Pocos advertían el efecto que tendría la retórica de la Campaña Trump y su consecuente elección en el inconsciente colectivo estadounidense.

A medida que pasan los meses, la legitimación del discurso xenófobo y la agresividad contra el extranjero se han vuelto un lugar común en la vida diaria de los inmigrantes que residen en Estados Unidos, con un aumento de un 52% en los crímenes de odio por “prejuicio anti-latino” en estados como California, según reportó el Daily Kos.

Sin embargo, este fenómeno se ha visto trasladado a los centros de detención para inmigrantes indocumentados, donde ONGs como Freedom for Immigrants, han estado “documentando abusos en centros de inmigración desde el 2012”, descubriendo “al menos 800 denuncias de abuso motivado por odio o prejuicios raciales en 34 centros de detención de inmigrantes y prisiones” desde la inauguración del presidente Trump.

“En el Centro de Detención Otay Mesa de CoreCivic en California – donde algunos padres de niños migrantes separados también están detenidos – un ‘individuo sufrió negligencia médica como resultado de que el personal médico de la prisión manifestó su aversión por los ‘ilegales’ que sólo vienen a Estados Unidos para robar trabajos de personas blancas’”, explicó el medio. “A esta persona se le negaron medicamentos para el dolor y una radiografía”.

Otros casos incluían la destrucción de papeles personales de detenidos transgénero, violencia física y verbal, e incluso se reportó el caso de “un hombre musulmán que había estado detenido por 17 meses durante los cuales se le negó el acceso a comida halal o a asistir a un servicio religioso”.

El Departamento de Seguridad Nacional ha estado al tanto de las circunstancias pues, según explicó Freedom for Immigrants, la oficina ya había recibido “un total de 33.126 denuncias de abuso sexual y/o físico entre los meses de enero del 2010 y julio del 2016”, de los cuales tan sólo el 0.7% (es decir, 225 casos) han sido investigados dos años después.

Pero el índice de violencia (dentro y fuera de los centros de detención) ha incrementado considerablemente durante los últimos dos años y, tomando en cuenta el respaldo tácito que la Casa Blanca ha dado al racismo endógeno, los casos de violencia en manos de agentes de Inmigración y Aduanas y de funcionarios de las prisiones han aumentado en consecuencia.

Según reportó The Intercept, durante los últimos meses se han reportado 1.224 casos que revelan “un asombroso patrón de abuso sexual en centros de detención para inmigrantes”.

Los casos varían desde abuso físico hasta amenazas con deportación si los detenidos se niegan a participar en encuentros sexuales con los funcionarios.

Los reportes obtenidos por el medio han sido introducidos entre los años 2010 y 2017, y sugieren que “el asalto sexual y el acoso en la detención de inmigrantes no solo son generalizados sino sistémicos y permitidos por una agencia que no se hace responsable”.

Ante las acusaciones la Agencia de Inmigración y Aduanas ha asegurado que “todas las quejas son investigadas”, pero de ellas tan sólo el 12% han sido consideradas “viables” para llevar a cabo un procedimiento legal.

Con las nueva política de “tolerancia cero” del gobierno, los casos han aumentado no sólo en número sino en la variedad de mecanismos de maltrato.

Un reportaje del Washington Post ha descrito cómo los cientos de niños separados por sus padres después de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza han sido sometidos a maltratos como “dormir con las luces encendidas” o “ser pateados en los pies por los guardias”.

En refugios administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los niños han descrito a sus abogados circunstancias de “hambre, deshidratación e insomnio forzados”, como explicó al medio Peter Schey, uno de los abogados que ha pedido a la corte que designe un supervisor especial.

Y es que para un presidente que ha descrito a los inmigrantes como “animales”, el trato de los detenidos no podría ser mejor.