La Unión Europea lo tiene claro: la lucha contra el cambio climático es una prioridad. Después de años en que la comunidad internacional se ha comprometido una y otra vez con el medio ambiente, el Viejo Continente es el primero en definir las políticas con las que convertir el objetivo de neutralidad política en una realidad. 

La medida más contundente es la que afecta a la industria del motor: en 2035 ya no podrán venderse vehículos que emitan dióxido de carbono. Es decir, ni gasolina, ni diésel, ni gas. Ni siquiera híbridos. Solo coches eléctricos. La industria europea lleva años preparándose para esta sentencia y compañías como Volkswagen ya han tomado la delantera con anuncios como el de la apertura de una fábrica de baterías para sus vehículos eléctricos en España. 

Eso no significa que solo puedan circular coches eléctricos a partir de 2035. Los vehículos de combustión podrán utilizarse, comprarse y venderse en el mercado de segunda mano. La UE apuesta por revolucionar las infraestructuras de repostaje con puestos de recarga de electricidad cada 60 kilómetros -unas 40 millas- en las carreteras principales. 

Además de las facilidades para los coches no contaminantes, la UE quiere dificultar el camino de los combustibles a través de la fiscalidad. Los impuestos a la gasolina o el diésel serán un 10% más altos que las tasas al repostaje eléctrico. Con ello espera que el mercado de segunda mano se renueve y en 2050 todos los turismos sean ya no contaminantes. 

El plan, llamado Fit for 55, incluye otras medidas. Las energías renovables deberán ser el 40% de la cuota de mercado en 2030 para cumplir con el Acuerdo de París. Para ello, se creará un fondo social de 72.000 millones de euros -85.000 millones de dólares- para paliar el encarecimiento de las emisiones de dióxido de carbono que puede afectar a millones de hogares. Se pretende así evitar el estallido de protestas como la de los chalecos amarillos en Francia porque la UE admite que el cambio supondrá grandes esfuerzos de la industria y la población en sus formas de consumir. 

El transporte y la vivienda deberán crear sus propios mercados de emisiones de CO2 con el objetivo de fijar precios que contribuyan a la reducción de la contaminación. El precio de la tonelada de CO2 es ahora de 50 euros. La UE espera que las empresas trasladen esos costes a los consumidores, pero también quiere convertirse en la referencia mundial de la lucha por el clima. 

Sin embago, el continente no puede librar la guerra solo porque es responsable de, únicamente, el 9% de las emisiones de contaminantes. La buena noticia es que se trata de un mercado de 450 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo comparado con la media mundial. 

Además, Bruselas quiere introducir un arancel climático de forma progresiva que penalice las importaciones desde aquellos países en los que la lucha contra el cambio climático no sea una prioridad. Si se mantuviera el panorama actual, China, Rusia, Turquía o Reino Unido serían los principales lugares afectados. La medida entraría en vigor a partir de 2026 y afectaría al principio solo al acero, el cemento, el aluminio, los frtilizantes o la electricidad. La UE muestra así al mundo que ya no hay marcha atrás y espera que el resto de economías mundiales se adapten al cambio.