El día de hoy el Departamento de Estado emitió el permiso que autoriza a TransCanada la realización del proyecto del oleoducto Keystone XL en Dakota, que transportaría crudo desde Canadá hacia las refinerías en la costa del Golfo, como reporta CNN En Español.

El anuncio, que Trump hará oficial durante el transcurso del día, se esconde tras el acalorado debate de los republicanos sobre el reemplazo del Obamacare y respalda las promesas electorales que el ahora Presidente abanderó durante el año pasado.

El Secretario de Estado, Rex Tillerson, quien fuera el Director Ejecutivo de Exxon Mobil, se ha retirado del proceso, para evitar malos entendidos sobre algún tipo de conflicto de intereses.

La Compañía TransCanada ha confirmado la noticia que desplazaría la decisión del ex presidente Barack Obama de rechazar el proyecto por asuntos ambientalistas durante el 2015.

Especialistas en el caso aseguran que los efectos en el medio ambiente serían masivos e irreparables, asegurando que, si bien existen alternativas energéticas, recursos indispensables como el agua no tienen la misma posibilidad.

El Presidente Trump ha asegurado que el proyecto garantizaría “miles de puestos de trabajo”, argumento que ha sido rechazado por especialistas en el tema, según reporta The Huffington Post. Asimismo, el Presidente habría asegurado que el proyecto se llevaría a cabo con acero estadounidense, promesa que ha dejado de lado, permitiendo a TransCanada el uso de acero extranjero durante la construcción.

Pero existe aún una etapa por superar para que el proyecto sea definitivo. La Comisión de Servicio Público de Nebraska debe aprobar el procedimiento para que la construcción se lleve a cabo en su territorio, para lo cual es necesario una revisión del protocolo, que podría llevar meses.

De acuerdo al Washington Post, algunos propietarios se rehúsan a vender sus terrenos a TransCanada, compañía que asegura ya tener el 90% de la ruta hacia los Estados Unidos.

La lucha ambientalista se dirige ahora hacia Nebraska, donde organizaciones como Beyond Dirty Fuels han amenazado con introducir demandas contra el gobierno federal, argumentando la falta de análisis sobre el impacto medioambiental.