¿Es todavía Estados Unidos un país de inmigrantes?

Esa es la pregunta que nos hacemos todos desde aquel fatídico día en el que las noticias anunciaban que el nuevo presidente era Donald Trump.

Este mes de junio, cuando se conmemora la herencia inmigrante, evaluamos los 17 meses de Administración Trump, marcados por una oleada de medidas federales, minadas con ideologías xenofóbicas, que han puesto en la mira a la comunidad inmigrante estadounidense, con la promesa de alienarla a toda costa, y obligarla a resistir.

Trump lleva desde el 2012 acusando al ciudadano inmigrante de ser una amenaza para la fuerza laboral estadounidense. Su discurso subió de tono en la Conferencia de Acción Política Conservadora del 2014, cuando urgió a los políticos republicanos a que no aprobaran la reforma migratoria, diciendo que “los inmigrantes votarían por el partido Demócrata y robarían trabajos a los estadounidenses”, según reportaba entonces el Washington Post.

Durante el 2015, el político neonato propuso “retirar el derecho a la ciudadanía por nacimiento” a los niños hijos de inmigrantes indocumentados, a quienes calificaba de “bebés ancla”.

Al dar inicio a su campaña presidencial, Trump calificó a los inmigrantes mexicanos de “violadores” y “asesinos”, y llenó su discurso de datos erróneos con respecto al número de inmigrantes indocumentados en el país.

Asimismo, prometió un muro fronterizo con México y el bloqueo a la inmigración musulmana en el país.

Su errático discurso despertó un monstruo silente en la sociedad estadounidense, y que llevaba años incubando en la comunidad blanca de bajos recursos y poco ilustrada, destapando una nueva oleada de racismo infundado.

El 25 de enero del 2017, el ahora presidente Donald Trump inauguró su Administración ordenando el diseño de su prometido muro fronterizo, y firmó órdenes ejecutivas que instruían al Departamento de Seguridad Nacional para que contratara a 5.000 agentes nuevos para la Patrulla Fronteriza y 10.000 agentes de inmigración para las fuerzas de seguridad interior, según reportaba entonces CNN.

Así pues, la Administración dio inicio a un nuevo programa de incentivos y refuerzos dentro de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), aligerando la permisividad a la hora de detener y procesar, atacando directamente a las llamadas Ciudades Santuario y amenazando con retirar fondos a las comunidades que ampararan ciudadanos indocumentados.

El 28 de agosto del 2017, la American Civil Liberties Union (ACLU), denunciaba el intento del ICE por destruir los registros de acoso, abuso sexual y muerte de inmigrantes en sus centros de detenciones, como preámbulo a sus nuevas medidas de persecución.

Durante su primer año de gestión, el número de detenciones y deportaciones dentro del territorio – es decir, lejos de los puntos fronterizos – aumentó considerablemente, y con ello las redadas en estados conocidos por sus leyes a favor de los inmigrantes, como California.

Al mismo tiempo, el gobierno aprobó nuevos cuestionarios a la hora de aplicar para visados al país, intentó poner en marcha un veto migratorio a países de mayoría musulmana, puso fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) – desprotegiendo a 800.000 jóvenes indocumentados -, anunció el fin del Estatus Temporal de Protección (TPS) para 1.000 personas de Sudán, 5.300 nicaragüenses, 59.000 haitianos, 200.000 salvadoreños, miles de liberianos, 9.000 nepaleses, y miles de hondureños.

El presidente habría argumentado este tipo de decisiones al decir que estos inmigrantes provenían de “cloacas” (shitholes), según quienes asistieron a una reunión privada durante el mes de noviembre en la Sala Oval, reportaba el Washington Post.

Con un presupuesto hecho a la medida para sus deseos anti-inmigratorios, la incorporación de una pregunta de ciudadanía en el censo, la militarización de la frontera, el anuncio de la política de “tolerancia cero” por parte del Departamento de Justicia ante el procesamiento de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera, y las recientes noticias de ataques xenófobos diseminados por todo el territorio nacional, este mes de junio no deberá ser sólo el Mes de la Herencia Inmigrante, sino el mes de la llamada a la Resistencia