De la misma manera como Birmingham, Alabama, se convirtió en el
detonante de la legislación radical en defensa de los derechos civiles
en 1964, Arizona está convirtiéndose en el epicentro de eventos que
podrían forzar al Gobierno federal a arreglar su inoperante sistema de
inmigración de una vez por todas.

Arizona ha estado incitando la acción federal por mucho tiempo,
pero ahora con la promulgación de la norma SB1070 parece haber cruzado
la raya. La ley le permitirá a las autoridades exigir una prueba de
ingreso legal a Estados Unidos a cualquiera que sea sospechoso de
haberlo hecho ilegalmente. Incluso, si no se ha cometido ningún crimen o
infracción, la policía tendrá el derecho de detener a un individuo para
solicitarle los documentos migratorios apropiados.

Los funcionarios en Arizona no están autorizando la
discriminación racial, por supuesto; pero están demasiado cerca de
hacerlo. ¿Bajo qué otras justificaciones -fuera de la raza, etnicidad o
acento- podría la policía de este estado determinar quién debe ofrecer
pruebas de su legalidad en el país?

“Vamos a parecernos a Alabama en los años sesenta”, se lamentó el
representante estatal y republicano moderado, Bill Konopnicki, en The
New York Times.

Manifestantes tomaron las calles en protesta por la ley a pocas
horas de haber sido promulgada y se planean más demostraciones a lo
largo de la nación para el primero de mayo. Líderes de las ciudades de Los
Ángeles y San Francisco han convocado a los gobiernos locales para que
boicoteen aquellos bienes y servicios provenientes de Arizona y están
alentando a empresas privadas para que hagan lo mismo.

Sin embargo, no se puede decir que los legisladores de Arizona no
tengan defensores. De hecho, contrapartes en Texas y Ohio han expresado
su intención de presentar propuestas similares en sus legislaturas.

No obstante, es en Arizona donde converge la atención. Glenn T.
Eskew, profesor de historia de la Universidad Estatal de Georgia y autor
del libro But for Birmingham: The Local and National Movements in the
Civil Rights Struggle afirmó: “Para los críticos de la ley de
inmigración, sus promotores les recuerdan a los defensores de la
supremacía blanca durante los momentos más álgidos del movimiento por
los derechos civiles”.

En este momento, no es seguro que la ley en Arizona llegue a ser
aplicada. Muchos esfuerzos se han iniciado para cuestionar su
constitucionalidad, incluido uno por parte del Departamento de Justicia
de Estados Unidos.

Tampoco es seguro que el Congreso reaccione de forma inmediata,
ni logre una reforma integral antes de las elecciones legislativas de
noviembre. En los últimos cuatro años, el Parlamento ha fallado dos
veces al intentar aprobar una reforma migratoria exhaustiva, a pesar de los esfuerzos considerables por parte de activistas y la
presión de votantes hispanos, el segmento de la población estadounidense
con más vertiginoso crecimiento.

El presidente Obama reconoció hace pocos días que tal vez no haya
“apetito” en el Congreso para abordar el tema de manera inmediata.
Después de una batalla en torno a la reforma de la salud y con mucho
todavía por hacer en legislación energética, quizás la inmigración tenga
que esperar. Hay, además, que sumar el hecho de que los republicanos
han dicho que cooperarán para lograr una norma climática sólo si el tema
migratorio se pospone.

De cualquier manera, el día en que la gobernadora de Arizona, Jan
Brewer, firmó la ley, el Gobierno federal tomó nota y Obama advirtió:
“Nuestro fracaso en actuar responsablemente sólo abrirá la puerta para
la irresponsabilidad de otros”. Cinco días más tarde, el 28 de abril, el
líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, y los senadores Bob
Menéndez y Charles Schumer circularon un borrador de un nuevo proyecto
de ley de inmigración.

Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks USA, una federación
de empresarios que abogan por la reforma migratoria, quisiera creer que
los eventos de Arizona llevarán a una reforma integral y justa. Pero
teme que, en medio de las campañas políticas para la elecciones
legislativas, los demócratas se apresurarán a presentar un proyecto que
no haga ninguna concesión a los republicanos, lo que pondría en peligro
la oportunidad de lograr una reforma seria quizás por años.

Sin embargo, las primeras versiones de prensa sobre el proyecto
de Reid, Menéndez y Schumer hicieron que Jacoby se sintiera un poco
optimista. “La clave está en los detalles, pero ... parece
prometedoramente equilibrado”, dijo en una entrevista. También
esperanzadoras fueron las palabras de Obama cuando se le preguntó sobre
las perspectivas de una reforma. En conversación con reporteros a bordo
de Air Force One afirmó: “No quiero que hagamos algo por razones
políticas y que no resuelva el problema”.

Los eventos de Arizona han sacudido la conciencia, pero todavía
no se llega al punto en que los políticos de todos los colores ya no
puedan posponer más una respuesta a sus causas. Antes de los brutales
sucesos contra manifestantes en Birmingham en 1963, recordó Glen T.
Eskew en una entrevista, Robert Kennedy alertó que nadie en el Congreso
discutía seriamente el “problema racial”. Después de la violencia, sólo
se hablaba de ello en el Parlamento.

Arizona no nos ha llevado exactamente hasta ese punto, pero al
menos- nos ha puesto más cerca.