Antes de que venza el plazo, el próximo 30 de junio, el ayuntamiento de Filadelfia deberá presentar pruebas al gobierno de Washington conforme las actuales políticas municipales sobre inmigración no violan la nueva legislación federal en contra las "ciudades santuario." La nueva ley 8 U.S.C. 1873 establece que cualquier política que obstaculice el intercambio de información sobre el estatus migratorio de las personas con los agentes federales es contraria a la legislación federal. 

Con $1.67 millones en juego, los políticos municipales esperan poder tener acceso a financiación pública de las arcas federales, y a la vez garantizar que la ciudad no esá recogiendo información sobre inmigración de forma activa. 

Tal y como constató la Procuradora municipal, Sozi Pedro Tulante, "en la práctica, las políticas llevadas a cabo por la ciudad de Filadelfia resultan en el intercambio de información con el gobierno federal sobre criminales sospechosos o en detención bajo custodia de la Ciudad, así como en la protección de información confidencial sobre individuos que no suponen ninguna amenaza criminal," añadió.

El terminio para presentar las pruebas de cumplimiento fue comunicado el pasado 21 de Abril, cuando el Departamento de Justicia confirmó que el plan del Fiscal Genral de los EEUU Jeff Sessions es penalizar a las ciudades que no cooperen privándolas del acceso a los fondos federales.

Sin embargo, el alcalde Kenney mostró su plena implicación con la comunidad inmigrante de Filadelfia prometiendo que "aunque es consciente del miedo y los rumores que circulan en estos días, "les voy a tratar como a cualquier otro ciudadano de esta ciudad." 

Insistiendo en que las políticas llevadas a cabo por la ciudad son legales, Kenney reiteró que las "ciudades santuario" existen desde 2001, bajo el mandato alcade Nutter y el entonces jefe de la Policía John Timoney, y que la ciudad no piensa cambiar su política migratoria, ya que las leyes actuales protegen los derechos de cada residente, sea cual sea su estatus migratorio. 

"No podemos imaginar que el gobierno federal tenga interés en alguien respetuoso con la ley," dijo Tulante.