Biden ha proseguido con lo que ya se ha convertido en su aluvión diario de órdenes ejecutivas que sirven para revertir la política de la era Trump. Esta vez, centrado en la inmigración.

El 3 de febrero, creó un grupo de trabajo que reúna a los niños migrantes separados de sus familias -que el gobierno ha perdido-, reconstruya un sistema de asilo que funcione y restablezca las oportunidades para que los trabajadores y estudiantes extranjeros entren en los estados.

Durante la campaña, Biden prometió dar la bienvenida a los inmigrantes y tratarlos con "respeto", y hasta ahora ha ido cumpliendo sus numerosos votos poco a poco, echando atrás continuamente cientos de medidas migratorias de Trump

"No estoy haciendo nuevas leyes. Estoy eliminando la mala política", dijo Biden en la firma de su orden ejecutiva el 2 de febrero. 

Horas antes, Kamala Harris tomó juramento a Alejandro Mayorkas, el primer latino e inmigrante en ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Nacional, un puesto que ha estado vacante durante casi dos años, y que ocupó ilegalmente el secretario en funciones Chad Wolf bajo el mandato de Trump

Los activistas de derechos humanos esperan que Mayorkas implemente el cambio migratorio "radical" que Biden lleva prometiendo desde hace meses, para cambiar la política migratoria del país y alejarla de un sistema que deshumaniza a los inmigrantes.

Sin embargo, las acciones hasta ahora no han sido más que una vuelta a la época anterior a Trump, que no era nada para presumir.

Como dijo Biden, no está haciendo nuevas leyes e implementando reformas, está dando marcha atrás. 

Durante meses, los defensores y líderes de la inmigración, así como los legisladores progresistas, han estado impulsando verdaderos cambios radicales. 

Han elogiado las acciones que el presidente Biden ya ha tomado, desde la moratoria de las deportaciones, el fin de la política de tolerancia cero que forzó la separación de los niños, y la restauración de DACA.

Las medidas tomadas en sus primeras semanas como presidente han sido "prometedoras", como las describió el congresista Raúl Ruiz Grijalva (D-AZ), pero no abordan temas clave que, especialmente en medio de una pandemia, deben ser tratados.

Otros representantes y líderes han dicho que el regreso no es posible porque los problemas del sistema de inmigración no comenzaron en los últimos cuatro años.

Los defensores de la inmigración en todo el país están pidiendo la terminación de todos los acuerdos con terceros países y todas las demás normas y regulaciones de la era Trump que violan los derechos humanos y las protecciones. 

Dichos grupos incluyen a Alianza Américas, Presente, Shut Down Berks Coalition y docenas más.

También quieren garantizar el procesamiento y la entrada inmediata de los migrantes perjudicados por los protocolos de la era Trump y las prácticas excluyentes como Metering.

También piden que se aumente la cuota de refugiados a 125.000 y se reconstruya el programa de reasentamiento, que se ponga fin a la detención de familias y que se impulse un plan de ciudadanía acelerado para los trabajadores esenciales y sus familias, así como para los 11 millones de inmigrantes indocumentados. 

La aplicación de la ley de inmigración y aduanas será otro obstáculo que Biden y Mayorkas tendrán que abordar. Recientemente, el ICE ha desafiado las órdenes del presidente y ha llevado a cabo algunas deportaciones en todo el país. 

El ICE también ha cobrado notoriedad en el tratamiento de los inmigrantes de América Latina y de los asiáticos del Pacífico. 

Uno de los mayores problemas que acaparan la atención es el de los trabajadores esenciales. 

"Los trabajadores inmigrantes siguen estando en la primera línea de la pandemia de la COVID-19, y muchos de ellos arriesgan sus vidas cada día para servir a nuestra nación y mantener la economía estadounidense en marcha. Ha llegado el momento de asegurar la protección permanente para ellos y sus familias", dijo Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. 

Añadió que, como mínimo, debería ofrecerse a las familias la posibilidad de reunirse y establecerse como residentes permanentes. Esto, para compensar los daños de años y la ayuda que han prestado a la nación durante la pandemia. 

El Caucus Hispano del Congreso expresó colectivamente su decepción después de que el proyecto de reconciliación presupuestaria  sobre la COVID-19 de la Cámara de Representantes no incluyera protecciones para los trabajadores esenciales, los Dreamers y los titulares del Estatus de Protección Temporal.

"Seguiremos haciendo un camino para aprobar una reforma migratoria, protecciones para #Dreamers, #TPS-holders, y trabajadores esenciales como, #farmworkers. Lo conseguiremos", escribió la CHC en Twitter.

Mientras que tanto el liderazgo de la Cámara como Biden no han abordado las demandas generalizadas de protección de los trabajadores esenciales indocumentados, hay una legislación en curso.

El Representante Joaquín Castro está redactando un proyecto de ley para que los trabajadores indocumentados esenciales formen parte de la recuperación del COVID. Recientemente, Castro, el senador Alex Padilla y la senadora Elizabeth Warren escribieron un artículo de opinión sobre el movimiento y la legislación pendiente para CNN.

"Todos los trabajadores de primera línea deben tener acceso a las vacunas, incluidos los trabajadores indocumentados y sin seguro. Pero la equidad sanitaria va más allá de Covid-19: Todos los trabajadores esenciales deberían tener acceso a la atención sanitaria que necesitan, independientemente de su estatus migratorio", dice el artículo.

Entre todas las reformas de la inmigración que reclaman los defensores, la ayuda a los trabajadores esenciales en medio de una pandemia es sin duda la más urgente. En cualquier caso, Biden y Mayorkas tienen los platos llenos de demandas de cambio que no hacen más que acumularse durante décadas.