La Justicia española no se ha cortado ni un pelo con el gobierno separatista catalán, cesado al completo el pasado viernes 27 de octubre después de que el Senado aprobase la aplicación de una ley constitucional que permite suspender los poderes autonómicos de la región autónoma para restablecer el orden jurídico. 

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó cárcel incondicional para todos los miembros del Gobierno catalán cesado, excepto para el consejero de Empresa Santi Vila, que dimitió de su cargo antes de que el Parlamento catalán aprobase en voto secreto la declaración unilateral de independencia de Catalunya. En la votación  solo participaron los diputados de la coalición separatista que gobernaba Catalunya desde el año 2015, además del partido de izquierda En Comú-Podem. El resto de diputados abandonó el hemiciclo al considerar que la propuesta de votar la declaración de independencia era inconstitucional. 

La respuesta del Estado a la declaración de independencia de Catalunya fue la que que ya había anunciado: aplicar el artículo 155 de la Constitución - que le permite suspender al gobierno y al Parlamento catalán - y convocar elecciones autonómicas lo antes posible. El presidente catalán - actualmente cesado - Carles Puigdemont tuvo la oportunidad de convocar él mismo las elecciones para evitar la aplicación del artículo 155, pero a última hora decidió echarse atrás, alegando que no había obtenido suficientes garantías por parte de Madrid de que no se aplicaría el 155. El expresidente Puigdemont optó entonces por dejar en manos del Parlamento la decisión de votar o no la independencia de Catalunya. 

Durante los últimos días, el gobierno español ha puesto en marcha la aplicación del artículo 155, que a parte de suspender al gobierno y al parlamento en completo, también ha supuesto la intervención de los Mossos, las fuerzas del orden catalanas, y la toma de control temporal de los diferentes departamentos gubernamentales. 

Al mismo tiempo, la Fiscalía del estado presentó querellas por delito de rebelión (un delito que puede conllevar hasta 30 años de cárcel) contra todos los miembros del Gobierno y de la Mesa del Parlamento. La Justicia les citó a una primera audiencia preliminar los días 2 y 3 de noviembre. El jueves 2 de noviembre se presentaron ante la juez de la Audiencia Nacional ocho miembros del Govern, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras. Todos ellos han sido enviados a prisión incondicional por orden de la juez, que considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y considera que no se puede obviar el nivel adquisitivo de los investigados que pueden utilizar para salir del país, según cita La Vanguardia.

Entre los que debían presentarse este jueves ante la juez Lamela también figuraba el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, y otros tres miembros del gobierno, que se encuentran "refugiados" en Bélgica. Por vía de su abogado, Puigdemont se ofreció a prestar declaración por videoconferencia, pero la oferta fue rechazada. La justicia española ha ordenado una orden de detención contra Puigdemont y los otros tres miembros del gobierno catalán. El gobierno belga ha dicho que cooperará con la justicia española. 

En Catalunya, las protestas de los ciudadanos no se han hecho esperar. A las siete de la tarde está prevista una manifestación en contra del encarcelamiento del gobierno al completo, que fue elegido en las urnas. "Libertad presos políticos", "verguenza para España", "verguenza para Europa" son los eslogans que  inundan las redes sociales del movimiento separatista.

Ante la imposibilidad de conovocar un referendum de independencia "legal", no existen cifras exactas del número de separatistas que hay en Catalunya, con una población de 5,5 de votantes aproximadamente. En el polémico plebiscito que tuvo lugar el pasado 1 de octubre (y que el gobierno español trató de impedir con cargas policiales por considerarlo ilegal), participaron cerca de 2,2 millones de personas, y el 90% votó "Sí".