Google vuelve a estar en la mira este lunes por su configuración de privacidad con respecto al uso de los datos de localización de las personas, ya que Washington D.C. lo ha demandado.

El fiscal general Karl Racine presentó la demanda afirmando que el gigante tecnológico supuestamente continúa en "patrones oscuros" de engañar a sus usuarios sobre la privacidad de la ubicación y el seguimiento.

La preocupación por la privacidad de Google existe desde 2014, donde Racine afirma que la compañía permite a los consumidores desactivar el seguimiento de la ubicación, pero siguen recogiendo y vendiendo datos personales para obtener beneficios. 

"En realidad, los consumidores que utilizan productos de Google como Gmail y el motor de búsqueda de Google y hardware como los teléfonos inteligentes Pixel y Nexus, no pueden evitar que Google recopile, almacene y se beneficie de su ubicación", escribió Racine.

La demanda de Washington D.C. contra Google hace referencia a una investigación de 2018 realizada por Associated Press que descubrió que Google "registraba los movimientos de los usuarios incluso cuando desactivaban el permiso de rastreo."

José Castañeda, portavoz de Google, dijo a Forbes que la demanda de Racine utiliza "reclamaciones inexactas y afirmaciones obsoletas" que, según la compañía, han cambiado desde el 2019.

Racine dijo que Google obtiene grandes ganancias financieras vendiendo datos de los consumidores a los anunciantes, creando un "mercado de publicidad digital multimillonario" para la compañía.

La demanda, además, afirma que Google supuestamente dificulta que los usuarios eviten por completo el seguimiento de la ubicación mediante el uso de "configuraciones confusas" y "empujones repetidos", lo que a su vez lleva a los usuarios a ceder más datos personales.

En octubre de 2020, Google se enfrentó a una demanda con varios fiscales generales estatales que alegaban violaciones antimonopolio contra la empresa tecnológica, ya que Facebook también estaba siendo demandada por sus prácticas de privacidad.

Google ya se enfrenta a demandas anunciadas por otros estados, como Texas, Washington e Indiana, por cuestiones de privacidad, y podría tener dos juicios programados para 2022.