El gobernador Tom Wolf impuso un moratorio a la pena de muerte en Pensilvania, el cual permanecerá en efecto hasta  que reciba y analice un reporte sobre la efectividad de la pena capital en el estado.

“Este moratorio no es de ninguna manera una expresión de simpatía hacia los culpables en pena de muerte”, dijo Wolf. “Esta decisión está basada en un sistema fallido que ha demostrado ser un ciclo infinito de procedimientos en cortes, que además son inefectivos, injustos y caros”.

Actualmente, 186 individuos están en pena de muerte en Pensilvania, el quinto estado de la nación con el mayor número de personas en pena de muerte. Sin embargo, en los últimos 40 años, el estado solo ha ejecutado a tres. 

En ese mismo periodo, los gobernadores del estado han firmado 434 penas de muerte, pero con excepción de las tres ya mencionadas, todas las demás han sido revocadas por una corte. 

“Este ciclo sin fin de ordenes de pena de muerte y apelaciones desvían recursos del sistema judicial y fuerzan a las familias a las seres queridos de las víctimas a revivir la tragedia cada vez que que comienza una nueva ronda de ordenes de pena de muerte y apelaciones”, dijo Wolf. “Lo único certero en el sistema actual es que el proceso es costoso y doloroso para todos los involucrados”.

Seis hombres en pena de muerte en Pensilvania han sido exonerados mientras que otros han sido sentenciados de nuevo luego de que alguna corte encontrara circunstancias mitigantes o fallas en el proceso penal.

“Si el estado de Pensilvania va a tomar el paso irrevocable de ejecutar a un ser humano, su sistema de sentencia a pena capital debe ser infalible”, dijo Wolf. “El sistema de Pensilvania está lleno de fallas, lo que lo hace sujeto a errores, costoso, y de todo, menos infalible”.

Por otra parte, Wolf hizo referencia a reportes de la Corte Suprema de Pensilvania y de la Asociación de Abogados de EE.UU., sobre cómo las minorías son sentenciadas de manera desproporcionada a la pena capital, particularmente cuando las víctimas son blancas.