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President Biden adressing a joint session of Congress on April 28, 2019. Photo: Getty Images 
El presidente Biden se dirige a una sesión conjunta del Congreso el 28 de abril de 2021. Foto: Getty Images

Biden incluye soluciones al problema de la inmigración en su primer discurso ante el Congreso

Con la esperanza de cumplir sus promesas de campaña, el Presidente Biden expuso lo que quiere hacer en materia de inmigración.

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Hacia el final de su discurso ante una sesión conjunta del Congreso el miércoles 28 de abril por la noche, el presidente Joe Biden se tomó un momento para expresar por qué cree que los legisladores deben ayudarle a cumplir con la reforma migratoria. 

Una encuesta de Vox y Data for Progress (DFP) realizada entre el 29 de enero y el 1 de febrero sugiere que el 69% de los probables votantes apoya que los inmigrantes indocumentados puedan obtener la ciudadanía. 

El apoyo se eleva al 72% cuando la encuesta habla específicamente de los DREAMers, personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños.

En un Senado en el que los demócratas tienen la mayoría sólo gracias a que el vicepresidente sirve como voto de desempate, Biden necesita 60 senadores para votar a favor de cualquiera de los proyectos de ley de inmigración que se encuentran actualmente en el Congreso. 

Después de que la anterior administración republicana separara a las familias solicitantes de asilo, iniciara la construcción de un muro en la frontera sur e intentara acabar con el programa DACA, hay menos miembros del GOP que respalden públicamente la reforma. 

Por eso, el 46º presidente necesitaba exponer los argumentos para cambiar el sistema en su discurso. 

"Pongamos fin a nuestra agotada guerra por la inmigración. Durante más de 30 años los políticos han hablado de la reforma de la inmigración y no hemos hecho nada al respecto. Es hora de arreglarlo", dijo. 

A excepción de los cuatro años de la administración Trump, Biden es parcialmente responsable de la falta de acción en este asunto político y en algunos casos se sumó al problema. 

Cuando representaba a Delaware en el Senado, votó a favor de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, que condujo a la creación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y de la Ley del Cerco Seguro de 2006, que autorizó 700 millas de vallas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Como vicepresidente, formó parte de una Casa Blanca que deportó a más de 3 millones de personas, más que cualquier otra administración presidencial en la historia de Estados Unidos. 

En 2009, una vez que Barack Obama juró su cargo, podría haber propuesto inmediatamente una reforma migratoria, ya que los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso, pero su mayoría en el Senado era mucho mayor que la que tiene ahora Biden. 

El 20 de enero de 2009, contaba con 55 senadores y dos independientes que se alineaban con los demócratas. Al final del 111º Congreso, los demócratas tenían el 58% de la cuota de votos en la cámara alta. 

En ese momento se podría haber movido a más republicanos en el tema, sobre todo porque el predecesor de Obama, George W. Bush, impulsó fuertemente un proyecto de ley de reforma migratoria en 2007 que proporcionaba una vía a la ciudadanía. 

Biden destacó piezas dentro de uno de los primeros proyectos de ley que envió al Congreso como presidente, la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021. Destacó que los estadounidenses no tienen que vivir bajo una falsa dicotomía entre mostrar compasión hacia los inmigrantes y hacer cumplir las protecciones fronterizas. 

"Si crees que necesitamos asegurar la frontera, apruébalo porque tiene mucho dinero para la seguridad fronteriza de alta tecnología. Si creen en una vía a la ciudadanía", dijo.  

El senador Ted Cruz, de Texas, un estado fronterizo, se quedó dormido mientras el presidente instaba a sus colegas a aprobar sus proyectos de ley. 

A continuación, el presidente Biden habló de su experiencia a la hora de abordar las causas de la migración desde Centroamérica cuando estaba en la administración de Obama. 

Como vicepresidente, ayudó a conseguir 750 millones de dólares en asistencia para el Triángulo Norte en 2016. Esto supuso un aumento del 34% respecto al año fiscal anterior. 

