El presidente del Tribunal Supremo de Pensilvania, Ronald D. Castille, anunció que se distribuirá un fondo de $4 millones que serán utilizados para brindar servicios legales a residentes de bajos recursos del estado de Pensilvania.

"Solamente uno de cada cinco residentes de bajos recursos y con graves problemas legales logran obtener asistencia legal. Mientras que la mitad de aquellos que solicitan ayuda legal son rechazados, mucho otros nunca la solicitan", declaró Castille. "Esto en parte porque las organizaciones legales solo pueden ayudar hasta cierto punto".

Los $4 millones fueron reunidos gracias a una nueva norma legal adoptada el primero de julio del 2012, que establece la distribución del dinero sobrante de demandas una vez que los demandantes, los honorarios de abogados y gastos han sido cubiertos.

La organización Interest on Lawyers Trust Account (IOLTA), encargada de aumentar el acceso de residentes de bajos recursos a cortes civiles, podrá recibir al menos el 50 por ciento de los fondos no reclamados provenientes de demandas civiles que han sido  resueltas.

Antes del cambio de normativa, la disposición de fondos residuales se dejaba a la discreción de algún juez de primera instancia.