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'Voter ID' no será implementada, si acepta la corte

La corte dará a conocer su decisión respecto a la implementación de la ley el próximo 19 de agosto.  

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La controversial ley Voter ID probablemente no será implementada en las próximas elecciones de noviembre en Pensilvania luego de que las dos partes involucradas en el juicio llegaran a este acuerdo, pero  este aun requiere la aprobación de la corte. 

El principal argumento de la parte demandante es que la implementación de la ley, que exigiría a votantes contar con una identificación aprobada por el estado para ejercer su voto, debería permanecer bloqueada —como ha sido desde antes de las elecciones presidenciales del 2012— hasta que se resuelva si es o no constitucional. 

Por otra parte, los defensores y abogados del estado argumentaron que su implementación debería ser considerada de acuerdo a cada periodo electoral. 

Durante la última audiencia del juicio el pasado primero de agosto se habló sobre la posibilidad de un "lanzamiento suave", lo que significaría que en las elecciones de noviembre próximo se le podría preguntar a los votantes si cuentan con una identificación, más no como un requisito para ejercer su voto. 

Sin embargo, la parte demandante se negó a esto ya  que consideran solo crea confusión entre el público general y aleja a los votantes de las casillas. 

En respuesta, los defensores de la ley promueven una fuerte campaña para informar al público.

Sin embargo, cabe recordar el desastre que fue el llamado "lanzamiento suave" de la ley en las elecciones primarias del año pasado, en las que incluso se colgaron carteles en algunas de las casillas para anunciar erróneamente que se requería identificación para votar. 

Conforme se acerca la fecha en que los votantes del estado elegirán a algunos de sus funcionarios municipales en noviembre, la corte dará a conocer su decisión respecto a la implementación de la ley el próximo 19 de agosto.

Durante el juicio, una de los grandes motivos de controversia y desacuerdo fue respecto a la cantidad de personas que no cuentan con la identificación necesaria para votar según los requisitos de la ley, y la cual fue estimada por la oposición en medio millón de personas.