Culpa a Trump de haber recortado la ayuda a la región en 2019 por la crisis de la caravana de migrantes para agravar el problema, pero algunos no están contentos con la nueva propuesta de asistencia de Biden.

La coordinadora de América Latina en la Universidad Estatal de Salem e hija del filósofo Noam Chomsky, Aviva, se ha mostrado crítica con los esfuerzos de Biden para estabilizar la región y cree que la ayuda propuesta servirá para beneficiar más a las grandes empresas.

"El modelo que Washington sigue promoviendo se basa en la idea de que, si los gobiernos centroamericanos pueden atraer a los inversores extranjeros con mejores infraestructuras, exenciones fiscales y leyes medioambientales y laborales débiles, el 'libre mercado' proporcionará la inversión, los puestos de trabajo y el crecimiento económico que (en teoría) evitará que la gente quiera emigrar en primer lugar", escribió.

Chomsky se refirió a las revoluciones centroamericanas de la década de 1980 para afirmar que los inversores extranjeros que explotan las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región provocan conflictos que impulsan la migración masiva hacia el norte. 

Cuando Estados Unidos estableció el Estatus de Protección Temporal (TPS) hace más de 30 años, se propuso dar a los nacionales de países afectados por conflictos armados o desastres naturales un estatus temporal en América. 

Con el tiempo, varios países latinoamericanos han recibido la designación de TPS. 

Chomsky explicó que el hecho de que las grandes empresas extranjeras sigan aprovechando los recursos de Centroamérica podría llevar a que más personas de la región soliciten el TPS debido a los desastres naturales. 

"Tales operaciones, a su vez, han traído la deforestación al campo, mientras que sus exportaciones baratas a los Estados Unidos y otros lugares han ayudado a fomentar los estilos de vida de alto consumo que sólo han acelerado el cambio climático - trayendo un clima cada vez más feroz, incluyendo el aumento del nivel del mar, tormentas más intensas, sequías e inundaciones que han socavado aún más los medios de vida de los pobres de América Central", detalló. 

Biden también mencionó en su discurso que la vicepresidenta Kamala Harris liderará los esfuerzos diplomáticos para abordar las causas fundamentales de la migración de la región. 

Ella habló con el presidente de Guatemala prácticamente esta semana y hará lo mismo con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 7 de mayo, un mes después de su último intercambio. 

Harris aún no ha visitado la frontera como vicepresidenta, pero dijo a CNN que viajará a Centroamérica por primera vez en junio. 

Casi al final de la sección de su discurso que trata sobre la inmigración, el presidente instó al Congreso a aprobar al menos lo que "todos están de acuerdo", la residencia permanente para los trabajadores agrícolas no rescatados y los receptores de DACA o TPS. 

La Ley de Modernización del Trabajo Agrícola 2021, que permitiría a los trabajadores agrícolas indocumentados solicitar una tarjeta de residencia, fue aprobada por la Cámara de Representantes en marzo con 30 republicanos que se unieron para votar a favor. El proyecto de ley está actualmente a la espera de ser votado en el Senado. 

Biden no mencionó la Ley de Ciudadanía para los Trabajadores Esenciales, cuyo objetivo es dar un estatus legal a millones de personas que fueron trabajadores de primera línea durante la pandemia del COVID-19. 

Los grupos de defensa de los inmigrantes y los miembros del Caucus Hispano del Congreso esperaban que la ley fuera impulsada a través del proceso de reconciliación presupuestaria, de modo que sólo requiriera 50 votos para ser aprobada y, por tanto, evitar un filibusterismo republicano. 

La administración actual debería tener como objetivo conseguir que se apruebe cualquier tipo de reforma en los próximos 18 meses porque el partido demócrata tiene posibilidades de no mantener el control legislativo después de las elecciones de mitad de mandato de 2022. 

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