Hagamos algo de memoria: la campaña de Trump despegó con declaraciones que calificaban a los inmigrantes mexicanos de violadores y traficantes de drogas; el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fue suspendido tan solo meses después de la investidura del presidente, y más de 3.000 niños inmigrantes han sido separados de sus familias y algunos de sus padres han sido deportados; y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) han comenzado a perseguir a ciudadanos legales amenazando con quitarles la ciudadanía.

No hace falta ser físico cuántico para entender que este gobierno ha declarado la guerra a la inmigración, documentada o sin documentos.

En el mismo lugar donde Donald Trump ha prometido construir un muro, donde su administración ha separado a miles de familias y donde la guardia nacional fue enviada para reducir la inmigración indocumentada, ahora la administración ha empezado a decomisar pasaportes a ciudadanos estadounidenses.

Según reportó el Washington Post, “a un creciente número de personas cuyos registros de nacimiento oficiales muestran que nacieron en Estados Unidos” les están siendo denegados pasaportes, y su ciudadanía está siendo “repentinamente cuestionada”.

“La Administración Trump está acusando a cientos, y posiblemente miles, de latinos a lo largo de la frontera de usar certificados de nacimiento fraudulentos desde que eran bebés”, continúa el medio.

Si bien el gobierno ha declarado que no ha cambiado los procedimientos de adjudicación de pasaportes, sí ha admitido que “la región fronteriza entre México y Estados Unidos es un área del país donde ha habido una importante incidencia de fraude de ciudadanía”.

El Post ha reportado casos de solicitantes de pasaporte que han sido detenidos en centros para inmigrantes y se ha dado inicio a sus procesos de deportación, así como otros que se han visto atrapados en México sin la posibilidad de volver a entrar al país.

“A medida que la administración intenta reducir tanto la inmigración documentada como la indocumentada, el tratamiento que el gobierno da a los solicitantes de pasaportes en el sur de Texas muestra cómo los ciudadanos de EE.UU. son cada vez más desplazados por las agencias de inmigración”, agrega el medio.

Esta nueva estrategia está argumentada bajo el alegato de múltiples casos de fraude de documentación entre los años 50 y 90 por parte de parteras, comadronas y ginecólogas quienes “proveían certificados de nacimiento estadounidense a bebés nacidos en México”.

Administraciones previas, como la de Bush y la de Obama, recurrieron a mecanismos parecidos a la hora de denegar pasaportes a personas que se sospechaban eran poseedoras de certificados fraudulentos. El cambio ahora es que el gobierno de Trump no solo ha aumentado la frecuencia de denegación de documentos, sino que también ha procedido a revocarlos, solicitando documentación adicional en algunos casos y, en otros, denegándolo por completo.

La denegación de un pasaporte, según explica el columnista Eugene Robinson, efectivamente “convierte a las víctimas en apátridas”, lo que implicaría que estas personas “no pueden viajar fuera del país pues no serán readmitidas, y son potencialmente vulnerables a ser deportadas”.

“Una vez más, se trata de personas que tienen certificados de nacimiento emitidos por el gobierno, aceptados durante mucho tiempo como una prueba dorada de ciudadanía”, explica Robinson. “La Administración de Trump simplemente no ve a los Latinos como estadounidenses de pleno derecho”.