La fuerza de las leyes está en la palabra, y la Administración Trump lo sabe, al punto de retomar estrategias tradicionales en política para reforzar sus ideologías conservadoras y retardatarias.

Durante el pasado domingo el New York Times reportó que la Administración Trump está considerando “definir estrechamente el género como una condición biológica e inmutable determinada por los genitales al nacer”, con la firme intención de “revertir el reconocimiento y la protección de las personas transgénero según la ley federal de derechos civiles.”

En una medida diseñada por el Departamento de Salud y Derechos Humanos (DHHS), el gobierno pretende “establecer una definición legal del sex bajo el título IX”, un apartado legal que impide la discriminación educativa o de asistencia financiera basada en el género.

Se trata de una enmienda educativa que data de 1972 y que prohíbe la discriminación basada en el sexo dentro de programas educativos y actividades que reciben asistencia financiera por parte del gobierno federal. Fue modificada durante la Administración Obama para cubrir también las discriminaciones basadas en el sexo asignado, la identidad de género y el estatus transgénero. De esta manera, y a través de lo que se conoce como la “Carta al Querido Colega”, el gobierno de Barack Obama estableció medidas para evitar la discriminación generalizada a los miembros de la Comunidad LGBT.

Desde sus primeros días en la oficina, la Administración Trump ha decidido otorgar a los centros educativos la decisión de permitir o no a los estudiantes transgénero utilizar los baños que se adecúen a su identidad de género. Asimismo, el gobierno ha intentado prohibir a las personas transgénero de servir en las fuerzas armadas, argumentando que implicarían un gasto más alto en asistencia médica.

Según explica el New York Times, el DHS ha establecido que “las agencias gubernamentales clave necesitan adoptar una definición explícita y uniforme de género como determinada sobre una base biológica clara, basada en la ciencia objetiva y administrable”. Esta nueva definición definiría el sexo tan sólo en términos de masculino o femenino, “inmutable y determinado por los genitales con los que nace una persona”, y cualquier disputa sobre el sexo de una persona deberá ser aclarada “usando pruebas genéticas”.

De esta forma, 1.4 millones de estadounidenses transgénero perderían el reconocimiento federal y, por ende, la asistencia financiera y gran parte de sus derechos. De hecho, podrían quedar abolidas las posibilidades de que una persona pueda acceder a terapia hormonal y a cirugía de reasignación de sexo, así como la escogencia de instalaciones que mejor suplan las necesidades del género.

Si bien el DHS ha argumentado durante los últimos meses que se trata de un problema de “terminología” implementada por la Administración Obama – y que la palabra “sexo” nunca debió incluir identidad de género o incluso homosexualidad a la hora de legislar sobre protecciones de la comunidad LGBT – la modificación de leyes de derechos civiles queda a total disposición del gobierno.

Según explica Vox, una de las razones por las que este tipo de medidas son posibles es porque “bajo las leyes federales y algunas estatales, la discriminación contra las personas LGBTQ, basadas en orientación sexual y de identidad de género, no están explícitamente prohibidas”.

Sin embargo, la decisión final podría ser peleada a nivel de tribunales menores e incluso de la Corte Suprema de Justicia, pues a todas miras es un ataque contra los derechos ciudadanos y podría dar pie a la normalización de crímenes de odio y a la discriminación generalizada a nivel nacional.