Por mucho tiempo los inmigrantes han sido víctimas perfectas de notarios públicos y estafas de inmigración hechas por no-abogados en busca de una ganancia rápida. Existen varios factores por los que inmigrantes pueden ser una presa fácil, siendo uno de ellos el concepto erróneo que tienen del sistema legal de Estados Unidos.

"Desafortunadamente son una población muy vulnerable y aquellos negocios con malas intenciones lo saben y se aprovechan de esto para su propio beneficio", dijo Vanessa Stine, una ‘fellow’ de justicia social en la organización Friends of Farmworkers. "También hay negocios bien intencionados que tratan de ayudar a personas con problemas complicados de inmigración que pueden tener resultados realmente desastrosos".

Sin embargo este año iniciará una nueva etapa en la lucha contra el fraude de inmigración, con la implementación de una nueva ordenanza del gobierno de Filadelfia desarrollada para regular a negocios que ofrezcan servicios de inmigración.

El Concejo de Filadelfia aprobó en diciembre pasado el proyecto de ley Nº 140142, una ordenanza presentada por el concejal ‘at-large’ Dennis O'Brien, que se espera entrará en vigor este verano.

"Mi esperanza con esta ordenanza es que aclarará tanto a consumidores como a negocios lo que pueden y no pueden hacer legalmente. Honestamente los negocios establecidos solamente para defraudar a la gente no van a poder cumplir con los requisitos", dijo Stine.

La abogada se unió a Friends of Farmworkers en otoño pasado para liderar un proyecto que proporciona representación legal directa y educación comunitaria para consumidores de bajos ingresos que han sido víctimas de servicios de inmigración fraudulentos en Pensilvania.

Stine dijo  que la causa del fraude notarial radica en las diferentes definiciones legales entre lo que es un notario público en Estados Unidos, en comparación con otros países. Definido como un funcionario de integridad nombrado por el gobierno estatal cuyo deber es rectificar los firmantes de documentos importantes, en Pensilvania los únicos requisitos para convertirse en un notario público es ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales y tomar un curso de tres horas.

"En América Latina, un notario público es un tipo de abogado especializado. Por ejemplo, en México es una persona que tiene al menos tres años de experiencia legal. Sin embargo, en EE.UU., es alguien que no tiene capacitación formal, que puede verificar que la firma que se está trazando en un documento es el mismo nombre que se encuentra bajo la identificación", dijo Stine.

Otras razones por las que los inmigrantes tienden a buscar los servicios de un notario público en lugar de a un abogado, son la disponibilidad de servicios notariales en dichas comunidades, a veces promocionando ilegalmente servicios de inmigración.

"Algunos notarios públicos que ofrecen servicios de inmigración cobran tarifas más bajas que un abogado privado, y la gente piensa que son más económicos. También he sabido de terribles estafas donde estos negocios cobran $5.000 o $10.000 dólares, mucho más de lo que un abogado cobraría, por un trámite para el que el cliente en realidad ni siquiera es elegibles", dijo Stine.

Bajo esta nueva ordenanza, cualquier persona o negocio que ofrezca servicios relacionados con inmigración deberá registrarse anualmente con el gobierno local. Según Stine, la lista de registro estará disponible al público incluyendo tanto a los negocios registrados como a los no registrados, para tener un control más específico de corroboración.

"Esta ordenanza también ayudará a aquellos negocios que están tratando de ayudar a inmigrante, pero que en realidad no saben cuál es el límite para su servicios. Esta ordenanza realmente traza una línea para ellos", dijo Stine.

Otros requisitos de la nueva ordenanza incluyen:
• Publicar un anuncio multilingüe, proporcionado por el gobierno local, que informe y advierta a los clientes que el proveedor no es un abogado con licencia ni autorización para prestar asistencia jurídica.
• Proporcionar a cada cliente un folleto multilingüe que describe los derechos del consumidor, las responsabilidades del proveedor y los pasos para reportar fraude.
• Proporcionar a cada cliente un contrato por escrito de los servicios en un idioma que el cliente comprenda, copias de cada documento que se utilice y recibos de todos los pagos.
• Obtener una fianza de bonos.
• Aclarar específicamente qué servicios se proveen en anuncios publicitarios.

Aunque estos nuevos requisitos proporcionan una mayor protección a los derechos de los inmigrantes, Stine destacó que cualquier inmigrante que inicia un trámite de servicios legales tiene que tener muy en claro qué beneficio está solicitando, porqué es elegible a este beneficio y la cantidad de los costos para dicho beneficio de inmigración.

"Mi consejo para las personas es siempre buscar a un abogado. Sé que no todos los abogados son buenos y conozco a gente que ha tenido muy malas experiencias con ellos. Pero la gente realmente tienen que informarse e investigar datos durante la búsqueda de servicios legales, y siempre es una buena idea obtener una segunda opinión de más de uno", dijo Stine. "Sé que no  hay suficiente ayuda por parte de organizaciones no lucrativas, pero sigo pensando que son un buen primer paso para obtener una consulta. Si no pueden ayudarle ellos mismos puede proveer un listado de abogados acreditados".

Para obtener más información puede contactar a Vanessa Stine al (215) 733-0878, extensión 140. También puede visitar la página Friends of Farmworkers.