El riesgo de una buena propaganda política es que, de tanto repetir mentiras, la gente termina creyéndoselas o, en el peor de los casos, usándolas como medios para fines más perversos.

Tan sólo esta semana, el presidente Trump volvió a dar cuerda a su retórica racista cuando, en una reunión con líderes republicanos de california en la Casa Blanca, calificó a los inmigrantes indocumentados de “animales”.

“Tenemos personas entrando al país o intentando entrar – estamos deteniendo a muchos de ellos y estamos sacando gente. No creerían lo malas que son estas personas”, dijo el presidente. “Estas no son personas, son animales”.

Según reportó USA Today, los comentarios de Trump fueron avivados por la pleitesía de la sheriff del Condado de Fresno, Margaret Mims, quien se quejó de que “el estado le prohíba decir a la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre inmigrantes indocumentados en sus cárceles, incluso si ella sospecha que son parte de una pandilla”.

Pero lo que no se confirma, ICE se lo inventa.

Un reportaje de SLATE hizo públicas estrategias ilegales del ICE a la hora de aprehender ciudadanos inmigrantes bajo sospechas infundadas.

“El juez distrital, Ricardo S. Martínez, impidió los esfuerzos del gobierno federal el pasado martes de quitarle a Daniel Ramírez Medina su estatus DACA”, explica el medio. “Inmigración y Aduanas arrestó y encarceló a Ramírez el año pasado, y posteriormente le acusó falsamente de estar afiliado con una pandilla e intentaron deportarle”.

Ramírez introdujo una demanda alegando que “ICE habría violado su derecho a un debido proceso”, con lo que el juez estuvo de acuerdo.

Su sentencia bloqueó la remoción de su estatus y le permite permanecer de manera legal en el país durante los próximos años.

Pero el juez Martínez no sólo sentenció a favor de Ramírez, sino acusó a ICE de “mentir a un tribunal de justicia”, según continúa SLATE.

“Los hallazgos conclusivos de ICE”, escribió el juez, "han sido contradichos por expertos y otras pruebas. El gobierno no produjo pruebas para contradecir el testimonio de múltiples expertos que desacreditaba la extraña interpretación de ICE del tatuaje de Ramírez. Y sus afirmaciones son "completamente contradictorias a los hallazgos previos del gobierno después de exhaustivas verificaciones de antecedentes que tenían la intención de descubrir evidencia de 'asociación de pandillas conocida o sospechada'".

"Lo más preocupante para la Corte", continuó Martínez, "es la afirmación continua de que el Sr. Ramírez está afiliado a una pandilla, a pesar de no proporcionar pruebas específicas al Sr. Ramírez ante el Tribunal de Inmigración en relación con sus procedimientos administrativos, y no ofrecer pruebas a este Tribunal que respalden sus afirmaciones cuatro meses después".

Para agravar el asunto, las circunstancias de la detención de Ramírez son “extremadamente preocupantes”. Según relata el medio, durante el mes de febrero del 2017 y después de la instauración de las nuevas medidas del ICE, agentes de la agencia “llegaron a la casa del padre de Ramírez en Seattle para arrestarle. (Su padre es indocumentado, y trajo a Ramírez a Estados Unidos de manera ilegal cuando era niño). Estando allí, enfrentaron (al joven) y le preguntaron si ‘estaba aquí legalmente’”. Él respondió que sí pues es beneficiario del programa DACA; sin embargo, “los oficiales le detuvieron, le llevaron a un centro de procesamiento, donde nuevamente insistió en que tenía permiso de trabajo”, a lo que los agentes respondieron: “no importa, porque no naciste en este país”.

El caso de Ramírez – que dista mucho de ser el único a nivel nacional – tan solo demuestra que la retórica y propaganda presidencial ha permitido que se instaure un nuevo patrón en el que el inmigrante ha pasado de ser un “espalda mojada” a un “pandillero” por definición.