Tienen serios problemas que solucionar – con pérdidas de empleo más altas que en el estado de Michigan, un problema de ejecución de hipotecas y problemas presupuestarios mayores que los de California.

    Se pensaría que un gobierno estatal creativo maquinaría para aumentar las rentas, para reestructurar la economía y para evitar enajenar a un tercio de su población.

    Pues, hay que volver a pensarlo.

    Los estudios ya han demostrado que la inmigración ilegal – un problema de peso – se ha reducido en aquel estado. No obstante, la comunidad de personas sin ciudadanía contribuye algo así como $1,500 millones a la economía del estado, según un estudio realizado por la Universidad de Arizona en el 2008. El estimado más reciente de la producción económica, en el 2004, mostró que los trabajadores inmigrantes contribuyeron $44 mil millones ($29 mil millones los no-ciudadanos) lo cual suma un total de 400.000 empleos a tiempo completo.

    Después de descontar los costos públicos, queda un impacto positivo de $940 millones netos gracias a los inmigrantes que viven en Arizona.

    Por ende, si el problema no es económico, ha de ser la delincuencia. Pero, según el FBI, la criminalidad no está en aumento en Arizona.

    Entonces, ¿de dónde sale toda esta ira y maldad?

    Periodista irritante Greg Palast dice que el verdadero problema no trata de los inmigrantes “ilegales” sino de los latinos legales.

En una columna que redactó en The Guardian, una publicación británica, Palast dice que la gobernadora Jan Brewer, del partido republicano, firmó la legislación “estilo soviético” (escribió él, no yo), otorgándoles a las autoridades una amplitud de acción sin precedente para pedirle documentos de ciudadanía a prácticamente quién quisieran, no por el problema federal sin resolución de la inmigración ilegal, sino como una medida de control social para convertir a los hispanos legales en una clase de personas sospechosas.

    ¿Por qué?

    Porque el número creciente de la población hispana y su comportamiento electoral dos-a-uno a favor de los demócratas.

    Tras las elecciones del 2004, Brewer fue la responsable de purgar de los registros de electores a 100.000 hispanos, quienes quedaron vedados, sin poder votar. En el 2005, uno de cada tres residentes de Phoenix se encontró con su solicitud al registro electoral bloqueada. Como secretaria de Estado para Arizona, Brewer organizó una purga de tinte racial de las listas de electores.

    Esta táctica ya se ha visto en Arizona. Allá por 1970, Raúl Castro, ex fiscal del condado Pima (Tucson) y embajador bajo Lyndon Johnson, candidateó para ser gobernador de Arizona. La legislatura, dominada por los republicanos, pidió una nueva registración de los registros electorales. La gente con barreras lingüísticas no pudo responder a tiempo. El republicano Jack Williams le ganó a Castro con un 50,9% del voto.

    En 1974, Castro se lanzó de nuevo. Esta vez, derrotó a Williams, con un margen electoral de 9.000 votos provenientes de la Nación Navajo, ya que el resto del estado quedó prácticamente en un punto muerto.

    La ley de Arizona que le otorga a las autoridades estatales y locales una discreción increíble para pedir documentos de ciudadanía es un viejo truco con un nuevo propósito. Intenta hacer clase aparte a los latinos y tal vez suprimir su posible voto mediante la humillación social, cuando su legitimidad queda cuestionada como muy pocos otros en el estado.

    La ley de Arizona intenta demorar o revertir una tendencia que ya va de avanzada. El demócrata Bill Clinton se llevó el estado en 1996 y Janet Napolitano, otra demócrata, fue electa gobernadora dos veces. Cinco de los ocho miembros de la Cámara de Representantes por Arizona son demócratas. Y la población hispana llega a marcar el 30% de la población del estado.

    Palast percibe que los hispanos que viven aquí legalmente son el verdadero blanco del azote estatal contra los inmigrantes indocumentados. La potencia política latina está en auge, en lo que llegan a la edad de votar mayores números de una población joven que está creciendo. Palast proyecta que, “Los republicanos saben que su partido pronto se convertirá en polvo electoral”.

La expectativa que los ciudadanos latinos estadounidenses, tildados con el estigma de “extranjero ilegal”, se encojan y dejen de votar para entregarle la victoria a lo manipulante e inmerecido, es una táctica del pasado. Hoy la reacción se manifiesta con un boicot cada vez mayor económico y deportivo del estado.

¿Por qué?

    Porque todos reconocen una persecución a propósito cuando se presenta.