De acuerdo con la nueva evidencia presentada por Human Rights Watch, HRW, cada vez es más crítica la situación de los presos políticos en Nicaragua, personas de distintos orígenes y profesiones que han sido detenidos arbitrariamente por el gobierno y a quienes, según el informe, mantienen incomunicados y en condiciones abusivas de detención.

Al parecer, ser un crítico del gobierno en Nicaragua se paga con cárcel o con desaparición forzada. Esto luego de la detención de al menos 36 críticos en lo que lleva de 2021, personas que fueron parte de procesos penales sin el debido proceso y sin ningún tipo de garantía, a quienes el Ministerio Público acusa de “lavado de dinero” y “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

“La velocidad con la cual el gobierno de Daniel Ortega ha llevado a cabo esta ola de detenciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre, sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas de detención, y acusándolos de delitos sin ninguna base ni debido proceso, revela que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”, denunció el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Human Rights Watch entrevista a las víctimas

Por medio de entrevistas telefónicas realizadas desde agosto con 19 personas, las cuales tenían información sobre 28 de los 36 casos, se ha tratado de esclarecer el paradero y situación de los privados de la libertad. En el reporte se habla de las denuncias hechas por familiares de los detenidos, quienes han tenido que esperar meses para visitarlos y han alertado sobre la alimentación insuficiente, aislamiento prolongado y varios interrogatorios, en algunos casos diarios, sin la presencia de ningún abogado. Vale la pena recordar que los confinamientos solitarios de más de 15 días son considerados como tortura y están prohibidos por el derecho penal internacional.

“El gobierno de Ortega debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas”, recalca Vivanco.

Detenciones ilegales

El informe señala que entre el 28 de mayo y el 6 de septiembre el gobierno del presidente Daniel Ortega ha implementado una estrategia de detenciones sistemáticas para poder facilitar su reelección a un cuarto mandato consecutivo en noviembre.

Dentro de los arrestados se encuentran 7 candidatos presidenciales, de partidos de oposición, y 29 críticos abiertos del gobierno, entre ellos políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, líderes comunitarios, entre otros. 4 de ellos están bajo detención domiciliaria y 32 de ellos han sido recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, donde en el pasado se han denunciado torturas a críticos de Ortega.

“Pedir intervenciones militares”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, así como “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, son los supuestos cargos con los que el gobierno nicaragüense ha intentado justificar estos abusos de autoridad y atentados contra la democracia.

Reformas legales

Gracias a una reforma del Código Procesal Penal, los fiscales en Nicaragua están habilitados para detener a los civiles durante 90 días sin necesidad de presentar una acusación, lo cual ha sido utilizado por las autoridades para justificar sus detenciones arbitrarias. 

El cargo por el cual muchos críticos han sido procesados durante las audiencias públicas es el de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, gracias al cual el gobierno le ha impedido a los acusados contar con la posibilidad de tener un abogado durante el proceso y les ha negado a los defensores el acceso a los documentos judiciales. 

Según HRW, al examinar las acusaciones, “los fiscales generalmente no identificaron acciones que sustentaran los cargos contra los acusados. Los actos señalados frecuentemente eran comportamientos protegidos por los estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión y no deberían ser criminalizados”. 

Asimismo, en los documentos consultados, “los fiscales justificaban cargos graves de menoscabo a la integridad nacional de Nicaragua apoyándose exclusivamente en señalamientos de que los acusados habían dado entrevistas a medios de comunicación, compartido mensajes de WhatsApp, participado en reuniones o firmado cartas en las cuales expresaban su apoyo a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses, pedían elecciones libres o exigían la condena internacional de los abusos que comete el gobierno”. 

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, más de un centenar de personas, críticas del gobierno, han sido detenidas y permanecen en condiciones abusivas de detención, algunos de ellos con enfermedades crónicas a las cuales el gobierno no les presta atención.

Sin debido proceso

Según el informe de HRW, en la mayoría de los casos analizados a los detenidos se les negó el derecho de reunirse con el abogado de su elección, al tiempo que las decisiones de sus casos fueron tomadas a puerta cerrada, algo que va en contra del derecho nicaragüense.

“Hasta el 30 de agosto, las autoridades mantuvieron incomunicados a la mayoría de los detenidos, sin visitas familiares ni posibilidad de reunirse con sus abogados, violando lo establecido en la Constitución y el Código Procesal Penal de Nicaragua. Los detenidos estuvieron incomunicados entre 8 y 92 días. A pesar de los múltiples recursos presentados por las defensas, las autoridades no divulgaron información sobre el paradero o las condiciones de detención de la mayoría de esas personas”, finaliza el informe.

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