Tras las elecciones de mitad de período, y haber perdido la mayoría en la Cámara de Representantes, Donald Trump está retando el alcance de su verdadero poder como presidente.

En una movida muy similar a su veto migratorio contra viajeros provenientes de países musulmanes establecido durante el principio de su Administración, Trump ha firmado una proclama presidencial el día viernes para impedir que los inmigrantes indocumentados soliciten asilo al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

La imprevista decisión sigue de manera casi consecuente al despido de su Fiscal General Jeff Sessions y a sus intenciones de remodelar el Departamento de Justicia, que está ahora bajo el cargo de Matthew Whitaker, el fiscal en funciones que ha sido percibido como una amenaza real contra la investigación de Robert Mueller.

Whitaker dijo que “gracias a esta orden decisiva del presidente Trump continuaremos brindando un camino de protección para aquellos que realmente lo necesitan, mientras evitamos que nuestra generosidad sea abusada”, según reportó Politico.

Pero para representantes como Jerry Nadler (D-NY) y Zoe Lofgren (D-Cal), el presidente estaría “eludiendo la legislación” en vez de trabajar directamente con el Congreso para remodelar la ley.

En esto parecen estar de acuerdo miembros de la American Civil Liberties Union (ACLU), uno de los grupos legales que inmediatamente introdujeron una demanda en una corte federal al norte de California, sobre la decisión del presidente.

“El presidente simplemente está tratando de ignorar la decisión del Congreso de proporcionar asilo a los que están en peligro, independientemente de la manera en que se ingrese”, dijo el abogado de la organización, Lee Gelernt, a Associated Press (AP).

Si bien la nueva orden presidencial entró en efecto el 10 de noviembre, y se mantendrá durante al menos 90 días, Trump podría extender el plazo de aplicación.

Según explicó AP, las regulaciones “no afectan a personas que se encuentran dentro del territorio nacional”, y quienes sean aprehendidos podrán recurrir a “otras formas de protección si temen regresar a sus países”, aunque los tiempos para estos procedimientos pueden ser más justos.

“Esas formas de protección incluyen la retención de expulsión (que es similar al asilo, pero no permite la obtención de tarjetas de residencia ni las reunificaciones familiares) o la protección en virtud de la convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, continúa el medio.

Aunque la medida presidencial pareciera estar dentro del marco de la ley, el hecho de que pase por encima de la consideración del Congreso evidencia el impulso de la Administración Trump por seguir tomando decisiones sin los obstáculos que muy probablemente imponga la mayoría demócrata que ahora controla la cámara baja.