"Nos quedan siete semanas para desarrollar estrategias que nos permitan alentar al gobernador para que promulgue la ley", declaró a Efe Artemio Arreola, director político de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

El gobernador republicano tiene plazo hasta la medianoche del 28 de agosto para firmar la ley, vetarla o dejar que entre en vigor.

El activista destacó que la ley obtuvo votos republicanos y de la mayoría demócrata en la Asamblea Legislativa estatal.

La ley, como ya ocurre en la ciudad de Chicago desde hace 43 años, obligará a los policías en todo el estado de Illinois a no preguntar por el estatuto migratorio de las personas, o detenerlas por ser indocumentadas.

La medida también creará "zonas seguras" donde los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no podrán ingresar, como escuelas, iglesias y hospitales, a menos que presenten una orden judicial de arresto.

Asimismo, ningún departamento policial de Illinois deberá colaborar con ICE en tareas de inmigración a través de los polémicos programas Comunidades Seguras y 287g, revividos por la Administración Trump.

Igualmente se prohibirán los registros de extranjeros basados en nacionalidades o religiones, como el propuesto por el presidente para los musulmanes, y se prohibiría el uso de prisiones privadas para recluir a indocumentados a la espera de ser deportados.

"Estas son salvaguardias muy importantes para los inmigrantes de Illinois, en momentos en que el Gobierno federal usa todo lo que está a su alcance para aumentar y acelerar las deportaciones", dijo Arriola.

ICIRR y otras organizaciones como el Concejo Judío de Asuntos Urbanos, Mujeres Latinas en Acción, el Centro Nacional de Justicia Inmigrante y varios clubes de oriundos mexicanos realizaron hoy un acto informativo sobre la ley, con actividades musicales y representaciones teatrales sobre las protecciones que se ofrecerán.