El Center for American Progress, una organización liberal de investigación y defensa de políticas públicas con sede en Washington, D.C., está pidiendo protecciones legales y financieras para millones de trabajadores esenciales indocumentados.

El centro publicó un estudio la semana pasada señalando que los inmigrantes indocumentados constituyen el 3,2 por ciento de la población de los EE.UU., pero el 4,4 por ciento de la fuerza laboral del país y han sido vitales en la lucha contra la pandemia.

El estudio dice que "proporcionar un camino hacia el estatus legal para los estadounidenses indocumentados es una herramienta clave que la próxima administración y el Congreso deben utilizar mientras trabajan para luchar contra el coronavirus y reconstruir el país y su economía".

Según "La protección de los trabajadores indocumentados en las primeras líneas de la pandemia: Los inmigrantes son esenciales para la recuperación de Estados Unidos", el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha declarado a más de 5 millones de inmigrantes indocumentados trabajadores esenciales. Esto incluye a miles de trabajadores agrícolas, empleados de supermercados y otros que mantienen la cadena de suministro de alimentos de la nación funcionando, así como miles de enfermeras, asistentes de salud en el hogar y otros con trabajos similares.

Los funcionarios del centro discutieron el estudio durante un panel virtual la semana pasada. El ex Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Julián Castro, que se unió a la junta directiva del centro en octubre, dio el discurso de apertura pidiendo un enfoque para la reforma de la inmigración que demostrara "compasión" y "sentido común".

Castro señaló que "ya hemos pasado por esto antes" y que los intentos anteriores de proteger a los trabajadores indocumentados han fracasado. Aún así, esperaba que esta vez fuera diferente porque la pandemia había arrojado luz sobre el valioso trabajo que realizan los trabajadores indocumentados.

Tom Jawetz, vicepresidente de política de inmigración del centro, moderó el panel que también contó con la participación de Mary Kay Henry, presidenta internacional del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios; Guerline M. Jozef, presidenta de Haitian Bridge Alliance; Ai-jen Poo, cofundadora y directora ejecutiva de National Domestic Workers Alliance; y Vicente Reyes, soñador, trabajador agrícola y estudiante miembro de la Fundación UFW.

Jawetz y Reyes también testificaron el 23 de septiembre ante el Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre Inmigración y Ciudadanía, que celebró una audiencia sobre "Los inmigrantes como trabajadores esenciales durante COVID-19".

"Así como estas personas están haciendo un trabajo esencial ahora y hace mucho tiempo que lo hacen, sabemos que su trabajo será crítico en el futuro, tanto mientras continuamos lidiando con el coronavirus -por quién sabe cuánto tiempo- como mientras tomamos medidas para comenzar a reconstruir y fortalecer nuestra economía", dijo Jawetz.

el subcomité.

Una declaración durante la audiencia del congresista Ken Buck, un republicano de Windsor, que representa el 4º distrito del congreso de Colorado tenía un mensaje diferente:

"Quiero empezar reconociendo el importante papel que los inmigrantes y refugiados legales juegan en mi estado natal de Colorado y en todo el país", dijo Buck. "Estos individuos realizan trabajos difíciles que son esenciales para mantener la economía de nuestro estado en funcionamiento, incluyendo el servicio de sectores vitales como el cuidado de la salud, servicios de alimentos, la industria de la carne y en granjas y ranchos."

Continuó: "Creo que es importante que entendamos que mientras este país trata de recuperar su base económica después de esta terrible enfermedad tenemos muchos americanos sin trabajo, mucha gente que ha pasado su vida pagando impuestos y contribuyendo a nuestro país, que son el tejido de este país. Y mientras tenemos que reconocer a aquellos que están ilegalmente en este país o que están ayudando a combatir esta terrible enfermedad, y tengo un gran respeto por esas personas que están haciendo eso, también creo que tenemos que reconocer que los inmigrantes ilegales no tienen ningún papel, no deberían estar en este país. Y estamos cometiendo un grave error cuando no permitimos que los americanos ocupen los puestos de trabajo que ahora están siendo ocupados por inmigrantes ilegales."

California y Texas son el hogar de la mayor fuerza de trabajo indocumentada, con 1,4 millones y 1,2 millones de trabajadores indocumentados, respectivamente. El estudio del centro también enumeró ejemplos del impacto financiero de los trabajadores indocumentados:  Ellos "pagan 79.7 mil millones de dólares en contribuciones de impuestos federales y 41 mil millones de dólares en contribuciones de impuestos estatales y locales", y "son dueños de 1.6 millones de hogares, pagando 20.6 mil millones de dólares en pagos de hipotecas cada año, mientras que otros trabajadores indocumentados pagan 49.1 mil millones de dólares en pagos de alquiler anualmente".