumplen condenas de prisión preventiva hasta que sean juzgados.
Con el gobierno separatista al completo en la cárcel, la imagen democrática de España, sin duda, entra en cuestión.
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