A partir de los movimientos feministas que se han manifestado recientemente con el performance chileno “Un violador en tu camino” quisimos revisar el estado de las leyes a favor de los derechos de productivos de las mujeres en América Latina y compararlos con Estados Unidos. Pareciera que en Latinoamérica el asunto progresa, mientras en norteamérica marcha hacia atrás.

Como muestra este mapa, en el que se marcan los países en la medida en que fueron regulando el aborto y donde aparecen en rojo oscuro aquellos que son completamente restrictivos, en rojo claro los que sólo lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la madre, en amarillos los que lo permiten en casos de inviabilidad fetal, riesgo para la madre o violación, en tonos verdes los que contemplan también causales sociales o económicas y en azul los que lo permiten por petición bajo cualquier causal, el avance a nivel global en los últimos 25 años ha sido notable.

En todo el continente americano solamente Cuba, Uruguay, Guyana y Estados Unidos reconocen el aborto como un derecho constitucional al que se tiene acceso por solicitud de la mujer. Sin embargo, en el caso estadounidense este derecho se ve delimitado luego por las legislaciones federales. Ahí es donde está el retroceso.

Entre los países que permiten el aborto bajo tres causales básicas, están Brasil, Chile, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela. Colombia y Bolivia, además de permitirlo en casos de violación, inviabilidad fetal o riesgo físico para la madre, tienen legislaciones que contemplan el cuidado a la salud mental de la mujer como una causal legítima para que se solicite la realización de un aborto.

Finalmente, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y El Salvador tienen prohibiciones absolutas con relación al aborto. El Salvador es el caso más extremo, donde las mujeres que sufren abortos espontáneos son judicializadas por homicidio agravado.

Ahora, una cosa es que en una perspectiva de largo alcance la tendencia global sea progresista y otra que las actuales circunstancias de las mujeres sean de libertad en el ejercicio de sus derechos.

Como expone un enorme estudio colaborativo publicado por el medio chileno El Desconcierto, incluso en los países donde el aborto es legal en ciertos casos este derecho no se garantiza. Una cosa que es el derecho esté contemplado en la ley y otra que las mujeres que tienen necesidad del servicio lo consigan, ya sea por la precariedad del sistema de salud de las regiones en que se encuentran, presiones culturales o la sistemática objeción de consciencia por parte de los médicos. Esto tiene consecuencias letales pues miles de mujeres en la región son empujadas año tras año a buscar abortos ilegales y, por lo tanto, inseguros. Solamente en Brasil, por mencionar un caso, muere una mujer cada dos horas por complicaciones en procedimientos de abortos clandestinos.

Así como una es la perspectiva en general y cuando se pone la lupa sobre los países latinoamericanos, la visión cambia al empezar a ver en detalle lo que está sucediendo a nivel estatal.

Si bien el aborto se considera un derecho constitucional contemplado bajo la Decimocuarta Enmienda a partir del caso Roe contra Wade, el creciente número de datos que apunta a la vulneración de este derecho es preocupante.

Según datos de la ONG Reproductive Rights, 30 Estados obligan a los médicos a entregar información imprecisa a los pacientes, 31 Estados exigen que pase un periodo de espera de uno a tres días antes de que la paciente pueda recibir el procedimiento, después de la primera cita con el médico (cosa que en muchos casos lo hace imposible), y ocho Estados tienen prohibiciones en trámite que prohibirían el aborto, dado en caso de que la sentencia de Roe contra Wade se cayera. Un estudio de la misma ONG, revelado en esta herramienta digital muestra que en ese caso, el derecho al aborto estaría protegido en menos de la mitad de los Estados de Estados Unidos y en ninguno de los territorios ultramarinos.

Tal vez la más regresiva de las medidas en trámite esté en Ohio, donde los obstetras podrían estar en la disyuntiva de enfrentar cargos penales por asesinato y tener que realizar un procedimiento considerado imposible: la implantación de un embarazo extrauterino en el útero.

Entre tanto, una encuenta del New York Times aplicada a todos los candidatos demócratas a la presidencia mostró que éstos están cada vez más determinados a empujar en favor de los derechos reproductivos de las mujeres, ya sin hacer uso de eufemismos, tan frecuentes en campañas pasadas. Amanecerá y veremos.