Dos legisladores estadounidenses de origen asiático piden al Departamento de Justicia que proporcione información actualizada sobre la Ley de Delitos de Odio COVID-10, que se firmó hace cuatro meses. 

El lunes 20 de septiembre, la senadora Mazie Hirono y la diputada Grace Meng enviaron una carta al fiscal general Merrick Garland en la que instaban a aplicar las disposiciones clave de la ley que son "fundamentales para su eficacia".

Garland anunció previamente una serie de medidas destinadas a ayudar al Departamento de Justicia a aplicar la ley, entre ellas la asignación de una fiscal general adjunta, Rachel Rossi, para organizar los recursos contra los delitos de odio.

En la carta, Hirono y Meng destacaron el aumento de la violencia hacia los asiático-americanos de edad avanzada y el tiroteo en un balneario de Atlanta en el que murieron ocho personas, seis de ellas mujeres de ascendencia coreana.

La carta llega semanas después de que un reciente informe del FBI revelara que el número de delitos de odio del año pasado fue el más alto en más de una década.

Según el informe, más de 10.000 personas denunciaron a las fuerzas del orden el año pasado haber sido víctimas de un delito de odio por su raza, orientación sexual, género, religión o discapacidad.

"Le pedimos que preste atención a estos asuntos y que nos informe periódicamente de sus progresos mientras sigue aplicando la Ley de Delitos de Odio COVID-19 y trabajando para reducir la violencia por xenofobia y odio en nuestro país", decía la carta.

El presidente Biden firmó la legislación, copatrocinada por Hirono y Meng, el 20 de mayo, después de que obtuviera el apoyo bipartidista en el Congreso. En ella se ordenaba al Departamento de Justicia que acelerara la revisión de los delitos de odio relacionados con la pandemia denunciados a las fuerzas del orden para ayudarles a crear formas de denunciar estos incidentes en línea y a realizar actividades de divulgación pública. 

Aunque la carta elogiaba los esfuerzos de Garland por combatir los delitos de odio, pedía que el Departamento de Justicia profundizara en el establecimiento de la denuncia en línea de los delitos de odio y otros incidentes. 

La carta hacía referencia a un análisis reciente de la herramienta de denuncia Stop AAPI Hate, que mostraba que en 15 meses se produjeron más de 9.000 incidentes por prejuicios contra los asiáticos.

La mayoría de los incidentes -un 63,7%- fueron casos de acoso verbal, mientras que el rehuir o evitar representó un 16,5%. En torno al 13,7% de los incidentes fueron agresiones físicas. 

Hirono y Meng explicaron que no todos estos incidentes, como el rehuir y el acoso verbal, pueden clasificarse como delitos de odio, "el ímpetu de estas acciones es el mismo: el miedo y la xenofobia". 

Afirmaron que para abordar con éxito las causas profundas de este sesgo y animosidad, es necesario tener una "imagen clara y completa del alcance del problema", y que los datos de los delitos de odio por sí solos no son suficientes. 

En la carta también se pedía un aumento de las campañas de educación pública destinadas a concienciar sobre los delitos de odio en varios idiomas para animar a las víctimas a denunciar sus experiencias. 

Los legisladores también pidieron que la ley se aplique a todos los delitos de odio que se produzcan durante la pandemia, citando los ataques antisemitas de mayo y las muertes de al menos 44 personas transgénero o no conformes con el género el año pasado. 

La carta concluye compartiendo la preocupación de que, a medida que la pandemia avanza, la frustración por el virus "sin duda resurgirá", y con ella, más incidentes de odio.

"Tememos el impacto que esto pueda tener en la perpetuación de la violencia basada en el odio contra las personas", decía la carta. "La plena aplicación de la Ley de Delitos de Odio COVID-19 ayudará a frenar la marea contra más violencia".