Entre los miembros de Decarcerate PA, coalición que lideró la marcha, se encuentran estudiantes, padres de familia y exconvictos.

Ellos marcharon y protestaron porque el Departamento de Correccionales de Pensilvania (PCD) ha solicitado $68 millones adicionales del presupuesto estatal para el próximo año fiscal.

También porque el PDC está llevando a cabo un proyecto de expansión de $400 millones de dólares en la localidad de Graterford en el condado Montgomery. 

El proyecto es el segundo más costoso que el estado ha construido en la historia —solo el Centro de Convenciones de Pensilvania en Filadelfia ha costado más dinero. 

La nueva correccional, que incluye dos complejos, será finalizada en el 2015 y servirá de hogar para los 4.000 convictos de la antigua prisión de Graterford, así como otros mil más. Esta última no será demolida para su posible uso en el futuro.

Mientras tanto, la educación pública en el estado ha sufrido recortes en los últimos años, y los estragos se han sentido particularmente en Filadelfia.

El Distrito Escolar de la ciudad enfrenta actualmente un déficit de $304 millones que lo ha llevado a operar con lo más básico. Aunque ha solicitado $120 millones al estado como parte del presupuesto del próximo año fiscal, el superintendente, William R. Hite, considera que no hay garantía alguna de que los recibirán. Incluso si lo hicieran, eso no cambiaría el hecho de que en un periodo de tan solo 18 meses, un total de 31 escuelas han cerrado sus puertas o están próximas a hacerlo —23 de ellas a partir de este verano.

Según el superintendente Hite, el índice de graduación en el distrito es del 64 por ciento y es mucho menor en la comunidad latina y afroamericana.

Un reporte del 2011, por Tom Ferrick, editor de Metropolis y colaborador de AL DÍA News, evidenció que el 51 por ciento de los jóvenes varones hispanos en el Distrito Escolar de Filadelfia nunca se gradúa de 'high school'.

Lo que es peor, el 26 por ciento de los varones latinos entre las edades de 18 y 24 años están en manos del sistema judicial, es decir enfrentan cargos criminales, están encarcelados, arrestados o en libertad bajo fianza.

Según el PDC, la construcción de la nueva prisión de Graterford reducirá los costos de operación de un promedio de $100 dólares diarios por recluso, a unos $70. Sin embargo, debido a los crecientes costos de pensiones y otros gastos, esto no significará ningún ahorro.

Para los miembros de Decarcerate PA, no es ninguna casualidad que una cuarta parte de los reclusos del estado provengan de Filadelfia, pese a que la ciudad es hogar de una octava parte de la población total del estado.

Ellos consideran que la clave no está en reducir tan solo los costos de operaciones de las prisiones, sino a la población de estas.

"Pensilvania no quiere, no necesita, y no puede costear más prisiones", dijo Brian Mertens, miembro de Decarcerate PA. "Queremos ver que el dinero de los contribuyentes de impuestos sea invertido en cosas que hacen a nuestra comunidad más fuerte, como la educación, salud, y servicios sociales, no en construir más celdas en prisiones". 

Por su parte, Eric Blaustein, maestro de la escuela primaria Hopkinson y miembro de la Federación de Maestros de Filadelfia, se preguntó, "¿qué clase de mensaje le estamos enviando a los niños cuando le damos la prioridad a las cárceles en vez de a las escuelas?".

Un grupo de activistas caminó más de 100 millas para protestar la construcción de una cárcel, uno de los projectos más caros en la historia del estado.

113 millas en 10 días

Fue el pasado 25 de mayo cuando el grupo de activistas dio inicio a la marcha con una movilización en Love Park en Filadelfia. 

Caminando hasta 20 millas por día, se abrieron paso y llevaron a cabo movilizaciones en Haverford, Norristown, Collegeville, Pottstown, Reading, Womelsdorf, Lebanon y Hershey. 

Luego de 113 millas y 10 días, llegaron el 3 de junio al capitolio de Harrisburg, e instaron a los legisladores del estado a rechazar la aprobación de los $68 millones de fondos adicionales que ha solicitado el PDC, y a poner un alto a la expansión de la cárcel en Graterford. 

Además de contar con el apoyo de unas 30 organizaciones, Decarecerate PA cuenta con el apoyo de la concejal Kenyatta Johnson y la representante estatal Vanessa Lowery Brown.

"Esta marcha envía un mensaje claro a mis colegas en Harrisburg, que es tiempo de que el crecimiento desenfrenado de prisiones llegue a su fin", dijo Brown. "Necesitamos poner nuestro dinero en la creación de oportunidades educacionales", agregó.

Por su parte, el representante estatal Ángel Cruz, dijo que "la prioridad debería ser la educación, porque sin educación nuestros jóvenes acaban en la cárcel. Si estamos cortos $304 millones, que se los den a la educación primero".

'Los centros de detención también forman parte de las cárceles'

A su paso por el estado, los manifestantes participaron en diferentes eventos dentro de las comunidades a las que llegaron.

En Norristown, se reunieron el 26 de mayo con miembros de DreamActivst PA y participaron en una movilización en la que mostraron su oposición a la detención, deportación y criminalización de inmigrantes indocumentados, que también contribuye a la población en las cárceles que suelen servir de centros de detención.

"Rechazamos la creación de nuevas prisiones y de políticas que ponen detrás de las rejas a la gente de nuestra comunidad sin importar su estatus migratorio, ya sean ciudadanos, residentes, o inmigrantes indocumentados", dijo Ana Martina, miembro de Decarcerate PA, quien trabaja con comunidades inmigrantes en Norristown. "Los centros de detención también forman parte de las cárceles. En vez de invertir en las prisiones, el gobierno debería invertir en la educación y en asegurarse de que quienes no han cometido ningún delito, entre ellos los trabajadores inmigrantes, no sean detenidos".

Por otra parte, denunció que a su juicio, tanto las políticas de encarcelamiento como los recortes a la educación, afectan de manera desproporcionada a las minorías.

"La política del sistema de justicia afecta en su mayoría a la gente de color, latinos y afroamericanos, así como a quienes tienen menos recursos", dijo Martina.

Partieron de Filadelfia a pie, para llegar a Harrisburg después de 10 días de marcha.

'No tenemos que esperar a que nuestros jóvenes acaben en la cárcel'

Jondhi Harrell, de 58 años de edad, pasó 25 años en prisión federal, por robo de banco y portar armas, y ha estado libre desde el 2009.

Irónicamente, el aprendió el valor de la educación estando en la cárcel. Luego de que decidiera darle un giro a su vida, obtuvo un título de asociado mientras se encontraba todavía preso. Una vez en libertad obtuvo su 'bachelor', y actualmente se encuentra estudiando una maestría en la Universidad de Temple. 

Ahora es director de "Center for Returning Citizens", organización que trabaja en la reintegración de exconvictos a la sociedad.

"Pero no tenemos que esperar a que nuestros jóvenes acaben en la cárcel para darnos cuenta del poder de la educación", dijo Harrell. 

"Eso es algo que deberían de aprender desde pequeños en la escuela", finalizó.