En el verano de 1966, el Dr. Martin Luther King, Jr., dirigió una manifestación por la libertad que atrajo a decenas de miles de personas en Chicago. Los manifestantes hacían un llamado para ponerle fin a las prácticas de vivienda injustas contra las personas de color, formando sindicatos de inquilinos para defenderse a sí mismos. Dos años más tarde, King fue asesinado, pero parte de su legado fue preservado una semana después de su muerte con la aprobación de la Ley de Vivienda Justa.

Hoy en día, la discriminación en la venta, alquiler o financiamiento de la vivienda sobre la base de raza, género, religión, origen nacional, discapacidad y número de hijos está prohibida en virtud de la ley federal. Las leyes locales y estatales, inclusive las de Filadelfia, prohíben la discriminación sobre la base de la orientación sexual. 

No obstante, casi 50 años después de que el Congreso aprobó la Ley de Vivienda Justa entre las protestas subsiguientes al asesinato del Dr. King, los inquilinos aún enfrentan la discriminación sobre la base de quiénes son y cuánto dinero devengan. Debido a esto, casi 50 años después de la muerte del Dr. King, la vivienda continúa siendo segregada en todo el país. 

En 2013, los profesores John Logan y Brian Stults de las Universidades de Brown y Florida State hicieron uso de la información del censo de 2010 para trazar la segregación en las ciudades estadounidenses, calificando y categorizando su segregación de las comunidades de afroamericanos, latinos y asiáticos. Chicago, en donde tantos se organizaron para luchar contra la segregación de la vivienda décadas antes, fue mencionada como la séptima ciudad más segregada en la nación, seguida de cerca por el área de St. Louis, inclusive de Ferguson. El área metropolitana de Filadelfia descendió al lugar 16 en la lista. Las áreas con poblaciones de latinos grandes y concentradas, incluso Reading, Pensilvania, se encontraban entre las primeras diez de la lista.

La discriminación de la vivienda continúa siendo una realidad, a pesar de las leyes federales y locales que la prohíben y protegen contra las condiciones de vivienda peligrosas, las represalias de los propietarios y los desalojos injustos.  Docenas de instituciones de vivienda y organizaciones no lucrativas en la ciudad de Filadelfia ofrecen recursos y asistencia legal para ayudar a los inquilinos y propietarios de vivienda a ejercer sus derechos de manera que puedan asegurar que ellos, sus vecindarios y sus comunidades sean tratados de manera justa y equitativa en su situación de vivienda.

La Tenant’s Union Rights Network (TURN) de Filadelfia publicó una Declaración de Derechos de los Inquilinos –10 derechos que resumen la forma en que la ley federal, estatal y local protege los derechos de la persona individual a una vivienda segura. AL DÍA News conversó con los grupos no lucrativos y de defensoría para conocer sobre estos derechos y lo que los inquilinos pueden hacer para ejercerlos. 

1. El derecho a audiencia  

El propietario no puede sencillamente sacarlo a uno de la casa o apartamento que alquila, no sin una notificación y no sin una audiencia en el tribunal. Sin embargo, los desalojos ilegales siguen siendo un problema que los inquilinos en la ciudad enfrentan con frecuencia, dijo Phil Lord, director ejecutivo de TURN. La organización ofrece clases que cubren la ley y cómo manejar situaciones difíciles con un propietario. 

“Muchas personas vienen debido a desalojos, muchas personas vienen debido a reparaciones. Creo que están fundamentalmente relacionadas” dijo Lord. “Esta es una situación que veo con frecuencia: el lugar está ruinoso, el propietario no responde y uno tiene diez facturas que pagar. ¿Por qué pagar si el propietario no responde?”

“Pero no pagar para conseguir la atención del propietario no es la solución”, dijo Lord.

“Uno termina atrasándose con el pago de la renta y recibe un aviso de desalojo. El juez quiere saber por qué uno no está pagando la renta. Y uno dice, el techo tiene fugas”, dijo Lord. El juez, sin embargo, podría considerar que eso es solo una excusa para el impago de las facturas. 

