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CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA - 30 DE MAYO: Un deportado guatemalteco llega de un vuelo de deportación de los EE. UU. mientras un avión cercano espera la salida del Secretario de Seguridad Nacional de los EE. UU., Kevin McAleenan, el 30 de mayo de 2019, en la ciudad de Guatemala, Guatemala. (Foto por John Moore/Getty Images)
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Si las agencias gubernamentales mantenían al margen al presidente de sus planes, a partir de ahora tendrán que cuidarse mucho más de lo que comparten con la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump ha desvelado a través de las redes sociales un presunto plan de arrestos masivos a nivel nacional que la agencia de Inmigración y Aduanas pretendía iniciar la semana que viene.

“La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que han encontrado su camino hacia Estados Unidos de manera ilícita”, escribió el presidente en Twitter. “Serán removidos tan pronto entren (al país)”.

Trump tiene el mal hábito de decir públicamente lo primero que le cruza la mente, especialmente cuando se trata de planes estratégicos que sus agencias llevan preparando durante meses (sino, años).

Tan sólo la semana pasada, el New York Times explicaba cómo el Pentágono ha hecho malabares para evitar que el presidente esté al tanto de las estrategias de contrainteligencia que se llevan a cabo por miedo a “la posibilidad de que pueda revocarlo o discutirlo con funcionarios extranjeros”.

Esta vez, el presidente ha vuelto a utilizar los medios de comunicación para hacer campaña sobre la supuesta “mano dura” de su gobierno, poniendo en riesgo los protocolos de la Agencia de Inmigración y Aduanas, y aprovechando la inauguración de su campaña por la reelección.

Después de todo, la única base de votantes que Donald Trump puede mantener intacta es la de quienes creen que la agresión contra la comunidad inmigrante es la solución a todos sus problemas.

La operación llamada “Rocket Docket” que el presidente ha desvelado el día lunes forma parte del nuevo plan anti-inmigratorio de su asesor Stephen Miller, quien “ha estado presionando a los funcionarios de Seguridad Nacional para que arresten y retiren a miles de familiares cuyas órdenes de deportación fueron aceleradas por el Departamento de Justicia este año”, según explicó el Washington Post.

Ex funcionarios como el director interino de ICE, Ronald Vitiello, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, debieron renunciar a sus puestos precisamente por negarse a llevar a cabo el plan que consideraban riesgoso y contraproducente, en especial tras la indignación pública que surgió como respuesta a la política de separación de familias.

El nuevo director del ICE, y ex agente del FBI, Mark Morgan, se ha sumado al equipo con la voluntad de cumplir los deseos de Miller, diciendo públicamente:

“Nuestro próximo desafío será la aplicación de la ley en el interior. Perseguiremos a las personas que hayan pasado por el debido proceso y que hayan recibido las órdenes finales de deportación”.

“Eso incluirá a las familias”, dijo Morgan, agregando que serían deportadas “con compasión y humanidad”.

Si bien los funcionarios de la agencia no han emitido comunicado alguno, el Post aseguró que no se encontraban al tanto de las intenciones del presidente de divulgar los planes.

Llevar a cabo este tipo de operaciones a nivel nacional no es tan sencillo; incluye un financiamiento y un equipo que la Agencia podría no tener a disposición, en especial después del desastre en la frontera.

Un muro sin construir, miles de agentes desplegados sin necesidad y la declaración de una Emergencia Nacional para desviar fondos, no han sido suficientes para que el gobierno ponga en marcha un plan migratorio coherente. ¿Qué les hace creer que redadas y deportaciones masivas sí lo lograrán?

Mientras la administración pone el peso de la responsabilidad sobre los hombros de países como México y Guatemala, y suspende 185 millones de dólares en ayuda a los países del Triángulo Norte, gobernadores como Andrew Cuomo en Nueva York aprueban propuestas legislativas que otorgan licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, dejando en claro que gran parte del país se opone a un gobierno que amenaza, hostiga y encarcela inmigrantes en campos de concentración.

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