Otro presidente de Brasil tiene un final político conflictivo; pareciera que el país latinoamericano no descansara nunca de la inestabilidad política.

Esta vez, quien fuera presidente entre los años 2003 y 2010, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido condenado a 12 años de prisión por corrupción.

Lula Da Silva es la víctima más importante de la llamada Operación “Lava Jato” o “Autolavado”, llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil desde el 2014, que investigaba una estructura de lavado de dinero sospechoso que habría logrado mover más de 10.000 millones de reales brasileños.

Según la Policía Federal, esta sería “la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil” y con un gran número de acusados.

Lula fue detenido en marzo del 2016 para ser interrogado por su supuesta participación, y la entonces presidenta Dilma Rousseff intentó salvarle al nombrarle Ministro de la Casa Civil intentando otorgarle inmunidad judicial.

Después de enfrentamientos legales entre el Tribunal Federal de Brasilia y el de Río de Janeiro, el juez Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió definitivamente el nombramiento de Lula, permitiendo su primera condena a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva.

Según recuerda el diario El País, la participación de Lula habría sido relativa al tráfico de influencias, después de ser investigado por “venta de medidas provisionales que beneficiaron a fabricantes de automóviles”.

Durante el mismo año, la presidenta Rousseff fue suspendida de su cargo “por adulterar las cuentas públicas”, y su vicepresidente Michel Temer asume la presidencia interina.

A partir de entonces, las acusaciones contra Lula no hicieron sino sumarse. Lavado de dinero, ocultación de patrimonio y obstrucción a la justicia fueron algunos de los cargos que se adhirieron a su historial, permitiendo a la Fiscalía proseguir con un juicio en su contra.

Según recuerda el medio español, el caso finalmente rompió “el mito de Lula”, un político que había llegado al poder por ser “un incorruptible limpiabotas, amigo de los pobres y no del dinero” y quien, a pesar de todo, seguía siendo el favorito del país.

Con más del 80% del apoyo popular, Lula decidió entonces retar su suerte y decidió lanzarse como candidato a la reelección presidencial en el 2018, asegurando ante el juez Sérgio Moro que era “víctima de una caza de brujas”.

A pesar de los recursos interpuestos por su defensa ante el tribunal, los jueces desestimaron las solicitudes y dieron luz verde a una condena de 12 años por corrupción el 27 de marzo del 2018, lo que detonó manifestaciones en todo el país a favor de Lula y una escalada de violencia en las calles.

Finalmente el 4 de abril la Corte Suprema llevó a cabo la votación definitiva durante cuatro horas y media de debates, donde finalmente se resolvió el aprisionamiento del ex mandatario, dándole un lapso de 48 horas para entregarse voluntariamente.

Pareciera que la importancia de Lula en el inconsciente colectivo de su país no disminuirá con su encarcelamiento, pues antes de entregarse voluntariamente a la policía, Lula hizo del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo – el lugar donde hace cuarenta años empezara su vida política – su última escena.

Cientos de personas en las calles – la mayoría del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) se manifestaron con pancartas siguiendo de cerca la última votación del Tribunal, y fueron acompañados durante los días siguientes con simpatizantes del ex presidente, quienes esperaban que se rehusara a entregarse.

Finalmente el día sábado, Lula se dirigió a pie a un vehículo de la Policía Federal, y fue trasladado en un helicóptero de la policía a la ciudad de Curitibia al sur del país, según informó la BBC.

Allí, el adorado de Brasil vivirá como condenado en una celda especial de 15 metros, durante los próximos 12 años.