“Es importante que las personas sepan desde el principio cuáles son las cosas que se deben y no se deben hacer en la lucha por conseguir reparaciones”, dijo Lord. Muchos no saben que existen leyes contra la discriminación y represalias por parte del propietario, mientras que otros asumen que están protegidos bajo la ley y abordan la situación de manera equivocada.

“Le aconsejamos a las personas que si van a retener el pago de la renta, deben prepararse para mudarse, de todas maneras”, dijo Lord. “Uno no quiere retener la renta y colocarse en peligro y no estar preparado para trasladarse si las cosas no salen bien. Es riesgoso hacerlo”.

Pero algunas veces un inquilino puede hacer todo lo correcto y aún enfrentarse a un propietario que amenaza con desalojarlo.

Mike Carroll, abogado principal para la “Community Legal Services Housing Unit” (Unidad de Servicios Jurídicos Comunitarios), dijo que sin importar cuál sea la razón, los propietarios tienen que presentarse con el inquilino en los tribunales antes de un desalojo. 

“Hay algunos propietarios que intentarán esquivar y evitar los tribunales –apagan la calefacción, apagan el agua, apagan la electricidad, retiran la puerta, cambian las chapas” dijo Carroll. Aunque los problemas de desalojo se resuelven mejor en los tribunales, Carroll dijo que algunas veces el proceso es demasiado largo como para poder abordar de inmediato el hecho de quedarse fuera de la casa porque no se puede entrar. En ese caso, los inquilinos pueden involucrar a la policía bajo la ordenanza municipal 9-1600, que prohíbe los desalojos de “auto-ayuda” como las que describe Carroll. 

“El oficial de la policía se presenta en la puerta y dice, “Su inquilino no tiene calefacción porque usted la cortó. Enciéndala o lo vamos a arrestar”. O “Usted dejó a la señorita Jones fuera de su casa –revisamos el registro de tribunales y no existe una orden de desalojo legal. Déjela volver a entrar o lo vamos a arrestar”. La policía tiene el poder para hacer eso”, dijo Carroll. 

Ya sea durante las interacciones de la policía o en los tribunales todas las instituciones de Filadelfia tienen la obligación de ofrecer acceso a intérpretes gratuito. Beth Shapiro de Community Legal Services dice que las instituciones,  ya sea la de Licencias e Inspección o el Departamento de la policía de Filadelfia, tienen acceso a intérpretes o intérpretes telefónicos capacitados. La municipalidad distribuye una tarjeta de acceso para idiomas que los residentes pueden mostrarles a los oficiales o instituciones. Si alguna vez alguna persona es ignorada debido a su idioma, Shapiro recomienda que se presente una queja con la Comisión sobre Relaciones Humanas de Filadelfia, marcando el teléfono 3-1-1.

2. El derecho a no ser sometidos a condiciones peligrosas

Bajo la ley de Pensilvania y el código de mantenimiento de la propiedad en Filadelfia, los propietarios deben reparar las unidades de alquiler dañadas que podrían afectar la salud o la seguridad de quienes las ocupan. Las malas condiciones y falta de reparaciones son las que generan la mayoría de los casos manejados por Community Legal Services, dijo Carroll. 

“Existe un nivel de vivienda en la ciudad por la que, económicamente, las personas pagan demasiado por viviendas de una calidad demasiado deficiente”, dijo Carroll. “Mes tras mes, dan avisos, presentan quejas y hasta involucran a la municipalidad. Sin embargo, no se realizan las reparaciones”. 

El Departamento de Licencias e Inspección de Filadelfia exige que los propietarios obtengan un certificado de idoneidad para la renta (Certificate of Rental Suitability) dentro de 60 días desde que la propiedad sea ocupada, además de una licencia de actividad comercial y una licencia de alquiler de vivienda. Antes de alquilar un apartamento o vivienda, los inquilinos pueden acceder a la información sobre las licencias de propiedad en línea a través del Departamento de Licencias e Inspección de Filadelfia, aunque la base de datos sólo está disponible en inglés. Los inquilinos potenciales también pueden solicitar que se les muestre el certificado de idoneidad para la renta.  

