Christina Segundo está muy disgustada con la Administración de Donald Trump, y los 1,2 millones de personas que puede que se encuentren en su misma situación también lo estarán. 

Esta mujer de 39 años nacida en Indiana y madre de cuatro hijos que trabajaba en una compañía de paquetería hasta que dejó su empleo por miedo a enfermar de Covid-19, no recibirá el cheque estímulo de 1.200 dólares previsto por la Ley CARES para quienes ingresan menos de 75.000 dólares anuales. La razón, estar casada con un migrante mexicano indocumentado.

Ella es una de los seis demandantes que representa el Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), una organización de derechos civiles que acusa al Presidente Trump, al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el líder de la Mayoría del Senado Mitch McConnell de que el paquete de alivio de 2,2 billones de dólares para ayudar a las familias con menores recursos a hacer frente a la crisis del coronavirus niega los cheques estímulo a los estadounidenses casados con migrantes indocumentados. 

Algo que afecta a los más de 1,2 millones de matrimonios mixtos del país y que podría convertirse en una gigantesca demanda colectiva que le estallase en la cara al Gobierno federal.

Según la Ley CARES, toda persona con ingresos menores a los 75.000 dólares anuales tiene derecho a la prestación siempre que tenga un número de Seguridad Social -excepto si es un miembro del ejército-. Lo cual excluye a los migrantes indocumentados que declaran impuestos con un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN), aunque algunos migrantes legales también lo hacen.

El mayor problema viene cuando las declaraciones de renta se realizan de forma conjunta -el cheque de estímulo asciende en este caso a los 2.400 dólares y 500 dólares más por hijo menor de 17 años-, ya que al tratarse de un matrimonio mixto uno de cuyos cónyuges tiene ITIN ninguno es elegible para la prestación.

"Mi marido es indocumentado, pero intenta vivir la vida más legal que puede mientras está aquí. Tratamos de hacer lo que podemos, pero nos deja en la estacada", Christina Segundo.

Es por eso que MALDEF declaró el martes, cuando se presentó la demanda colectiva, que la Ley CARES "discrimina a las parejas de estatus mixto porque las trata de manera diferente a otras parejas casadas, en violación de las garantías de la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. sobre la igualdad de protección y el debido proceso".

También alegaron que al negar la prestación, el gobierno federal está humillando a los "demandantes y a los hijos de parejas de estatus mixto al tratarlos de manera adversa en comparación con otras familias".

La situación es límite para personas como Christina Segundo, quien cree que no debió ser tan honrada, que se le castiga por haber sido transparente sobre su estatus mixto en lugar de usar un número de Seguridad Social falso como otras personas hacen, comenta. 

El matrimonio lleva esperando que se arregle su estatus mucho tiempo y ya no pueden pagar los gastos de la legalización, ni tampoco el alquiler. 

"Pagamos nuestros impuestos fielmente como todo el mundo lo hace", dijo a Dallas Star Morning.  "Mi marido es indocumentado, pero intenta vivir la vida más legal que puede mientras está aquí. Tratamos de hacer lo que podemos, pero nos deja en la estacada".

La mujer supo que se había quedado fuera del paquete de estímulo cuando los demócratas de California y Arizona presentaron un proyecto de ley para revocar la Ley CARES e incluir a los contribuyentes con ITIN.

En Estados Unidos existen más de 1,2 millones de matrimonios mixtos en los que un miembro de la pareja es indocumentado.

Desde entonces Christina peleó en primera línea; telefoneó a miembros del Congreso, envió emails al mismísimo Donald Trump e incluso creó un grupo de Facebook para unir a familias de estatus mixto que están pasando por lo mismo.

Al final consiguió sumar fuerzas para presentar esta demanda colectiva sobre la base de la discriminación.

Ahora lucha porque la situación se resuelva lo antes posible y porque otras víctimas de una ley que califican de “humillante” con las personas en su situación y sus hijos cambie de una vez. Pero el tiempo juega en su contra, los pagos se acumulan y la crisis económica producto de la pandemia golpea fuerte a estas familias que han sufrido la mayoría de despidos y se encuentran en una extrema vulnerabilidad.