La situación es muy clara: Donald Trump hizo una promesa de campaña para enardecer una base electoral puntual; la idea era construir un muro en la frontera sur que fuera pagada por el gobierno mexicano. Al chocar de frente con la realidad, viró la estrategia y buscó que los ciudadanos estadounidenses pagaran por su capricho. Su partido perdió la mayoría en la Cámara de Representantes, cerró el gobierno, perdió la batalla de pulso con los Demócratas y debió ceder.

Ahora, tras la decisión del primer órgano judicial del país, es decir el Congreso, de negarle la desviación de fondos nacionales para un asunto innecesario, Trump pretende pasar por encima de los representantes políticos del país y sacar fondos de agencias militares para poner así sean dos ladrillos y cantar victoria.

De nada ha servido que quienes realmente viven en la frontera desmientan la supuesta crisis humanitaria que usa el presidente como argumento, ni que nadie sepa exactamente de dónde saca sus cifras para hablar de una emergencia nacional; Trump insistirá en dibujar una realidad paralela con tal de mantener su base electoral intacta para el 2020.

Las consecuencias, sin embargo, pueden ser graves, en especial para su propio partido.

Al no conseguir el dinero que había exigido para construir el muro, Trump recurrirá al presupuesto de 3.6 mil millones de dólares destinados a construcciones militares dentro del Departamento de Defensa.

Asimismo, el presidente podrá echar mano de 600 millones del fondo de decomiso de drogas del Departamento del Tesoro y 2.5 mil millones de un programa de interdicción de drogas también del Departamento de Defensa.

“Acto sin ley”, “grave abuso de poder”, “intento desesperado”, “desprecio por el estado de derecho” y “paso peligroso” han sido las descripciones tanto de Demócratas como de Republicanos sobre la decisión presidencial.

La representante Cathy McMorris Rodgers (R-Wa) advirtió que el recurso de declarar una emergencia nacional “establece un precedente muy peligroso que socava nuestra separación constitucional de poderes”, y permitiría que “cualquier futuro presidente actúe sólo sin la aprobación del Congreso”.

“De ser elegidos presidentes, ¿cómo usarían Elizabeth Warren o Bernie Sanders este precedente para una declaración nacional de desastre e imponer el Green New Deal?”, agregó.

“Si Trump está en lo cierto desde el punto de vista constitucional – y no lo es – entonces, ¿para qué crearon un Congreso nuestros Fundadores en primer lugar?”, pregunta Matt Latimer en su columna para Politico.

Y eso es precisamente lo que nos preguntamos todos.

El debate ha minado ambos lados del pasillo, y se centra fundamentalmente en el uso de la autoridad ejecutiva para responder a una “crisis manufacturada” por el gobierno.

Aún cuando el país cuenta actualmente con 32 emergencias nacionales activas, “ninguna se compara con construir más barreras entre Estados Unidos y México”, explica el Washington Post.

“Casi todas las declaraciones de emergencia nacionales en virtud de la Ley de Emergencias Nacionales de 1976 se relacionan con sanciones o restricciones a la exportación”, agrega el medio. “Bajo esa ley, los presidentes deben declarar formalmente una emergencia y ofrecer una justificación legal para usar los poderes de emergencia”.

Es precisamente esa justificación lo que está claramente ausente en la nueva estrategia de Trump.

“Nuestro mensaje de respuesta a la Casa Blanca es simple y claro: nos vemos en la corte”, dijo el gobernador Gavin Newsom en un comunicado.

Por su parte, los demócratas en el Congreso ya tienen preparada una acción legislativa para “condenar la movida” del presidente, y cuentan con más de 50 representantes “que han pedido firmar sus nombres en la medida”.

La resolución ha sido redactada por el representante Joaquín Castro (D-Texas) y la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York.

Los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer advirtieron en una declaración conjunta que tampoco se quedarán de brazos cruzados.

“Las acciones del presidente violan claramente el poder ejecutivo de la cartera del Congreso, consagrada en la Constitución por nuestros Padres Fundadores. El Congreso defenderá a nuestras autoridades constitucionales en el Congreso, en los Tribunales y ante el público, utilizando todos los recursos disponibles”, escribieron.