Si una propiedad infringe los códigos de salud o seguridad estatal y se considera insegura, el inquilino podría tener el derecho de romper el contrato de arrendamiento. 

El Departamento de Salud Pública también exige que los propietarios otorguen una Certificación de Revelación de la existencia de pintura a base de plomo en las viviendas para las familias con menores de seis años de edad, para asegurarle al inquilino que la propiedad está segura y libre de plomo.  

3. El derecho contra el acoso y la discriminación

Desafortunadamente, las leyes como la que exige la revelación de la existencia de pintura a base de plomo diseñadas para proteger a los inquilinos a veces conducen a la discriminación contra las familias con hijos pequeños. 

“Los propietarios tienen mayor probabilidad de discriminar contra aquellas familias con hijos pequeños porque no quieren hacer el trabajo adicional”, dice Lord. “Uno no puede discriminar debido a los niños”. 

Bajo las Leyes de Vivienda Justa y la Ley de Prácticas de alquiler injustas, los propietarios no pueden negarles a los inquilinos vivienda sobre la base de raza, religión, edad, discapacidad (tanto física como mental), género, fuente de ingreso, orientación sexual o violencia doméstica. Si un inquilino siente que se le ha negado vivienda por cualquiera de esos motivos, puede presentar una queja en línea ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) o la Comisión de Vivienda Justa.  

4. El derecho a la adaptación razonable

Así como los propietarios no pueden negar la vivienda o cobrar un alquiler más alto a las personas con discapacidades, bajo las Leyes de Vivienda Justa los propietarios están obligados a cambiar sus políticas para acomodar a los inquilinos afectados por ceguera, enfermedad mental, movilidad o enfermedad. Los residentes con discapacidades, bajo la ley federal, también tienen permiso para hacer sus propias adaptaciones razonables, incluso el de instalar rampas en edificios, bajar los puntos de entrada e instalar barras de sostén en los baños.  

5. El derecho al mantenimiento de servicios.

Los servicios y beneficios enumerados en el contrato de arrendamiento del inquilino no se pueden retirar a menos que el contrato sea renovado, según las Prácticas comerciales desleales y la Ley de Protección al Consumidor. Eso significa que si un propietario acepta pagar la factura del agua o ofrecer acceso a la lavandería, esos beneficios deben permanecer durante el plazo del contrato de arrendamiento.

Si al inquilino se le niegan esos servicios acordados en el contrato de arrendamiento, éste podría presentar una queja ante la Oficina del Fiscal General de Pensilvania y organizaciones como la Better Business Bureau, entre otras. 

6. El derecho a tener visitas

La Ley de Propietarios e Inquilinos de Pensilvania de 1951 asegura que los residentes pueden invitar a cualquier familiar, visitante o proveedor de servicios a la unidad alquilada por lo que la ley describe como “un período de tiempo razonable” sin cobro, cargo por servicios o renta adicional, sin importar qué esté escrito en el contrato de arrendamiento. 

7. El derecho a la devolución del depósito de garantía

Al trasladarse a un apartamento, el propietario generalmente cobra el equivalente a un mes de renta por concepto de depósito de garantía. De conformidad con la Ley de Propietarios e Inquilinos de Pensilvania de 1951, un propietario no puede quedarse con un depósito de garantía de más de un mes. Luego que la propiedad haya sido desocupada, el propietario debe devolver el depósito junto con la documentación de las deducciones dentro de un plazo de 30 días. Las deducciones sólo puede representar la renta impagada y daños que no sean los correspondientes al desgaste normal. 

8. El derecho a la privacidad residencial

Sólo porque el propietario es el dueño del lugar, no significa que él o ella pueda entrar al apartamento o casa que el inquilino arrienda en cualquier momento. En el contrato de arrendamiento, el propietario generalmente otorga una cantidad de tiempo adecuado para notificarle antes de ingresar a la unidad para realizar mantenimiento, hacer inspecciones o mostrar un apartamento a un inquilino potencial. A menos que haya una emergencia, un propietario debe obtener el permiso del inquilino para ingresar a su lugar de residencia.

Si el propietario infringe el derecho a la privacidad del inquilino, éste último podría romper su contrato de arrendamiento sin tener que deber renta durante lo que resta del plazo del contrato. 

