“¿Es normal que las madres peguen a sus hijos?”. La maestra Jennifer García abrió mucho los ojos cuando su alumno Gabriel Fernández, de apenas 8 años de edad, le formuló la pregunta. Ella quiso saber a qué se refería. Si es normal que te golpeen con la hebilla del cinturón, dijo. Si es normal que sangres. 

Gabriel acababa de llegar a la nueva escuela y para una maestra experta no hizo falta demasiado para deducir que las cosas no andaban bien en su casa. Telefoneó dando parte a Protección de Menores del condado de Los Ángeles y el caso terminó en manos de una trabajadora social, que jamás metió la nariz en aquel hogar disfuncional del que el niño formaba parte, o si lo hizo fue de pasada, con los ojos cerrados a la tragedia que se cocía en aquella familia. 

Así lo reportaba el periodista de The Atlantic Garrett Therolf en una investigación que llevó a cabo en 2018. Ocurrió tarde, como siempre sucede todo. El niño llevaba muerto desde mayo de 2013. Su madre Pearl Fernández y el novio de ésta se encargaron de asesinarlo después de una larga tortura. 

En “Los juicios de Gabriel Fernández”, el documentalista Brian Knappenberger toma como punto de partida las indagaciones de Therolf y recoge testimonios de quienes se vieron envueltos en este escalofriante caso que congeló la sangre a la ciudadanía de Los Ángeles para examinar la manera en que Estados Unidos afronta los abusos infantiles y evita que se produzcan, poniendo de manifiesto las grietas de un sistema que debe proteger a los más vulnerables pero fracasa estrepitosamente.

“Nadie escuchó a Gabriel cuando estaba vivo”, le dice el director a TIME. "Mucha gente le falló, y hay muchas razones por las que esto sucedió. Pero cuando llegas al final, se trata de cómo se debe tratar a los niños". O mejor dicho, ¿por qué no se intervino para salvarlo?

Los hechos, que repasa esta docuserie estrenada a finales del mes de febrero en Netflix y acabaron con una condena a muerte de la madre y la pareja de esta, son tan desconcertantes como duros y nos obligan a enfrentarnos a la responsabilidad que todos tenemos en responsabilizarnos de la tragedia ajena. 

Nada se dispara de la noche a la mañana, todo tiene un proceso. Gabriel había sido un niño feliz mientras vivía con un tío, al menos eso apuntan los testimonios, pero cuando su madre Pearl recuperó la custodia y se mudó con ella, su pareja, Isauro Aguirre y sus dos hermanos a Palmdate, al norte de Los Ángeles, su rictus copió los mismos gestos de dolor de los otros dos niños cuyo bienestar preocupaba a los familiares. 

En el documental se citan a menudo los registros del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) que muestran que la trabajadora social encargada del caso jamás recibió información sobre un historia de abusos anteriores de Pearl Fernández y que una vez recibieron la llamada de la profesora estuvieron en la casa en numerosas ocasiones tanto ella como otros tres profesionales sin reportar que existieran “anomalías” ni rastro de abusos que requirieran algo tan radical como una denegación de custodia. 

No obstante, en el tiempo que Gabriel estuvo asistiendo a la escuela, los moratones, labios partidos  y mechones de cabello arrancado crecían, e igualmente las preguntas. Hasta el fatídico 22 de mayo en que la madre telefoneó al 911 para dar parte de la muerte de su hijo menor, al que los paramédicos encontraron con costillas rotas, perdigones en el cuerpo y el cráneo fracturado. 

Los hermanos declararían en el juicio que habían sido testigos de las vejaciones que sufría Gabriel, de cómo los maltrataban y lo llamaban “gay” por jugar con muñecas o le encerraban en el armario y le obligaban a comer comida para gatos. 

La fiscalía acusó más tarde a la trabajadora Stefanie Rodríguez y a tres compañeros más de falsificación de registros públicos y abusos infantiles y ella se excusó diciendo que tenía casos tanto o más graves que el de Gabriel Fernández y sus hermanos. Que estaban desbordados.

Para Knappenberger, la historia tomó forma el día que recibió permiso para acudir a los juicios y escuchó los testimonios de abusos. “Fue desgarrador” -dijo a Time-. “Uno se da cuenta de la cantidad de dolor que hay ahí fuera”.

La serie documental no intenta aprovecharse, según el cineasta, del fenómeno de los true crimes para seguir explotando la violencia y el dolor de las víctimas como un entretenimiento morboso, sino amplificar y analizar “los problemas sistémicos” y de qué forma se combate en Estados Unidos la violencia contra los menores. Un sistema, señala, que a menudo falla debido a su falta de transparencia. 

Durante los juicios, más allá de la condena a muerte de Pearl Fernández y su pareja, los trabajadores sociales fueron tratados como corresponsables de la tragedia y de haber minimizado las pruebas. “Recibieron mucha atención. Hasta cierto punto justificada -dice Knappenberger-. Pero ese no es el final de la historia. Había claros problemas con el sistema”.

De acuerdo al último informe sobre maltrato infantil de la Administración para NIños y Familias (ACF) del HHS ha habido una disminución de los casos de abusos a menores en los últimos años - en 2017, unos 3,5 millones de niños fueron objeto de investigación, 674.000 casos menos que el año anterior-. 

Si bien la cifra sigue siendo muy elevada y a ello hay que sumarle que cada estado tiene una definición propia de lo que es un abuso y cómo debe obrarse, además de un presupuesto destinado a tal efecto, que resulta muchas veces tan insuficiente que deben entrar en juego contratistas y empresas externas para proporcionar los servicios que el gobierno no puede ofertar.

¿Estamos desamparados? ¿Cómo protegemos a los más vulnerables? Ante la negligencia y la falta de recursos públicos se impone otra fuerza, la de la resistencia y el cuidado ciudadano.

Si cree que algún niño en su vecindario está sufriendo abusos, póngase en contacto con Childhelp AQUÍ.