Fue apenas hace siete años que Washington no pudo calificar como golpe la remoción armada y forzosa de un líder elegido democráticamente. Para la administración Bush, el derrocamiento del Presidente Hugo Chávez por militares venezolanos en abril de 2002 fue un simple “cambio de gobierno”, algo que no era necesario condenar.

Por el contrario, aquel gobierno reconoció ansiosamente al gobierno civil interino impuesto por los militares porque no le gustaba Chávez, en particular sus estrechas relaciones con Fidel Castro en Cuba. La administración Bush prefirió la conveniencia ideológica a los principios y cuando el golpe se frustró en pocas horas, Washington se vio a la defensiva y su influencia en la región sufrió serio menoscabo.

La expulsión militar del Presidente hondureño José Manuel Zelaya el 28 de junio es obviamente un retroceso para las Américas. Pero la respuesta que ha provocado no lo es. El mismo día que fue arrastrado de su dormitorio, forzado a subirse a un avión y depositado en un aeropuerto en Costa Rica, Washington se unió al resto del hemisferio para condenar el golpe y demandar el “retorno incondicional e inmediato” de Zelaya.

Claro que no faltan en Washington los que se sienten tentados a aprobar la expulsión. Tras hacer campaña como candidato conservador para la presidencia en 2005, Zelaya hizo un giro abrupto a la izquierda ya en su cargo. Inscribió a Honduras en Petrocaribe, lo que le dio acceso a petróleo venezolano con condiciones preferencias de pago, y en la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe, un organismo de integración económica de izquierda liderado por Chávez.

La alianza con Chávez le dio a Zelaya un sentimiento de respaldo que, de lo contrario, habría tenido que buscar por medio de negociaciones y acuerdos con líderes políticos e instituciones hondureñas. Los petrodólares de Chávez, un factor insidioso comparable con los narco dólares, como el ex líder guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos observó recientemente en El País de España, han servido para destruir instituciones y polarizar al país.
Finalmente, Zelaya fue demasiado lejos y consternó a demasiadas personas. Su insistencia en llamar a un referendo para reformar la constitución fue visto por sus enemigos como un intento de perpetuarse en el poder.

La Corte Suprema del país, el Congreso y el fiscal general aseguraron que el referendo era ilegal, lo mismo que la decisión de Zelaya de destituir al comandante de las fuerzas armadas y su desafío al fallo del alto tribunal de reinstituirlo. Esos actos justificaron el golpe, según los líderes opositores.

Afortunadamente, Estados Unidos, como el resto de la comunidad internacional, evitó una reacción impulsiva, y mantuvo sus principios: “siempre queremos estar del lado de la democracia, incluso si los resultados no siempre significan que los líderes ... favorecen a Estados Unidos”, dijo Obama al día siguiente de la expulsión de Zelaya.

Esta postura basada en principios pone a la Organización de Estados Americanos, de la cual Estados Unidos es miembro, en una posición mucho más fuerte como mediador y podría ayudar a contener el daño que el golpe ha causado a la democracia hondureña. En el momento que esta columna se distribuye, una misión diplomática encabezada por el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza está en Tegucigalpa emitiendo un ultimátum de 72 horas al gobierno interino de Roberto Micheletti para que se retire o convierta a Honduras en el primer país suspendido de la OEA por violaciones democráticas.

Para convencer a los líderes del golpe a que acepten el retorno de Zelaya, la OEA tendrá que asegurar que gobierne dentro de sus “funciones constitucionales” algo que ha dejado de hacer con varios líderes regionales en el pasado reciente. Si la misión tiene éxito, la OEA tanto como la democracia hondureña ganarán.
Esta situación también ha fortalecido a la Carta Democrática Interamericana. En sus primeros siete años y medio de existencia, la Carta ha servido sobre todo como blanco de burla por parte de líderes que en los últimos días la han usado, en cambio, como un instrumento para defender el orden democrático.

En particular, Chávez mismo ha parecido de repente suscribirse a las mismas cosas que tanto ha menospreciado. A pesar de su típico toque de tambores de guerra prometiendo hacer “todo lo que tengamos que hacer” para regresar a Zelaya y ordenando a sus tropas estar “en alerta” --, Chávez pareció convertirse brevemente en un participante más constructivo en el hemisferio: respaldó a la Carta e hizo propuestas como la presentada durante la redacción de la resolución de la OEA “para condenar el cierre de estaciones de radio y televisión”.

Como observó Jennifer McCoy, directora del Programa de las Américas del Centro Carter, “pone al gobierno venezolano en la misma posición de defender ... derechos que otros quieren defender también en Venezuela”. Cuando uno defiende derechos en lo abstracto, debiera ser más difícil atacarlos en forma selectiva, agregó.
Ya lo quisiéramos. Pero al menos, gracias a que Estados Unidos ha optado por adoptar una posición de principios en vez de conveniencia, esa posibilidad es hoy más cercana que antes.