La fiscal general de Nueva Jersey, Anne
Milgram, envió hoy cartas a los condados de Morristown, Hudson y
Monmouth, que tienen intención de poner en marcha el programa 287(g)
en las que les recuerda que deben cumplir con las políticas
adoptadas por ese estado en el tema migratorio.

Milgram dirigió las cartas Peter Demnitz, jefe de la Policía de
Morristown, a Kim Guadagno, jefe de alguaciles del condado de
Monmouth y a Oscar Avilés, director del Departamento de Corrección,
las tres agencias que solicitaron y fueron aceptadas por la Oficina
de Inmigración y Aduanas (ICE) para el programa 287(g).

Esta es una sección de la ley de inmigración vigente desde 1996,
que permite a los gobiernos locales recibir fondos federales para
entrenar a agentes para llevar a cabo funciones migratorias, como
verificar el estatus legal de los detenidos y entregarlos al ICE en
caso de que sean indocumentados.

Milgram advirtió a los directivos de cada agencia que los
acuerdos con ICE deben cumplir con las leyes del estado de Nueva
Jersey y las directrices de su oficina, adoptadas en 2007, sobre la
forma en que la puede lidiar con el tema de inmigración.

Las directrices prohíben preguntar el estatus migratorio a una
persona, excepto si ha sido arrestada por delito grave o por
conducir en estado de ebriedad y deja claro que ese tema es asunto
de las agencias federales.

En las cartas enviadas hoy, Milgram recuerda que la misión
principal de los agentes es con el cumplimiento de las leyes y
proteger a las comunidades a las que sirven, y no "con las leyes
migratorias".

De acuerdo con la fiscal, la comunidad teme que un oficial de la
policía -bajo el 287(g)- convierta cada encuentro con un ciudadano
en una investigación migratoria, lo que destruiría la relación de
cooperación que debe existir entre ambas partes y desanimaría a las
víctimas y testigos a denunciar incidentes, "un riesgo que no voy a
correr".

Advirtió además que los policías que participen de ese programa
sólo pueden preguntar el estatus migratorio de una persona si ha
sido arrestada por una seria violación a la ley, y debe hacerse sólo
bajo esa situación "no como parte de un encuentro en la calle".

Incluso advirtió a los oficiales de Corrección que la autoridad
que le otorga el programa se limita a sus funciones dentro del
centro de detención.

Además la fiscal recordó que arrestos con la intención de
provocar un interrogatorio migratorio está prohibido y que el
oficial o agencia que incurra en esa práctica está sujeto a severas
sanciones.

El pasado julio, la Alianza de Liderazgo Latino de Nueva Jersey
pidió al presidente Barack Obama que revocara la decisión de poner
en marcha el programa 287(g) en ese estado.

Según el presidente de la Alianza, Martín Pérez, la
administración Obama debe aprobar una moratoria que detenga la
aplicación del 287(g) en la nación así como las redadas y
deportaciones, en lo que se aprueba la reforma migratoria que
prometió.