9. El derecho a acceso a servicios públicos

Conforme los meses se vuelven más fríos, algunos residentes de Filadelfia se preocupan sobre el mantenimiento de los sistemas de calefacción en sus hogares. 

la Ley de Derechos de los Inquilinos a tener servicios públicos y el Código de Filadelfia exigen que los propietarios brinden acceso a la calefacción, gas y electricidad sin cobrarle al inquilino más de lo que cobra la compañía de servicios públicos, o exigir que el inquilino pague por los servicios públicos que se usan en las áreas comunes compartidas por otros inquilinos. Los propietarios tampoco pueden cortar los servicios públicos en vez de la renta. Una empresa de servicios públicos nunca puede cortar la calefacción, el gas o la electricidad sin dar aviso 30 días antes si el propietario no ha pagado la factura. 

Para los inquilinos que tienen problemas con el pago de la calefacción, el Departamento de Servicios Humanos de Filadelfia ofrece un programa de asistencia con la energía durante los meses de invierno para quienes cumplan los requisitos. 

10. El derecho contra represalias

Los inquilinos tienen derecho a organizarse, a participar en una asociación de inquilinos, a sacar provecho de los recursos jurídicos y abogar por reparaciones sin represalias por parte del propietario en virtud de la Ordenanza de Vivienda Justa de Filadelfia. Phil Lord dijo que luchar por los derechos propios requiere de un tipo de valentía y nivel de habilidad especial. 

“Las personas que llegan a nuestra clase por lo común descubren cómo es el sistema, sus oportunidades y lo que deben hacer –seguir su camino o ponerse de pie para luchar”, dijo Lord. “Luego hay otras personas que operan a otro nivel”.

Esos son los inquilinos que se sienten seguros y tienen los recursos para presentarse ante un juez y debatir que el propietario de su vivienda está equivocado, dijo Lord. Por último, están los organizadores –quienes organizarán una reunión de inquilinos si cortan la calefacción de su edificio, que lucharán contra el propietario y abogarán por más de aquello requerido por la ley.

“Eso es lo que hacen los sindicatos”, dijo Lord. “Me impresionan las personas que están dispuestas a luchar y marcar la diferencia. No sólo los ayuda a ellos, sino que otros también se benefician”.

Aquello contra lo que la ley no ofrece protección

Aunque las malas condiciones y desalojos injustos representan muchos de los problemas que enfrentan los inquilinos, Phil Lord dijo que cuando TURN encuesta a los inquilinos, el problema número uno es el costo cada vez más alto de la vivienda y la necesidad de contar con rentas asequibles en vecindarios de gentrificación. Lord dijo que el predecesor de TURN, TAG, abogó por y llegó cerca de instituir el control de la renta en la década de los 1970, pero al final de cuentas no lo logró. 

“El control de la renta, legalmente, sólo puede ocurrir durante una crisis de vivienda”, explicó Lord. “Pero sin duda hemos pasado por una y, en muchas formas, aún estamos en una”. 

Aún con el control de la renta, los propietarios aún pueden desalojar legalmente a los inquilinos si se vence su contrato de arrendamiento y buscan aumentar la renta. El año pasado el Concejal Bill Greenlee propuso un proyecto de ley para exigirle a los propietarios que dieran aviso de 90 días antes de aumentar la renta, como enmienda de un código existente que les prohíbe a los propietarios aumentar la renta sin abordar las infracciones relativas a la propiedad.

La ley también protegería a los propietarios, exigiendo que los inquilinos dieran aviso con 60 días de anticipación antes de trasladarse. Muchos propietarios en la ciudad quieren hacer lo correcto, dijo Lord. Aumentar los impuestos a la propiedad en los vecindarios sometidos a la gentrificación podría obligar a los propietarios a reevaluar la renta que cobran. 

“Las personas piensan en sus propiedades como que son sus propias propiedades, pero las personas necesitan un lugar para vivir. Y si no pueden pagar los precios y tienen que trasladarse, podrían irse del área o hasta quedarse sin techo”, dijo Lord. “La vivienda es un derecho humano”.